La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, cerró el caso en contra de la expresidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Julieta Torres Casanova, y el de seis personas más por su presunta participación en ilícitos dentro del proceso judicial denominado Financiamiento UNE.
A criterio de la jueza Domínguez la investigación “carece de sustento legal”, asimismo, señaló que la pesquisa del Ministerio Público (MP) “no tiene justificación legal. No señala roles de la supuesta estructura criminal”, aseguró la togada.
Durante toda la resolución expresó que “las pruebas no fueron suficientes para determinar los actos conclusivos, no reúnen los requisitos legales”; por lo tanto, dictó el desistimiento del proceso en contra de Torres y los otros seis implicados.
«Por parte la Fiscalía no estableció si el dinero entró o no en la cuenta y si se utilizó para la campaña electoral», indicó Domínguez sobre la cuenta de Alejos Cámbara.
SIN RESENTIMIENTO
Al ser consultada sobre el proceso, Torres expresó a los medios de comunicación: «No tengo rencor ni odio, más que a Dios en mi corazón» resaltó.
¿CUÁLES ERAN LOS DELITOS POR LOS QUE SE LES ACUSABA?
Sandra Julieta Torres Casanova por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral.
Gustavo Alejos Cámbara por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
Mynor Feizal Zimeri Corado por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
Nelson Alexis García Morales y Edin Alberto Álvarez Pérez por el delito de financiamiento electoral ilícito.
“Se cumplió la ley y hoy seguimos creyendo en el sistema de justicia”, expresa Torres.
🎥: Diego España/LH pic.twitter.com/PZuxtQ5jZC— Diario La Hora (@lahoragt) November 30, 2022
Julio César López Villatoro por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral.
Carlos Enrique López Girón por el delito de financiamiento electoral.
Víctor de Jesús Duarte Mendoza por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
MP PUEDE OPTAR POR APELAR RESOLUCIÓN
De momento, el MP tiene tres días hábiles para presentar una apelación en contra de la resolución de la jueza.
Es decir, el viernes 2 de diciembre es la fecha límite para que el ente investigador interponga dicho recurso legal ante el Juzgado de Mayor Riesgo A.
Con esta acción nuevamente se vería en peligro su candidatura, puesto que hasta que no sea solventada su situación jurídica no podría optar a la presidencia.
TORRES PUDO PERDER SU CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA
En el reportaje titulado “Oficialismo cuenta con los votos para su presupuesto 2023 y su JD”, se prevé que entre los acuerdos pactados se incluye la inscripción de Sandra Torres como candidata presidencial de la UNE, para el proceso electoral del próximo año.
No obstante, su candidatura estaba en la cuerda floja si era enviada a juicio y este dilataba más de lo esperado. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía hasta el domingo 26 de marzo para solventar su situación jurídica y ser inscrita por el ente electoral.
Ahora su camino para optar por una candidatura en las elecciones 2023 se ve despejado, sumándole los acuerdos pactados entre la UNE con el oficialismo.
De momento, el MP tiene tres días hábiles para presentar una apelación en contra de la resolución de la jueza.
Es decir, el viernes 2 de diciembre es la fecha límite para que el ente investigador interponga dicho recurso legal ante el Juzgado de Mayor Riesgo A.
Con esta acción nuevamente se vería en peligro su candidatura, puesto que hasta que no sea solventada su situación jurídica no podría optar a la presidencia.
TORRES FUE BENEFICIADA MÁS DE UNA VEZ
Anteriormente Sandra Torres fue beneficiada por la Sala Segunda de Mayor Riesgo al dictar su “libertad condicional”, en esa ocasión resolvió en contra de una resolución que buscaba revocar las medidas sustitutivas y regresarle a prisión preventiva.
No obstante, el pasado octubre del año en curso, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó y ordenó a Domínguez celebrar una audiencia para hacerle de su conocimiento lo resuelto.
Asimismo, la máxima corte le permitió a la excandidata el poder seguir realizando política y movilizarse por todo el territorio guatemalteco.
CASO FINANCIAMIENTO UNE
La investigación nace en febrero de 2019, cuando fueron presentados los primeros elementos de la investigación.
La tesis de la investigación del MP, aduce que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña.
Según la investigación, lo anterior para que el partido esquivase el control sobre los fondos que le aportaron.
Los aportes identificados por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE ascienden a Q19.53 millones.
Además, esta investigación se deriva del caso “Traficantes de Influencias”, la cual evidenció la existencia de una “supuesta estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, según la pesquisa.
Torres fue capturada por la FECI el 2 de septiembre de 2019 en relación con este caso por el delito de financiamiento electoral no registrado, principalmente, hoy modificado por financiamiento electoral.
