El Ministerio Público (MP), liderado por María Consuelo Porras, emitió un comunicado, este jueves 19 de enero. Foto: La Hora / MP

El Ministerio Público (MP), liderado por María Consuelo Porras, emitió un comunicado, este jueves 19 de enero, en el cual solicitó nuevamente a la comunidad nacional e internacional a ser respetuoso del Estado de Derecho, la democracia y el principio de legalidad.

Además, aseguró estar preocupado por el interés de interferir en asuntos internos, tras los pronunciamientos contra las órdenes de aprehensión solicitadas desde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

En el documento, el ente investigador recuerda los propósitos y principios regulados en la Carta de la Naciones Unidas, así como por la convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por lo que expresó su preocupación y rechazo a la “manifiesta y advertible”, injerencia de entes internacionales en asuntos judiciales o la “clara intención” de obstruir la función legítima de un ente legalmente constituido.

Agrega que quedó al descubierto el incumplimiento e irrespeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional, en el ámbito de los Derechos Humanos, por lo que aseguró que era inaceptable que órganos internacionales inobserven las normativas internacionales.

“En concreto preocupa el interés de interferir en los asuntos internos de Guatemala, a través de ataques infundados contra el derecho de una nación a investigar las denuncias que el órgano competente recibe por los posibles delitos que son cometidos”, añadió.

MP: EXIGIR QUE NO CUMPLAN SU FUNCIÓN ES IMPUNIDAD

Bajo esta misma línea, el ente investigador argumentó que toda fiscalía o MP, como representante del poder público en materia de investigación y persecución penal es un bastión fundamental en la construcción de un Estado de Derecho que garantiza el cumplimiento de la ley, el debido proceso y respeto a derechos humanos.

 

“Razón por la cual, exigirle que no cumpla con su función legal es sinónimo de impunidad”, añadió el MP, quien sostiene que en un sistema legítimo de derecho el fin “no justifica el medio”, por lo que quienes estaban obligados a perseguir la corrupción y velar por la legalidad, posiblemente lo hicieron violentando la ley.

Por lo anterior, aseveró que se estima necesario investigar a dichas personas y que un juez valore el caso, para que resuelva conforme a principio jurídico del debido proceso, por aparte aseguró que nadie es superior a la ley, pues la observancia de la misma garantiza la “paz y la armonía entre los pueblos”.

Finalizó exhortando a la comunidad nacional e internacional a que se respete el Estado de Derecho, la democracia y especialmente a los principios del debido proceso, legalidad, además, instó a denunciar delitos en lugar de “recurrir sin fundamento a publicaciones que violentan los derechos humanos, lo cual puede ser constitutivo de delito y generar impunidad”.

SEGUNDO COMUNICADO

Este es el segundo comunicado en el cual el MP exhorta a la comunidad internacional a ser respetuosos del Estado de Derecho, la democracia y el principio de legalidad, pues el pasado 17 de enero se pronunció indicando que estaba sorprendido porque diversas personas y actores emitieron opiniones sin ser parte del proceso penal y conocer los hechos de cada caso.

SUMAN PRONUNCIAMIENTOS INTERNACIONALES

El pronunciamiento del ente investigador se da luego que el portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Peter Stano, mostró preocupación por los operadores sindicados en el caso y señaló que existía una tendencia de persecución e intimidación contra quienes participan en investigaciones o juicios relacionados a la lucha contra la corrupción.

Al mismo tiempo, el portavoz del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres mostró preocupación y explicó que los exmiembros de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) gozan de privilegios e inmunidades incluso cuando ya no están en sus puestos.

 

A esto se le suman las declaraciones de Transparencia Internacional, que indicó que el caso se dio luego que Manuel Baldizón saliera de prisión, así como el pronunciamiento de UN Human Rights manifestó que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk se encontraba profundamente preocupado por la persecución de funcionarios judiciales que luchan contra la corrupción.

A su vez, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de EE. UU. para el Hemisferio Occidental aseguró que las acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema judicial, debido a que los implicados trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht.

En esta misma línea, el caso causó una tensión en las relaciones diplomáticas de Guatemala y Colombia, pues el presidente de este país, Gustavo Petro, llamó a consulta a la embajada colombiana Victoria González Ariza y sentenció que sí: “Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer con ese país”.

EL CASO

Pese a que el caso Odebrecht trata sobre las coimas que habrían recibido funcionarios de al menos doce países, entre los que se incluye a Guatemala, en donde fue incluido el excandidato a la presidencia Manuel Baldizón y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, el nuevo caso revelado por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche trata sobre las posibles irregularidades en la realización de los acuerdos de colaboración eficaz de los investigadores del caso.

Por lo cual, Curruchiche solicitó la orden de captura del presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), Juan Pablo Carrasco de Groote; la exfiscal general Thelma Aldana; la exsecretaria general del ente investigador, así como contra, Mayra Johana Véliz López; y David Gaitán, exmandatario de la extinta CICIG.

El caso denominado Odebrecht: acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad, también involucraría al excomisionado de CICIG, Iván Velásquez y la exfuncionaria de la Comisión, Luz Adriana Camargo, contra quienes el Fiscal aseguró que emprendería acciones legales.

Engelberth Blanco
Creo en la democracia y apelo por una educación de calidad para todas las personas, el acceso al agua y la tierra.
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