Medios de comunicación guatemaltecos se han pronunciado en contra de la reciente resolución judicial con la cual se ordenó al Ministerio Público (MP) abrir una investigación en contra de columnistas y periodistas de elPeriódico.
A criterio de los medios, las publicaciones de periodistas y columnistas están amparadas por el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la Ley de Emisión del Pensamiento, de carácter constitucional, que establece que no se considera delito o falta lo que cualquier ciudadano diga contra funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus cargos, con base en su derecho a la libre expresión.
LA HORA: ES EVIDENTE EL ATAQUE A LA LIBRE EXPRESIÓN
Esta Redacción, en su editorial, consignó que obstruir la justicia es un delito tipificado en el Código Penal y se comete cuando alguien intenta amenazar a los juzgadores o actores procesales con el fin de influir en su comportamiento u obstruir el cumplimiento de sus funciones, pero no tiene que ver con las publicaciones o comentarios que cualquier ciudadano haga con base en su derecho a la libre expresión, en ejercicio del artículo 35 de la Carta Magna.
A la fiscal le puede haber caído muy mal lo que se dijo de ella, pero la Constitución establece cuál es el procedimiento, pues criticarla a ella o a un juez por actos en el ejercicio de sus cargos, jamás será un crimen. #EditorialLH https://t.co/FblcTmrMKR
— Diario La Hora (@lahoragt) March 2, 2023
“Es un evidente ataque a la libre expresión porque descaradamente busca que no se haga ninguna crítica al proceder de los investigadores, testigos o juzgadores en un caso penal. La Constitución no hace distingos entre los funcionarios sujetos a crítica y tampoco lo hace la Ley de Emisión del Pensamiento que, por tener rango constitucional, está igual que la Carta Magna, encima de una ley ordinaria como es el Código Penal”, señaló esta Redacción.
Asimismo, se indicó que decir que el sistema judicial está cooptado no es obstruir la justicia.
“Al contrario, señalarlo es un esfuerzo por asegurar la verdadera justicia en el país, que no puede estar en manos de magistrados que han prorrogado sus funciones hasta casi duplicar su período en evidente contubernio con un Congreso al que le interesa, a ese sí, obstruir la justicia en el país”.
También, La Hora publicó en su portada del pasado miércoles 1 de marzo la nota: “MP y juez atentan contra la libertad de expresión en Guatemala”, en la cual se consigna como a principio de la pesquisa en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador y presidente de elPeriódico, el Ministerio Público afirmó que lo investigaba en su calidad de empresario.
Sin embargo, con el paso de los meses y las publicaciones de ese medio respecto al caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) requirió al juez décimo penal, Jimi Brener, certificar lo conducente contra varios columnistas y periodistas que ejercieron su trabajo.
El MP señala al grupo de periodistas y columnistas de ser parte de un “andamiaje de desinformación” desde el referido medio. Los comunicadores han publicado sobre la criminalización y persecución política de la cual Zamora es víctima, piezas periodísticas que Monterroso rechaza y tacha “de mentiras”.
Este paso que ha dado el #MP, con el inicio de investigaciones contra periodistas, es un evidente ataque a la #LibertadDeExpresion#EditorialLH https://t.co/qylrtFrpxU
— Diario La Hora (@lahoragt) March 1, 2023
PRENSA LIBRE: LIBERTAD DE PENSAR Y EXPRESARSE NO PUEDE NI DEBE SER LIMITADA
Por medio de su editorial, Prensa Libre aseguró que la prensa independiente, que pone el ojo público en alianzas o pactos indebidos, que revela el despropósito, inacción o contradicciones entre la función y el actuar de empleados públicos o altos cargos gubernamentales, siempre ha sido, es y será molesta para aquellos que quieren mantener escondido y lejos del conocimiento de los ciudadanos su actuar.
“La labor del periodismo inquisitivo y, más importante aún, la libertad de pensar y expresarse de cualquier ciudadano no puede ni debe ser limitada por percepciones, incomodidades o señalamientos de una camarilla de turno en puestos de poder, porque denotan falta de conocimiento de la preeminencia del derecho de libre expresión, consagrado en el caso de Guatemala desde el artículo 35 de la Constitución Política de la República”, aseguró el referido medio.
Además, indicó que, de lo contrario, sería masiva la criminalización de personas que efectúan cuestionamientos a los estamentos del Estado, y sería en un régimen de censura y terror como el de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.
Agregó que según el artículo 35 constitucional, estipula: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
“Los razonamientos esgrimidos por la fiscal en el juzgado, como ‘generar odio en la opinión pública’, para luego apelar a una conveniente conmiseración con las víctimas del periodismo, no constituyen argumentos jurídicos, sino de una opinión más amparada por la misma libertad de expresión a la que ataca. Como tal, no debió ser avalada por el juez”, señaló.
Asimismo, aseguró que toda decisión a este nivel es apelable, y esta, en especial, debe ser corregida por una Sala de Apelaciones competente, no en favor de Zamora, sino del derecho de libre expresión, petición y defensa de cualquier ciudadano guatemalteco.
Esta es la postura de la #PDH sobre la investigación contra periodistas. 👇#LaHoraDeActualizarnos https://t.co/G0u9XjSsVW
— Diario La Hora (@lahoragt) March 2, 2023
SOY502: PERSEGUIR A PERIODISTAS ES UNA AMENAZA A LOS DERECHOS Y LIBERTADES
El medio SOY502 señaló por medio de un comunicado que ninguna autoridad puede violar el artículo 35 de la Constitución, el cual establece que: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”
Así como el artículo 35 de la Ley de Emisión del Pensamiento que indica que “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”
De esa cuenta, aseguró que ningún funcionario está por encima de la ley “todos pueden ser objeto de denuncias, críticas y señalamientos”, agregó.
Por lo anterior, se exigió respeto a la libertad de expresión y a la libertad de informar. “Perseguir a periodistas, columnistas y medios de comunicación por su trabajo es una amenaza a los derechos y libertades de todos los guatemaltecos”, enfatizó.
APG CONDENA RESOLUCIÓN DE JUEZ
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó la decisión de Brener y enfatizó que esta acción no tiene precedentes.
“La APG rechaza el contubernio existente entre el MP y algunos jueces, para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa”, indicó la entidad gremial en un comunicado de prensa.
🗞️📰El vicepresidente de la #APG, comentó que hay una persecución contra los periodistas críticos al sistema. Conoce más detalles aquí:
⬇️#LibertadDeExpresion https://t.co/fx3hRhgELV— Diario La Hora (@lahoragt) March 1, 2023
En su postura, la APG señala que las acciones de la Fiscalía y de algunos jueces recae en el delito de prevaricato, el cual “sanciona con prisión de dos a seis años a los responsables de emitir resoluciones contrarias a la ley”. Además, menciona que la decisión de la fiscal viola el artículo 35 de la Constitución.
De la misma manera, convocó a todas las entidades de prensa a una reunión para tomar acciones en defensa de la libertad de prensa y evitar la criminalización de periodistas, así como de los columnistas de opinión.
MP INVESTIGARÁ A PERIODISTAS
El 28 de febrero pasado, la fiscal Monterroso, a cargo de los dos procesos penales en contra del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, pidió al juez Brener considerar una nueva pesquisa contra dos columnistas y varios reporteros de ese medio por “obstrucción de justicia”.
Según la FECI, los señalados pertenecen a un “andamiaje de desinformación”.
El juez aceptó y certificó lo conducente en contra de los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín Godoy, y los periodistas Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Vélix, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar.
