Un reciente análisis de Riesgo Económico y Político de la Unidad de Inteligencia Económica (EIU) de la revista El Economista, apunta a un escaso progreso de Guatemala en la lucha contra la corrupción y en la reducción de la migración.
Según el informe las tasas de migración siguen siendo altas y hay pocos avances en la legislación anticorrupción para abordar el lavado de dinero, mejorar la gestión del gobierno, así como la contratación pública, infraestructura vial, seguridad marítima y competencia.
El análisis señala que con este escenario a mediano plazo Guatemala tendrá dificultades para implementar reformas estructurales necesarias para impulsar el crecimiento a largo plazo y mejorar el entorno empresarial.
Samayoa puntualizó que “estamos frente a una construcción de narrativas que tratan de revestir de legalidad ciertos actos". Entérate aquí 👇 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/ysf22mL38Y
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“Esto ocurre pese a varios Acuerdos entre EE. UU. – Guatemala y promesas de ayuda para impulsar la economía de los guatemaltecos y por lo tanto reducir los incentivos para que las personas abandonen el país”, resaltan.
Añaden que, “dada la naturaleza intratable de corrupción en Guatemala” no se espera ninguna reducción en la impunidad bajo la próxima administración tampoco, “salvo una victoria sorpresiva de un candidato anticorrupción creíble”.
Dentro de los detenidos se encontraban agentes de la PNC. Aquí detalles: https://t.co/MMLYIXrpFL
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DESTACAN REELECCIÓN DE PORRAS
El análisis destaca la reelección de María Consuelo Porras como Fiscal General, lo cual generó reacciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ya la había colocado en el listado de «antidemocráticos y corruptos» conocida como Lista Engel, una medida que consideran ha agravado las tensiones bilaterales, lo cual también suscitó preocupación de los líderes de la Unión Europea.
“Esta falta de progreso en la lucha contra la corrupción, junto con la creciente persecución de destacados jueces anticorrupción, llevó a los EE. UU. a colocar a la Sra. Porras en su lista de funcionarios «antidemocráticos y corruptos», que le impiden ingresar a los EE. UU., en una medida que ha agravado las tensiones bilaterales”, menciona.
SE PODRÍA CONDICIONAR AYUDA
El reporte menciona que “si las tensiones entre los países aumentan aún más, EE. UU. podría reducir los flujos de ayuda o condicionarlos a medidas concretas”.
NIVELES NO BAJAN A PESAR DE PRESIÓN
Además, destaca que: “A pesar de la presión de EE. UU. miembros del Poder Judicial han sido despedidos, y algunos incluso arrestados, mientras investigaban casos de corrupción; esto ha provocado críticas internacionales, pero poco ha cambiado en Guatemala”.
MP: AFIRMACIÓN CARECE DE VERACIDAD
Al respecto de la mención de Porras, el MP respondió que es respetuoso de todas las opiniones sin embargo “esta afirmación carece de veracidad y únicamente busca desprestigiar la labor de la institución”.
A la vez, añaden que “de conformidad con su mandato legal y constitucional, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar toda denuncia que se presenta, sin excepción alguna, y sin que esto signifique criminalización, en absoluto”.
Marroquín expresó que el rol que está cumpliendo el MP en este caso “es el de obstrucción de la justicia de la averiguación de la verdad”. Lea aquí 👇 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/Dst80Czb1R
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Asimismo, señalan que “la función del Ministerio Público es atender las denuncias e investigar, existe un debido proceso y el propio sistema legal establece los mecanismos para plantear cualquier acción dentro del proceso penal. Ninguna persona es superior a la ley por lo que es a través de la investigación que un juez podrá determinar si existe responsabilidad en la comisión de un ilícito”.
Para el ente investigador, además “es totalmente alejado de la realidad manifestar que hay un debilitamiento, cuando las acciones impulsadas por la actual Fiscal General han posicionado como la institución más eficiente del sector justicia en Guatemala durante los últimos años, según estudios”.
El MP asegura que, el trabajo coordinado con Agencias de los Estados Unidos continúa sin ninguna novedad.
De enero a la fecha, el Departamento de Reconocimiento de Estatus del Refugiado -DRER- ha reportado 119 solicitudes de refugio realizadas por personas de nacionalidad venezolana. Detalles acá ⬇️ https://t.co/DDi1OFshWx
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