La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó la solicitud de amparo provisional para frenar el antejuicio en contra de la diputada Ligia Hernández de la bancada Semilla por la citación de fiscales del Ministerio Público (MP), entre ellos Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
El pasado 22 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la solicitud de retiro de inmunidad planteada por la Fiscalía de Delitos Administrativos contra Hernández.
En su momento el ente investigador dirigido por la fiscal general, María Consuelo Porras señaló que la citación era un “delito”, por lo cual los fiscales no asistieron.
Asimismo, la Corte nombró como juez pesquisidor al presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, magistrado Gustavo Adolfo Dubón Gálvez en el caso.
Los magistrados de la CC deberán emitir una resolución definitiva en el caso para que la CSJ pueda citar a la diputada a presentar sus pruebas de descargo, posteriormente se conocerá si se le retira la inmunidad como legisladora.
DELITOS
Según la acusación dentro de la denuncia, Hernández habría incurrido en el delito de abuso de autoridad tras citar a funcionarios del MP, entre ellos, el jefe de la FECI, Curruchiche.
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 4, 2022
En una nota de La Hora titulada “Porras va en serio: antejuicio a diputada por citación a fiscales”, la diputada expresó: ““Fui notificada de una denuncia por abuso de autoridad, interpuesta por la Fiscal General (…), pero de entrada lo considero un ataque político y un exceso del MP”.
Asimismo, la congresista de Semilla explicó. “Y esto lo fundamento en que la solicitud de retiro de antejuicio fue notificada al Organismo Judicial (OJ) un día después de la reelección de Consuelo Porras”.
PRONUNCIAMIENTO DE HERNÁNDEZ
Sobre la resolución de la máxima Corte la diputada expresó, “seguiré defendiendo los derechos que la Constitución me otorga como representante del pueblo de Guatemala y continuaré agotando las instancias que la ley señala ante la CSJ”.
Además, enfatizó sobre el caso “que funcionarios del MP armaron en mi contra, es una clara señal de la persecución política que libran en contra de las opositoras del régimen de corrupción”.
En la misma línea, Hernández advirtió que “si el proceso avanza, no solo limitará nuestra fiscalización, sino la de todas y todos los diputados”.
“LA CITACIÓN QUE ES DELITO”
El 15 de febrero, la bancada Semilla programó una citación con el Secretario de Política Criminal, el secretario contra la Corrupción y Curruchiche, a la cual no asistieron.
En su lugar, enviaron un oficio el cual expresaba que los fiscales no podían ser citados por el Congreso, ya que el MP es “una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas”.
Otro argumento utilizado por el ente investigador fue el artículo 1 de su ley orgánica, “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública”.
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