El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, condenó este miércoles 14 de junio al empresario Gustavo Alejos Cámbara y a cuatro personas más, quienes se acogieron a la figura de aceptación de cargos por los delitos imputados en un caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Se trata de una red que implicó a proveedores, funcionarios y operadores, acusados de manipular procesos de licitación y compras a favor de determinadas empresas, tanto de servicios como de medicamentos, con el respectivo cobro de comisiones. El Ministerio Público (MP) y la extinta CICIG la denominaron “Negociantes de la salud”.
CREARON NECESIDADES
La jueza presidenta Patricia Veras indicó que los sindicados integraron una organización ilícita que operó a partir de 2013 al 2015, tiempo en el que por medio de una jerarquía de funciones “cometieron delitos en el sector de la salud pública con el fin de obtener beneficios del sector salud”.
Durante la audiencia del pasado 24 de mayo, el empresario Alejandro Enrique Toledo Paz al momento de aceptar la culpa declaró: “Creamos necesidades para vender medicinas”, extremo que este día acreditó el Tribunal dentro de la carpeta judicial.
La jueza vocal Mirian García dijo que existió una sucesión de relaciones entre operadores, funcionarios y proveedores que concluyeron con la “concreción de compras de productos y de servicios que beneficiaban a empresarios a través del pago de diferentes prebendas a todos los implicados en la cadena”.
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LAS CONDENAS
Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario de la presidencia y empresario, fue condenado a ocho años y ocho meses de prisión conmutables por los delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo, tras aceptar culpas. Además, se le impuso una multa de Q33 mil 333.
Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo ocho años y ocho meses de prisión y una multa de Q33 mil 333.
Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, fue condenado por el delito de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo a ocho años y ocho meses de prisión conmutables y se le impuso la multa de Q33 mil 333.
José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa, fue hallado culpable por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias y condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por los ilícitos cometidos.
César Estuardo Hernández Monroy, exmédico del IGSS, señalado de asociación ilícita y cohecho activo obtuvo una pena de siete años y cuatro meses de prisión conmutables.
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SOBRE LA ACEPTACIÓN DE CARGOS
La figura de aceptación de cargos beneficia a los condenados con la reducción de las penas en una tercera parte y, además, otorga que las penas sean conmutables, es decir se pueda pagar un monto por día a cambio de salir de prisión.
De esa cuenta, el referido Tribunal impuso conmutas diarias de Q30 por cada uno de los delitos por los que se declararon culpables. Además, a todos los condenados se les inhabilitó para optar a cargos públicos durante cinco años.
El CASO
Alejos fue acusado por el Ministerio Público (MP) de dirigir una red de corrupción de proveedores de medicinas que junto a funcionarios y particulares ajustaban compras en el IGSS. El exsecretario de la Presidencia de Álvaro Colom, es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura.
Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Alejos, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, son los principales responsables.
“Se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones”, según el MP.
