Juan Abner Fonseca Galicia, ex gerente de negocios bancario, implicado en el caso Cooptación del Estado, decidió aceptar su culpabilidad y se acogió a la Ley de Aceptación de Cargos, para ser condenado de forma inmediata. Fonseca Galicia se convirtió en el primer condenado dentro de la referida carpeta judicial.
Durante la audiencia, Fonseca aceptó gestionar dos sobregiros a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti por un total de Q10 millones, monto que fue transferido a empresas utilizadas como fachada para lavar dinero. El ahora condenado aseguró que lo realizó por órdenes de su jefe inmediato.
De esa cuenta, la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, cambió el delito de conspiración de lavado de dinero por el de “encubrimiento propio” y procedió a dictar sentencia de seis meses de prisión conmutables debido a la reducción de las penas.
Además, impuso una multa de Q22 mil y debe pagar Q100 mil en agravio al Estado de Guatemala y Q100 mil a la entidad bancaria BANRURAL en daño de lo cometido desde su cargo de gerente de negocios.
“BALDETTI SOLICITÓ UN SOBREGIRO DE Q10 MILLONES”
Previo a ser condenado, Fonseca se sometió a declarar cómo consumó el delito de encubrimiento propio, esto como parte del procedimiento de aceptación de cargos, en donde aseguró que él actuó bajo las órdenes del expresidente del referido banco, Adolfo Fernando Peña Pérez.
El exbanquero declaró que Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti, se presentó a la entidad bancaria y solicitó un primer sobregiro de Q5 millones a favor de la exvicemandataria en 2012.
Los sobregiros corresponden a todos aquellos giros efectuados en una cuenta bancaria sin que existan fondos disponibles en la misma para poder otorgar el monto a un cuentahabiente.
“A finales de enero de 2013 llega Juan Carlos Monzón y me dijo que ya había pagado el primer sobregiro de Q5 millones”, indicó Fonseca y refirió que procedió a realizar una llamada con la gerencia de cartera que los Q5 millones habían sido efectuados, pero existía un aproximado de Q38 mil de intereses a lo que se opuso pagar el exsecretario de Baldetti.
Al día siguiente, Monzón regresó y le dijo que la cuenta estaba a cero, por lo cual Fonseca volvió a consultar con una llamada en la cual le dijeron. “En efecto, el Lic. Samuel de la Cruz (ex gerente general de dicho banco) le condonó los intereses”, declaró.
Pasados dos años, en 2015, cuando Baldetti ya había sido capturada por el caso La Línea, el entonces presidente del banco, Peña Pérez junto a Edin Hernández, cofundador de Asodefir, llamaron a Fonseca a su despacho y le preguntaron: “¿El segundo sobregiro ya está cancelado?, yo le referí que eso no lo sabía, puesto que ellos habían sido quienes lo autorizaron”.
De esa cuenta, explica que consultaron a cartera y afirmaron lo temido, Baldetti aún no había pagado. “Se les puso la cara larga, pálida. El señor Edin Barrientos sacó su chequera y pagó Q5 millones inmediatamente”, contó Fonseca.
Además, explicó que con dicho dinero Baldetti habría mostrado interés en comprar el desaparecido diario de Siglo Veintiuno. “En ese tiempo ese periódico estaba en decadencia, lo estaban vendiendo. Recordemos que el señor Otto Pérez y de La Cruz les condona un montón de impuestos”, señaló.
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EL CASO COOPTACIÓN DEL ESTADO
Según investigaciones, el Partido Patriota (PP) habría negociado al menos 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades del Estado, y por lo que habrían recibido por lo menos, Q500 millones en sobornos.
Esta supuesta organización criminal se habría formado en 2007 y sus operaciones duraron hasta el 2015. En sus inicios sirvió para recibir y lavar dinero que fue utilizado para financiar las campañas electorales del PP.
Generalmente, estas empresas recibían dinero de financistas que no querían figurar, extendían facturas por la prestación de servicios ficticios y de esta manera se agenciaban de fondos para la campaña electoral.
La estructura que ayudó a capitalizar al PP, lejos de desaparecer cuando llegaron al poder, se fortaleció y cooptó algunas instituciones del Estado.
Esto se logró al pedir sobornos o “comisiones” a empresas a cambio de ser beneficiadas con contratos del Estado. Además, se pudo establecer que “los operadores priorizaban las comisiones y las cobraban. Por lo menos era el 10 por ciento para tramitar los contratos”.
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