Durante la audiencia en la que ligaron a proceso a José Rubén Zamora, fundador y director del medio elPeriódico, por un segundo caso que se sigue en su contra; el juez Décimo B, Jimi Bremer, ordenó que el Ministerio Público (MP) investigue a dos columnistas y un grupo de periodistas por la posible comisión del delito de “obstrucción a la justicia”.
La decisión del juez derivó de la petición que hizo Cinthia Monterroso de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), según ella estos comunicadores forman parte de un “andamiaje de desinformación” al escribir sobre una persecución política y casos montados por parte del Gobierno en contra de Zamora.
La Hora realizó un análisis con expertos en materia del derecho sobre el precedente que marca la resolución del juez para otros medios de comunicación y periodistas que fiscalizan. Apuntan a la posibilidad que ahora funcionarios públicos, entre ellos: jueces, diputados, fiscales o alcaldes tomen acciones legales.
MP y juez atentan contra la libertad de expresión en Guatemala
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LA RESOLUCIÓN QUE MARCA PRECEDENTE PARA MEDIOS Y PERIODISTAS
Tras una extensa exposición por parte de la fiscal Monterroso ante el Juzgado Décimo Penal, el juez Brener se acogió a la solicitud y resolvió que se investigue a quienes “resulten responsables por la posible comisión de lo manifestado por la representante del MP”.
El juzgador subrayó lo siguiente: “Si se está afectando maliciosamente a fiscales, operadores de justicia, jueces, magistrados o diputados, o cualquier otra persona que pueda ser sujeto procesal de una causa, que se investigue”.
LO QUE DICEN LOS ANALISTAS
Esta Redacción se comunicó con profesionales del derecho a quienes se les preguntó sobre la resolución que emitió el juez Brener. Los abogados sostienen que no se puede iniciar una investigación en contra de periodistas o medios de comunicación por darle seguimiento y escribir sobre funcionarios o un proceso judicial.
Las investigaciones que realizará el MP a periodistas y medios de comunicación afectan la libertad de expresión y democracia según los analistas. Esto dijeron ⬇️ https://t.co/ODnBx6PY8U
— Diario La Hora (@lahoragt) March 1, 2023
GONZÁLEZ: ES UN ATAQUE INDIRECTO CUANDO COMENTEN DE FUNCIONARIOS
Para Christian González, abogado experto en derecho internacional, el mensaje es claro. Se trata de un ataque indirecto a todos los medios de comunicación de que “se cuiden cuando emitan comentarios críticos de funcionarios públicos y eso es preocupante, pues va para todos los periodistas y columnistas”, sostuvo.
González explicó que los estándares en materia de protección de libertad de expresión son muy altos, pero cuando se habla de “críticas a funcionarios públicos son aún más altos”.
“Se supone que los funcionarios públicos tienen que estar sometidos a un escrutinio mayor de la población y los periodistas en alguna medida actúan como fiscalizadores cuando informan”, aseguró.
Además, indicó que es totalmente legítimo que los periodistas hagan comentarios críticos de lo que ocurre en el proceso. “De hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en temas de interés público dice que no deben estar sometidos a represalias del derecho penal”, precisó.
SAMAYOA: ESTAMOS FRENTE A UNA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 35
“Estamos frente a una violación del Artículo 35 de la Constitución de la República, estamos frente a una resolución ilegal que atenta en contra de todo tipo de garantías y derechos”, fueron las primeras impresiones del abogado constitucionalista y profesor universitario, Oswaldo Samayoa.
El Artículo 35 reza lo siguiente: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
De acuerdo a Samayoa cuando los funcionarios públicos se sienten ofendidos buscan “censurar a los demás” y si esto se replicara “los tribunales estarían llenos de denuncias”. “La ley es clara” aseguró y refirió que cuando se imputa sobre funcionarios no genera responsabilidad penal.
“La crítica, la duda y la sospecha de que yo esté haciendo mal las cosas o que me esté aprovechando de un puesto es connatural a la función pública. Si yo opto a un cargo público o soy designado es algo que lo conlleva”, explicó el experto.
Esta Redacción se comunicó con la Fundación Libertad y Desarrollo; sin embargo, no emitieron ninguna declaración. Asimismo, se intentó una comunicación con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), pero no respondieron a las llamadas.
