La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) señaló que la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, “cumple un año detenida arbitrariamente en la cárcel”. Así se manifestó durante una conferencia de prensa que la entidad realizó en el país.
De esa cuenta, AI responsabilizó a las autoridades del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ) de una serie de hechos que se consideran contrarios al interés de fomentar la justicia.
La exfiscal fue detenida por las autoridades el 23 de febrero de 2022. Ahora cumple una condena de cuatro años de prisión conmutable, la cual fue impuesta en diciembre último. Además, enfrenta otro proceso penal en Quetzaltenango.
SEÑALAN IRREGULARIDADES
En noviembre de 2022, antes de ser condenada, dicha organización declaró a Laparra como “presa de conciencia” y solicitó al MP desistir de los cargos en su contra, así como su inmediata e incondicional libertad.
“La exfiscal y presa de conciencia, Virginia Laparra, cumple un año privada arbitrariamente de la libertad como resultado de procesos penales infundados y plagados de irregularidades que violan sus derechos humanos”, aseguró la investigadora de AI para Centroamérica, Adeline Neau.
Destacó que es “alarmante constatar que las autoridades guatemaltecas han sido incapaces de garantizar las más básicas garantías de defensa y debido proceso de Virginia”. (sic)
CAMBIO DE RUMBO
Durante la conferencia, se destacó que la labor de las autoridades encargadas de la justicia cambió de rumbo en términos de la lucha contra la corrupción.
“A un año de su detención, es evidente que las múltiples arbitrariedades e irregularidades en el actuar de la Fiscalía y del OJ en este caso son el resultado de la obsesión de las autoridades en castigar a todas las personas que han contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad”, sostuvo la representante de AI.
De esa cuenta, se hizo hincapié nuevamente en que Laparra debe ser “liberada inmediata e incondicionalmente” y se aseveró que “un día más en prisión pone en serio riesgo su salud y derechos, además de agravar el contexto de derechos humanos en el país”.
AI reiteró su consternación por esta condena basada en el análisis del Tribunal Octavo de Sentencia Penal de que la exfiscal incurrió en un delito “solamente por iniciar una demanda administrativa por señalamientos de corrupción en contra de un juez”, expuso.
LITIGIO MALICIOSO
La organización afirmó que se ve con preocupación que las autoridades “consintieron el uso de tácticas de litigio malicioso”, provocando que Laparra tenga que defenderse de manera simultánea en dos procesos paralelos por los mismos hechos iniciados por la misma persona.
Además, AI indicó que recibió información sobre ataques misóginos en contra de la exfiscal y su equipo de abogadas, Claudia Gónzalez y Wendy López, durante las audiencias y recesos que “en reiteradas ocasiones fueron tolerados por las autoridades en ambos procesos”.
De esa cuenta, se indicó que “las autoridades distorsionaron el proceso a tal punto que usaron las acciones judiciales ejercidas por la exfiscal como parte de su derecho a la defensa, así como las declaraciones de ella y su equipo legal a la prensa, para justificar la denegación de su libertad condicional”, sentenció la organización.
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ESTADO DE SALUD
Además, externaron su preocupación sobre el estado de salud de Laparra. “Tenemos información de que está sufriendo una emergencia médica y requiere atención urgente. Las autoridades deben tomar medidas inmediatas para garantizar su salud”, subrayaron.
La Hora anteriormente consultó con un familiar de la exfuncionaria acerca de ese aspecto. Se indicó que padece de un problema en el útero y debe ser sometida a una operación.
La exfiscal toma medicamentos para la tiroides y que la dosis que se le administra se duplicó desde que guarda prisión. También es medicada por hipertensión y una neuralgia del trigémino.
OJ SEÑALA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Ante los señalamientos de AI, el vocero del OJ, Rudy Esquivel, indicó que “es importante resaltar que, en el marco de la independencia judicial, no se puede externar opinión porque el proceso y expediente está a disposición de la judicatura correspondiente”.
También se afirmó que el Sistema Penitenciario (SP) es la entidad encargada del resguardo y custodia de los privados de libertad
De esa cuenta, Esquivel señaló que es necesario que AI indique cuál es el fundamento en el cual basa su argumento con respecto a la solicitud que hizo al OJ, pues este “Organismo de Estado que no decreta medidas, eso compete a los jueces de garantías”.
MP: SE INVESTIGÓ UNA DENUNCIA
El MP indicó que los señalamientos hechos por AI que carecen de sustento legal y “evidencian desconocimiento”, debido a que el caso se deriva de una denuncia que fue presentada a la cual se le dio el seguimiento correspondiente.
“El MP, como encargado de la investigación y la persecución penal, tiene la obligación legal de investigar”.
A un año de ser detenida, celebran misa en nombre de exfiscal Virginia Laparra
Se agregó que una instancia judicial ya conoció uno de los casos en los cuales figura Laparra y dictó sentencia condenatoria. “Las partes involucradas han hecho uso de su derecho defensa durante todo el proceso”.
Además, se indicó que “exigir que no se investigue o que la persecución sea arbitraria o sesgada, únicamente promueve la impunidad”.