La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, prevé analizar en el Juzgado de Mayor Riesgo “B” los acuerdos de colaboración de los sindicados en el caso Cooptación del Estado, Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”. Aunque el fiscal del Ministerio Público que dirige María Consuelo Porras aseguró a La Hora que no pedirá la anulación de los compromisos, sus acciones en casos similares dicen lo contrario, lo que, en criterio de analistas, puede aumentar la impunidad en el país.
La Hora publicó el pasado 23 de junio la nota titulada “Convenio de Monzón en riesgo; Curruchiche quiere saber qué se firmó”, en donde Monzón expresó su preocupación por la supuesta decisión de la FECI, de querer anular el acuerdo de colaboración, al manifestar que “teme por la seguridad de su familia y no puede estarse cambiando de país para evitar que localicen en donde se encuentra”.
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Monzón, exsecretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti, goza de libertad luego de cumplir con los convenios de colaboración eficaz en los casos La Línea y Cooptación del Estado, suscritos con el MP.
La Hora consultó con abogados y analistas, quienes opinaron respecto a cómo podría afectar esta decisión de la FECI, de darse la cancelación de estos convenios.
CUX: ÍNDICE DE IMPUNIDAD EN CORRUPCIÓN ES DEL 97 %
Para Edie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, es evidente como el Ministerio Público (MP) limita la justicia, “realmente vemos como la sala de administración de la FECI está cercenando todo el sistema jurídico, en donde es clave esta figura de colaboración eficaz”.
“Ya se ha visto en otros casos que se tiene esa amenaza, y en uno de los más trascendentales como lo es La Línea, es posible que se caiga”, manifestó con preocupación.
Además, externó su preocupación al considerar que este caso es clave para más procesos. “Más que el caso se cae casi todo el sistema jurídico que pueda juzgar al crimen organizado. Prácticamente deja las puertas abiertas para que casos de corrupción permanezcan.
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“Está mostrando un retroceso de más de 30 años en nivel normativo como de investigación criminal, lo cual es preocupante. Los índices de impunidad en casos de corrupción alcanzan hasta el 97 %”, enfatizó.
IBARRA: NO HAY CONTROLES DEMOCRÁTICOS EN ESTOS CASO
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia resaltó que existe una tendencia en el MP de anular convenios de colaboración eficaz en casos que son emblemáticos “como Odebrecht, La Línea y probablemente en otros”.
Según Ibarra “por no ser sujeto procesal no puedo decir cuáles son las implicaciones que tendría en este caso, pero si todo depende de las colaboraciones eficaces el caso puede verse destruido, tal vez no totalmente, pero en gran medida”.
Para Ibarra es posible tener un nuevo rumbo de justicia en el país, ya que “estos casos son signos de que la justicia es independiente en el país, pero esta tendencia del MP preocupa. No hay controles democráticos que estén funcionando para este tipo de casos”, se lamentó.
También hizo alusión a la impunidad del país al considerar que “para quienes tienen poder y están protegidos por el poder imperante en el país, salen beneficiados con esta restauración de patrones de impunidad que estamos viendo hoy”.
QUEZADA: “VENDRÍA A CAUSAR UN RETRASO”
Francisco Quezada, abogado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), recordó que en su momento él consideró inviable la manera en que Monzón calificaba como colaborador eficaz. “Él era autor y gestor del tema y había utilizado los nombres de altos funcionarios para consolidar su red. Es ilegal haberlo convertido en colaborador eficaz”, dijo.
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A pesar de lo anterior, Quezada opina: “Qué a estas alturas hay quienes están impugnando su papel o testimonio como colaborador eficaz, definitivamente vendría a causar un retraso” en el proceso.
Sin embargo, indicó que fue un colaborador que entró con todos los vicios procesales del caso “se puede aprovechar que las pruebas presentadas ya fueron validadas, no se pierden”, expresó.
Además, respecto a si estos convenios y colaboraciones eficaces se cancelaran señaló que “van a procesar a alguien que debió ser procesado, al contrario de generar impunidad se sumaría a recibir las resultas del proceso”.
TENDENCIA A CANCELAR CONVENIOS
La actuación del fiscal Curruchiche ha estado en ocasiones anteriores en la línea de solicitar la anulación de algunos convenios en otros casos de alto impacto, en donde se vincula a exfuncionarios políticos.
Por ejemplo, el pasado 22 de junio Curruchiche confirmó que había solicitado la anulación del convenio de colaboración eficaz suscrito entre el MP y Edgar Cristian, exdiputado del Partido Patriota, y quien habría aportado información en varios casos que vinculan a otros exfuncionarios.
Además, en el caso Odebrecht, Curruchiche fue crítico sobre los acuerdos firmados. Luego que se diera a conocer la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo tras la petición de Alejandro Sinibaldi, con lo cual se anularon los tres acuerdos de colaborador eficaz que se tenían en esa carpeta judicial.
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Hoy se retomó el juicio del caso La Línea, este se encuentra en el desarrollo del debate oral y público.Foto: Diego España/LH pic.twitter.com/WuqSfs2N5D
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Seguidamente, el jefe de la FECI afirmó que se presentaría una solicitud de antejuicio en contra de la jueza Claudette Domínguez “por el actuar que ésta pudo tener al avalar los acuerdos de colaboración eficaz”.
Curruchiche cumplió su anuncio, aunque luego la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición para dar trámite a la solicitud de retiro del derecho de antejuicio.
