La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó a Aldea Global, S.A. (elPeriódico) las publicaciones realizadas por seis periodistas, dos columnistas y las del presidente de este extinto medio de comunicación, José Rubén Zamora, luego que el juez Décimo Penal, Jimi Bremer ordenara la investigación por supuesta obstrucción a la justicia.
Según una carta con fecha 31 de mayo, la agencia 8 de la FECI solicitó a la gerente general de Aldea Global “su colaboración” para que remita información certificada de todas las publicaciones realizadas en elPeriódico desde el 22 de julio de 2022 hasta dicha fecha o hasta su última publicación.
Según detalla la solicitud, elPeriódico deberá remitir las publicaciones de los siguientes periodistas y columnistas:
Gerson Allende Ortiz
Julia Catalina Corado Flores
Christian Franquel Velix García
Jerlin Alexander Valdez
Rony Andrés Ríos García
Denis Obdulio Aguilar González
Edgar Eduardo Gutiérrez Girón
Gonzalo Marroquín Godoy
La misiva firmada por el auxiliar fiscal Allan Javier Tánchez Castañeda agrega que la información deberá ser enviada a la sede de la fiscalía en un plazo de 3 días o coordinando su entrega.
En esta línea, el titular de la FECI, Rafael Curruchiche confirmó la solicitud y aseguró que desconoce cómo se pudo haber filtrado en redes sociales. Además, La Hora preguntó al fiscal sobre la razón por la cual no se consultó la información en la hemeroteca o se designó una fiscalía para realizar la tarea, a lo que indicó que la información es complementaria y no puede ahondar en detalles.
ABREN INVESTIGACIÓN CONTRA PERIODISTAS
El pasado 28 de febrero, el juez Bremer ordenó la investigación contra dos columnistas de elPeriódico, la directora del medio, el exjefe de redacción y un grupo de periodistas que laboraron en el medio de comunicación, a solicitud de la fiscal de la FECI, Cinthia Monterroso.
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Durante la audiencia contra José Rubén Zamora, Monterroso explicó la obstrucción de justicia se da cuando se acciona a algún miembro del Organismo Judicial (OJ), entre jueces y magistrados, así como a fiscales, agentes policiales, y testigos, y que el artículo 35 de la Constitución en ninguna parte exige a los periodistas obstaculizar un proceso penal.
“Muy distinto es criticar a un funcionario público en el ejercicio de su cargo, que a un funcionario de la administración de justicia, un testigo”, explicó Monterroso.
De esta cuenta, sostuvo que Zamora montó una campaña de desprestigio por medio de publicación en elPeriódico, con la colaboración de los trabajadores del medio de comunicación y en contubernio desinformaron y generaron odio hacia el ente investigador.
Por ello, el togado decidió que se debía certificar lo conducente, es decir investigar a los periodistas, si “se está afectando maliciosamente a fiscales, operadores de justicia, jueces, magistrados o diputados, o cualquier otra persona que pueda ser sujeto procesal de una causa, que se investigue”.
APG: HAY UNA TERQUEDAD DEL MP EN ACUSAR A LA PRENSA
Respecto al tema, Byron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) indicó que les sorprendió la nueva solicitud realizada por el Ministerio Público (MP), ya que el medio de comunicación cerró, por lo cual no está activo.
“Entonces nos sorprende que el MP haya activado estas investigaciones contra los periodistas, a nosotros ya nos causa sorpresa y preocupación porque de nuevo nos damos cuenta que hay una terquedad del MP en acusar a la prensa”, sostuvo.
De acuerdo con Barrera, el ente investigador no se conforma con capturar a Zamora y cerrar elPeriódico, lo cual recalcó que ya es preocupante, pues causa mayor presión hacia las entidades de prensa nacionales e internacionales para tomar otro tipo de acciones.
Según el periodista, la APG organizará una reunión con la fiscal general, Consuelo Porras, para externarle su preocupación sobre el tema. Barrera explicó anteriormente que se llegó a un acuerdo con la jefa del MP para tener una reunión para hacer una evaluación de los casos en que se viera afectada la libertad de prensa.
Por ello, indicó que la solicitud del MP es motivo para pedir a Porras una reunión para discutir la problemática.
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APG TENDRÁ ASAMBLEA
Asimismo, Barrera detalló que la APG convocó a Asamblea General Extraordinaria para el miércoles en donde se discutirá el tipo de acciones que puedan realizar los periodistas para oponerse a este tipo de hostigamientos del MP.
Según el comunicador, le exigirán de nuevo a la fiscalía que cese el hostigamiento contra la prensa, ya que no se justifica, puesto a que los periodistas de elPeriódico ya no están ejerciendo su función y han salido del medio, por lo cual es un poco “inexplicable” la solicitud del ente investigador, a criterio de Barrera.
Barrera también enfatizó en que el MP debió realizar la solicitud por medio de una orden de juez, ya que así lo establece el artículo 245 del Código Procesal Penal, debido a que elPeriódico es una empresa privada.
SANDOVAL: AUTORITARISMO
Asimismo, el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval calificó la solicitud del ente investigador como un “autoritarismo contra la libertad de prensa”, ya que la petición no cumple con los requisitos de forma del artículo 245 del Código Procesal Penal.
Sandoval también apuntó que por ser un ente privado, se debió pedir una autorización judicial, según el artículo 319 del Código Procesal Penal, además, subrayó que se atreven a “emplazar”, aún sin haber cumplido con los requisitos de la ley.
BERGANZA SEÑALA QUE PETICIÓN SE DEBIÓ HACER CON ORDEN DE JUEZ
De la misma forma, Gustavo Berganza, de la Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales, destacó que para hacer este tipo de peticiones se deben hacer por medio de una orden de juez.
A su vez, recalcó que las publicaciones realizadas por los periodistas están protegidas por el artículo 35 de la Constitución, por lo cual no pueden ser utilizadas en contra de los comunicadores.
“Eso es lo básico, el artículo 35, garantiza la libertad de expresión de pensamiento. Si no están de acuerdo con eso, lo que tienen que hacer es utilizar la Ley de Emisión de Pensamiento y si hay o no delito, pues ya dirá un jurado de imprenta”, concretó.