El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó un informe respecto a la iniciativa 6141, “Ley de Adquisiciones del Estado”, en el que señalan retrocesos y por lo cual pide detener su aprobación. Foto: La Hora/Captura de Pantalla

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó un informe respecto a la iniciativa 6141, “Ley de Adquisiciones del Estado”, en el que señalan retrocesos y por lo cual pide detener su aprobación. La propuesta de normativa impulsada por el partido oficial, VAMOS, ya superó la segunda lectura en el pleno del Congreso.

En el documento se menciona que a lo largo del último cuarto de siglo las adquisiciones públicas siguen siendo fuente de polémica por las constantes denuncias de corrupción, opacidad, ineficiencia e inefectividad, por lo que señalan que los principales desafíos que se afrontan son producto de soluciones “casuísticas” orientas en resolver problemas específicos y no principios generales, así como la adopción de mejores prácticas existentes.

Resalta que es momento de reconocer que el problema de las adquisiciones públicas debe abordarse desde una perspectiva sistémica, la del “Sistema de Adquisiciones Pública”. “La ley es un elemento más dentro de un complejo entramado de regulaciones, actores, prácticas, costumbres y estructuras de mercado”, añade.

Detalla que uno de los referidos enfoques es el Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS, por sus siglas en inglés), en el que se analiza este tipo de adquisiciones desde una perspectiva de procesos, que inicia con la planificación de compras y culmina con verificación y control, asegurando la adopción de mejores prácticas en materia de efectividad, eficiencia, valor por el dinero, transparencia, rendición de cuentas, así como consecución de resultados de desarrollo que esperan alcanzar con las compras.

PIDEN DETENER APROBACIÓN

En las conclusiones generales, el CIEN expone que la iniciativa 6141 no representa una nueva ley de adquisiciones, sino reformas a la normativa vigente, además de no atenderse a los estándares internacionales.

Menciona que se debe establecer modalidades, según la naturaleza y objeto del bien que se compra, así como la jerarquía y condiciones de uso de cada una, definirse la aplicación obligatoria de principios que aseguren el valor por el dinero para cada modalidad.

Asegura que debe de existir un mecanismo de apelaciones independiente que abarque a todo el ciclo de las contrataciones, así como incorporar tecnología a lo largo del proceso de compra para reducir la discrecionalidad e incrementar la transparencia.

Dentro de estas conclusiones, también menciona que se debe tener una adecuada vinculación e integración del marco legal de las compras con el resto de la normativa que regula la gestión pública y recalca que el país no tiene política en materia de adquisiciones.

Asevera que se deben abordar otras reformas que permitan mejorar capacidades institucionales y de gestión de las entidades contratantes, así como ampliar el alcance y efectividad de mecanismos de rendición de cuentas, desarrollar sistemas efectivos de control y auditoria especializada, así como desarrollar mecanismos de apelación efectivos y eficientes.

Agrega que es necesario mejorar el sistema de justicia para asegurar mecanismos disuasorios de comportamiento no deseados e incrementar la transparencia y compromiso de la sociedad civil que fortalezcan la integridad de los procesos, por lo cual, el CIEN manifestó que debe detenerse la aprobación de la iniciativa para que regrese a la Comisión correspondiente para la discusión de una reforma integral al Sistema Nacional de Compras.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES PASAN DEL 52% al 38%

A la vez, el CIEN señala que se identificó un retroceso en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de regulación de compras públicas.

Explica que el cumplimiento de la ley vigente con los mejores estándares y buenas prácticas internacionales, según la Evaluación del Sistema Nacional de Compras Públicas realizado en 2019, es de 52%, cumpliendo con 35 de los 67 criterios evaluados total o parcialmente.

“Con la Iniciativa 6141, este nivel de cumplimiento se desploma a un 38%”, subraya la organización.

MENCIONA FALENCIAS

Entre los hallazgos encontrados, el CIEN explica que persiste la mala práctica de utilizar modalidades basadas en montos en detrimento de diseñar procesos que respondan a la naturaleza y objeto de la compra, manteniendo mecanismos vigentes y agregando incrementos a montos de baja cuantía, compra simplificada, cotización y licitación, lo cual ha sido observado en otras iniciativas similares que ha intentado aprobar el Congreso en la actual administración.

Señala que uno de los principales retrocesos es en estándares internacionales en la sustitución de modalidades competitivas de adquisiciones a favor de métodos de compra directa, estableciendo 24 métodos de compra.

Explica que 13 métodos son compra directa, siendo la consecuencia de la multiplicidad que no promueve el uso de procedimientos competitivos que aseguren el principio de valor por dinero, equidad, proporcionalidad y transparencia en las adjudicaciones, por lo que fomenta la discrecionalidad en la toma de decisiones.

Expone que se crean tres métodos nuevos respecto a los cuales no se tiene claridad si son competitivos o no debido a la “pobre redacción del articulado”, mientras que únicamente cinco son competitivas, las cuales señala de poco factible de ser utilizadas dadas las complicaciones administrativas que representan frente a modalidades no competitivas de adquisición.

CATALOGA ESQUEMA COMO “CHIRMOL”

Asimismo, expresa que las buenas prácticas recomiendan que se regule las jerarquías de métodos de contratación y condiciones en las que se debe utilizar cada método, pero exponen que lamentablemente no lo resuelve y complica aún más pues incorpora nuevas modalidades y condiciones poco claras de comprender.

“Coloquialmente hablando, no constituirá una exageración catalogar al esquema resultante como “un chirmol” de modalidades de adquisición”, manifiesta.

SEÑALA RETROCESO EN GUATECOMPRAS

Bajo esta misma línea, el CIEN expone que Guatecompras sufre un retroceso significativo en materia de eficiencia en el sistema de compras públicas, pues se define como “un sistema para el registro y gestión de la información de las adquisiciones públicas de forma histórica y actualizada”.

Explican que Guatecompras dejaría de ser un sistema que busca eficiencia de los procesos, convirtiéndose en el mejor de los casos en un “repositorio” de información histórica, alejado del ideal de un sistema electrónico automatizado de compras públicas, en donde la mayoría de procedimiento relativos a la contratación se realicen de manera automática, sin que medie la discrecionalidad de ningún funcionario, siendo un retroceso en estándares internacionales.

Añade que de la mano del debilitamiento de Guatecompras se observa un retroceso en materia de transparencia, pues si bien las 24 modalidades referidas requieren que se publiquen en esa plataforma no define cómo se debe de publicar para cada uno de los procesos.

Puntualiza que el principal problema es que relega el principio a un asunto operativo más que a un elemento constitutivo del sistema de adquisiciones, sin entrar en mayor detalle de los riesgos que conlleva relegar a un reglamento fácilmente modificable esta materia.

“En materia de transparencia esta iniciativa se aleja de los estándares internacionales que requieren la mayor cantidad posible de información publicada a lo largo de todo el ciclo de adquisición, en un portal en línea, sistematizada, de acceso público, en tiempo real y en formato de datos abierto”, recalca.

NO DETERMINA SI ENTIDADES COMPRADORAS CUENTAN CON FONDOS

Enfatiza que las buenas prácticas requieren que las entidades compradoras aseguren la disponibilidad financiera de manera oportuna para los procesos de compra, pero por la “pobre redacción” de muchos artículos, la misma se aleja de este estándar, pues en 13 de las 24 modalidades no determina esa obligación.

“Las consecuencias de esta mala práctica son varias: (i) se pierde la capacidad de pago oportuno a los proveedores; (ii) incrementa el riesgo del no pago; y, (iii) por tanto, es muy probable que se incrementen los precios ofertados”, recalca.

OTRAS INQUIETUDES

Entre lo señalado por el CIEN, resalta que no se incorporan mejoras al diseño y funcionalidad de la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DGAE), además de no crear unidades especializadas en la contratación para las entidades a cargo de este proceso y no reconoce la contratación pública como una función especializada.

Agrega que la delegación de atribuciones para la toma de decisión genera confusión, dificultando su implementación entre los distintos niveles jerárquicos dentro de una entidad pública.

Recalca que las Comisiones de Evaluación se conforman de la misma manera que las Juntas de Calificación, por lo que, según el CIEN no aporta nada más que el cambio de nombre, mientras que el método de excepción de Servicios Públicos Municipales constituye una violación flagrante contra toda buena práctica en la materia.

Sostiene que se busca regular materias que son ámbito del servicio civil, como la contratación de personal técnico y profesional en los renglones 029 y 081, así como la contratación de servicios profesionales con cargo al subgrupo 18, lo que desvirtúa legalmente la contratación de personal y legaliza la mala práctica del uso de dicho subgrupo.

“El fraude de ley es notorio. Este tipo de excepciones debe quedar fuera de la regulación de adquisiciones”, sostiene el CIEN.

INICIATIVA REDUCE TIEMPOS DE APELACIÓN

De igual manera, el CIEN resalta que los mecanismos de apelación quedan reducidos en tiempo, alcance y cantidad, pues únicamente se podría presentar una inconformidad por persona durante tres días hábiles posteriores a la publicación, aplicando solo en modalidades de licitación y cotización.

Engelberth Blanco
Engelberth Blanco
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