El bloque dominante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin decidir qué hacer con el juez Ángel Sandoval denunciado por una trabajadora judicial por presuntas agresiones sexuales y una amenaza de muerte, pese a que una jueza dictó medidas de seguridad que impiden que ambos permanezcan en el mismo lugar de trabajo y a que un dictamen del Organismo Judicial recomendó adoptar las designaciones necesarias para cumplir esa resolución sin revictimizar a la denunciante.
Según fuentes consultadas por La Hora, ese bloque conoció el caso durante el pleno del miércoles último, pero no impulsó ninguna resolución.
La denuncia que dio origen al expediente fue presentada el 15 de julio ante la Fiscalía de la Mujer de Petén. La Hora tuvo acceso a la denuncia, la declaración testimonial de la trabajadora, la resolución que otorgó las medidas de seguridad, el memorial remitido por la jueza que asumió la Presidencia en funciones del tribunal donde laboran ambas partes y el dictamen emitido por la Asesoría Jurídica y la Gerencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial (OJ).
Este medio conoce la identidad de la denunciante y el cargo que desempeña dentro del Organismo Judicial, pero ha decidido omitir ambos datos para proteger su identidad.
El caso llegó a manos de la Corte Suprema, en donde quien decide es el bloque dominante, integrado por 10 de los 13 magistrados y encabezado por su presidenta, Claudia Paredes.
Esa mayoría le permite aprobar las resoluciones que conoce el pleno, desde solicitudes de antejuicio y amparos hasta decisiones administrativas relacionadas con el funcionamiento del OJ. Según fuentes consultadas por La Hora, aunque el expediente fue conocido durante la última sesión plenaria, la mayoría no promovió ninguna resolución para atender la situación derivada de las medidas de seguridad otorgadas a la trabajadora.
“ES NORMAL”
En su declaración ante el Ministerio Público (MP), la trabajadora aseguró que comenzó a laborar en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Petén en 2021. Desde entonces, afirmó, observó conductas que le llamaron la atención. Según su relato, el juez Ángel Giovanni Sandoval Santos realizaba tocamientos a otras compañeras dentro del Tribunal y, cuando manifestó su sorpresa, algunos trabajadores le respondieron que era algo «normal» en el tribunal.
La mujer declaró que la primera agresión en su contra ocurrió en enero de 2022, durante una actividad organizada para recaudar fondos destinados a un compañero de trabajo que permanecía hospitalizado por Covid-19. Relató que, al pasar por un pasillo estrecho, el juez introdujo una mano debajo de su falda y la tocó.
Dijo que quedó paralizada, entró llorando a una oficina y contó lo sucedido a varios compañeros. Según su testimonio, lejos de recibir apoyo, algunos reaccionaron con risas y le advirtieron que, si denunciaba, tendría que enfrentar el proceso sola.
La declaración sostiene que ese episodio no fue aislado. La trabajadora aseguró que durante los años siguientes el juez Sandoval le dirigió comentarios de contenido sexual delante de otros empleados, le mostró fotografías y videos íntimos, la besó y lamió en el cuello, le mordió una oreja y la tocó en distintas ocasiones dentro del tribunal. También afirmó que presentó denuncias internas del Organismo Judicial y que, cada vez que el funcionario era notificado de alguna actuación relacionada con esos procesos, la relación laboral se volvía más hostil.
La denunciante también relató un episodio ocurrido después de una audiencia celebrada en marzo de este año por una de las denuncias administrativas que ya existían en contra del juez. Según declaró al MP, tres días después el funcionario la llamó a su despacho y le dijo que el día de la audiencia habían pasado muchas cosas por su cabeza, «incluso eliminarla físicamente».
Agregó que el 15 de julio, horas antes de acudir a la Fiscalía, el juez Sandoval se le acercó dentro del tribunal, le mostró unos documentos relacionados con una suspensión laboral y le recriminó que esa sanción era «por su culpa». La trabajadora aseguró que decidió presentar la denuncia porque temía por su seguridad y porque vivía sola.
El MP abrió una investigación y, ese mismo día, solicitó medidas de seguridad ante un Juzgado de Paz de Flores. La Fiscalía argumentó que, tras analizar la denuncia, era procedente proteger a la trabajadora mientras avanzaban las diligencias por un posible caso de violencia contra la mujer.
JUEZ NIEGA LOS HECHOS
Antes de la publicación de este reportaje, La Hora intentó obtener la versión del juez Sandoval mediante llamadas a, al menos, tres números telefónicos asociados a él. Además, se le envió un mensaje a través de WhatsApp para solicitar su postura sobre los señalamientos contenidos en este reportaje. Al momento de la publicación no respondió las llamadas ni el mensaje.
Tras la publicación, el juez envió una respuesta a La Hora en la que rechazó las acusaciones formuladas en su contra. Afirmó que la denuncia es «falsa» y «espuria» porque, según sostuvo, los hechos habrían ocurrido «en soledad» y, por ello, no serían comprobables. Agregó que cuenta con medios de prueba para desvirtuar los señalamientos y aseguró que la denunciante pretende «manipular las leyes feministas» para obtener un ascenso dentro del Organismo Judicial.
Minutos después de enviar ese mensaje, el juez lo eliminó. Posteriormente indicó que lo había borrado porque creyó que este medio ya lo había leído. Después comenzó a cuestionar cómo La Hora obtuvo la información que sustenta este reportaje y quién la proporcionó.
Minutos más tarde remitió un nuevo mensaje en el que reiteró su rechazo a la denuncia y afirmó: «La Corte Suprema no me ha cambiado y anda investigando sobre esa denuncia falsa donde una mujer trata de manipular las leyes feministas para optar a un ascenso y está manchando mi honor. Además, tengo mis medios de prueba de descargo y la CSJ no me ha declarado con lugar un antejuicio para que me investiguen; por lo tanto, ustedes están publicando difamaciones».*
https://lahora.gt/investigacion/diego/2026/07/31/juez-denunciado-por-presunto-abuso-sexual-tengo-antejuicio-y-manipulan-las-leyes-feministas/
BLOQUE DOMINANTE SIN RESOLVER
Horas después de recibir la solicitud del MP, una jueza de decretó medidas de seguridad por seis meses a favor de la trabajadora. La resolución prohibió al presunto agresor perturbarla o intimidarla, así como ingresar a su domicilio y a su lugar de trabajo. También ordenó notificar a la Policía Nacional Civil para que le brindara el auxilio necesario y advirtió que el incumplimiento de esas medidas podría dar lugar a un proceso penal por desobediencia.
La resolución, sin embargo, abrió un problema que trasciende la investigación penal. Tanto la denunciante como el juez Sandoval continuan asignados al Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Petén.
Mientras las medidas de seguridad permanezcan vigentes, el funcionario tenía prohibido ingresar al lugar de trabajo de la trabajadora, pero ambos deben seguir desempeñando las funciones para las que habían sido nombrados. La primera alerta llegó desde el propio tribunal.
El bloque dominante de la CSJ incidió en nombramientos y movimientos de jueces penales
Dos días después, el 17 de julio, la jueza Sara Yoc, quien ejercía la Presidencia en funciones del tribunal, remitió un memorial a la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Paredes. En el documento informó que el propio juez Sandoval le comunicó la existencia de las medidas de seguridad y advirtió que mantener a denunciante y denunciado en la misma judicatura hacía imposible cumplir la resolución judicial. Por ello solicitó que ambos fueran designados, de forma preventiva y urgente, en órganos jurisdiccionales distintos.
La jueza explicó que, de permanecer ambos en el mismo tribunal, necesariamente tendrían que compartir oficinas, instalaciones y espacios de trabajo. Advirtió, además, que el solo hecho de que el juez se presentara a laborar podría colocarlo en una situación de incumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que ambos continuaban obligados legalmente a ejercer las funciones para las que habían sido nombrados.
«Es indispensable que en forma urgente y en forma preventiva realicen designaciones en diferentes órganos jurisdiccionales», concluyó en el memorial dirigido a la presidenta del Organismo Judicial.
El expediente continuó su recorrido dentro del Organismo Judicial. El 24 de julio, la Secretaría de la Corte Suprema solicitó a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia de Recursos Humanos emitir un dictamen conjunto sobre la petición formulada desde Petén. Cuatro días después, ambas dependencias entregaron su análisis.
Antes de formular sus conclusiones, Recursos Humanos recordó que la legislación del Organismo Judicial contempla la figura del traslado por razones de conveniencia del servicio y explicó que, aunque esa dependencia puede realizar determinados movimientos administrativos del personal, la designación de un juez corresponde a las autoridades competentes conforme a la Ley del Consejo de la Carrera Judicial.
El dictamen concluyó que la Corte Suprema de Justicia debía ordenar las designacionesju necesarias para dar cumplimiento a las medidas de seguridad decretadas por el Juzgado de Paz de Flores y hacerlo privilegiando que la trabajadora no fuera revictimizada. También dejó constancia de que la denunciante manifestó su deseo de continuar laborando en el mismo tribunal porque no mantenía conflictos con el resto del personal. Por esa razón, la recomendación fue que la designación temporal recayera sobre el juez denunciado.
El documento también deja claro que la decisión ya no dependía de Recursos Humanos ni de la Asesoría Jurídica. Ambas dependencias limitaron su actuación a emitir una opinión técnica y trasladaron el expediente para que las autoridades competentes resolvieran la situación creada por las medidas de seguridad. La decisión, desde ese momento, quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia y de las instancias con competencia para disponer la designación del juez.
Según fuentes consultadas por La Hora, ese expediente llegó al pleno celebrado el miércoles. El bloque dominante, integrado por 10 magistrados, conoció el caso, pero no impulsó ninguna resolución. Sandoval continúa asignado al mismo órgano jurisdiccional donde labora la denunciante y las medidas de seguridad siguen vigentes.
*Actualización: Este reportaje fue actualizado el 31 de julio a las 13:30 p.m. para incorporar la respuesta del juez Ángel Giovanni Sandoval Santos, recibida con posterioridad a su publicación, la cual fue integrada a esta publicación en cumplimiento del principio de equilibrio informativo.
