El titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Sergio Mena, decidió, este jueves 27 de abril, ligar a proceso a los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez por los delitos de patrocinio infiel y obstaculización a la acción penal por la supuesta presentación de documentación falsa para favorecer al presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora.
A su vez, el juez Mena decidió que Alejandro Girón Lainfiesta y Orlando Alejandro Álvarez Zamora deberán enfrentar un proceso por el delito de obstaculización a la acción penal, pero ambos decidieron someterse a la Ley de Aceptación de Cargos, por lo que el juez emitió una sentencia condenatoria contra Girón a 1 año y 6 meses de prisión conmutables a razón de Q5 diarios, y Álvarez a 1 año de prisión conmutables a Q5 diarios.
Mena impuso el pago de Q25 mil a cada uno, en concepto de reparación digna por el agravio causado al Estado. El dinero será repartido a cuatro instituciones benéficas, dos por cada condenado.
De la misma forma, el fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Leonor Morales, solicitó al togado no otorgar la medida sustitutiva de prisión domiciliaria a los abogados, y que sean enviados a un centro carcelario distinto a Mariscal Zavala, con el fin de que los sindicados no puedan mantener comunicación con Zamora.
La fiscal Leonor Morales solicita al juez que no se le otorgue arresto domiciliario a Solórzano Foppa y Brito Torrez.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 28, 2023
De esta cuenta, el juzgador decidió que Foppa y Brito deben guardar prisión en el Centro Preventivo para Hombres del cuartel Mariscal Zavala.
TRES VERSIONES DE LOS HECHOS
Durante la argumentación, el juez Mena detalló que Orlando Alejandro Álvarez Zamora expresó en su declaración que su jefe, Alejandro Girón Lainfiesta, le daba instrucciones de cuantos cheques, así como los montos que tenía que cobrar.
“También indica dentro de su declaración que efectivamente, él firmó un contrato de promesa de compraventa de la obra de arte con el señor José Rubén Zamora Marroquín con instrucciones también de su jefe Alejandro Girón Lainfiesta, que es el representante de la empresa para la cual labora y además es el representante legal, razón por la cual comparece en el contrato de compraventa, en representación de White Cloud Group S.A.”, agregó el juzgador.
Sin embargo, el juez Mena expresó que pudo o no existir el contrato de compraventa, pero cuestionó la razón por la cual, en un principio desde que fue detenido Zamora no fue presentado el documento y no se le indicó a la fiscalía que el dinero provenía del contrato, se detalló también quienes comparecieron y se presentó la obra.
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A criterio del juzgado se dieron tres versiones distintas, ya que se expresó que el dinero provenía de un préstamo, luego que fue donado por empresarios “honorables y destacados” que lo tomaron de la banca nacional, y la última versión es la que se dio cuando Solórzano Foppa y Brito ejercieron la defensa, cuando se dijo que provenía de una compraventa de una obra de arte.
Además, de acuerdo al juez Séptimo, Brito tenía conocimiento de que se presentó documentación a la Fiscalía, la cual no correspondía a la realidad, con la intención de que el juez Freddy Orellana pudiera fallar a favor de Zamora.
FOPPA: NO SE INTRODUJO NINGÚN DOCUMENTO FALSO
Durante la audiencia de primera declaración, Solórzano Foppa expuso que actuó bajo estricto cumplimiento de la ley y no introdujo ningún documento falso, ya que los documentos de compraventa son legales.
En ese sentido, también señaló que en ningún momento se reunió con Juan Carlos Marroquín Godoy, puesto que únicamente se contactó para que el abogado pudiera realizar la defensa de Zamora.
A su vez, sostuvo que no conocía a Girón Lainfiesta y a Álvarez Zamora. “Al señor Brito Torrez sí lo conozco, porque él trabaja en mi bufete de abogados. Él es de mi entera confianza, todos los días nos veíamos (…) el trasfondo del caso es criminalizar la defensa técnica de los que defendimos legalmente a Zamora”, expuso.
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EL CASO
La Fiscalía sostiene que los cuatro sindicados se concertaron para realizar y presentar ante la justicia un “documento falso” en el caso “Chantaje, impunidad y lavado de dinero”, en el cual es vinculado Zamora.
Con ello, buscaban que se diera apariencia de legalidad a los Q300 mil, que fueron incautados a Zamora y por los cuales la FECI acusó al periodista de lavado de dinero.
ESCUCHADO EN JUZGADO DE TURNO
Mientras se conocía la decisión del juez, Juan Carlos Marroquín Godoy evacuaba su audiencia de primera declaración en un juzgado de turno, donde se le daban a conocer los motivos de su detención, la cual ocurría a puerta cerrada.
