Autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a ejecutar en el año electoral (2023) los fondos que no se utilicen durante 2022. Foto: La Hora/Presidencia.

La aprobación del Decreto 30-2022 del Congreso de la República que autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a ejecutar en el año electoral (2023) los fondos que no se utilicen durante 2022 constituye un retroceso a los procesos de transparencia y cuentadancia, según el Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC).

REGRESIÓN IMPLÍCITA EN LA LEY

Específicamente, la organización distinguió que este retroceso se evidencia en los párrafos adicionados y otros suprimidos entre los artículos del decreto “que contenían disposiciones que de una u otra forma frenaban el uso indebido del erario público”.

El FCCC señaló entre los artículos reformados al 41, 82 y 129, que son normas complementarias para la ejecución presupuestaria contenidas en el Decreto 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

“A dichos artículos como bien expresé se les suprimen o adicionan párrafos sumamente cuestionados y que propician poca transparencia”, remarcó Mariana Rohrmoser, directora del FCCC.

ART.41: DE VUELTA A PRÁCTICAS POCO TRANSPARENTES

Explicó que, por ejemplo, al artículo 41 del presupuesto que el Congreso aprobó en noviembre pasado, se le derogó su último párrafo, el cual obligaba a los Codedes a reintegrar al Fondo Común del Estado los saldos presupuestarios correspondientes a obras no ejecutadas en ejercicios fiscales anteriores.

“Suprimir esta norma constituye un riesgo grave para algunos Codede, pues permite retomar prácticas poco transparentes, retrasando intencionalmente la ejecución de las obras, con la finalidad de malversar los recursos no ejecutados e incluso invertirlos a plazo fijo y obtener rendimientos financieros ilícitos”, dijo.

ART.82: RECOBRAN PRÁCTICAS PASADAS FRAUDULENTAS

Otro cambio preocupante para el Frente es la adición del párrafo al artículo 82 de la ley anual del presupuesto de 2022, el cual hace referencia al seguimiento de la inversión física y georeferencial.

 

“¿Con ello qué se persigue?”, cuestionó Rohrmoser; “exceptuar a los proyectos ubicados en el área rural de la obligación de disponer de dispositivos que registren en línea el avance de las obras físicas, y regresar a la técnica de las fotografías, reemplazando este registro visual en línea de las obras”, infirió.

A lo anterior, la también coordinadora ejecutiva del FCCC agregó que en los tribunales de justicia se encuentran varios casos relativos a obras inconclusas, fragmentándose el avance físico con supuestas fotografías.

“Esto constituye un riesgo de volver a prácticas fraudulentas del pasado”, declaró.

ART.129: RECURSOS SE DESVÍAN DE ACCIONES NECESARIAS

Además de reformar los artículos sobre la ejecución y registros de los proyectos de los Codedes, la alianza oficialista aprobó una ampliación presupuestaria para la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y Fortalecimiento de la Salud por Q290 millones para impulsar proyectos sobre agua, saneamiento, drenajes, educación e infraestructura, entre otros, que deberán ser ejecutados por dichos Consejos.

Dicha modificación, según Rohrmoser permitirá que los Codedes puedan destinar los Q290 millones aprobados al financiamiento de proyectos de infraestructura. “Es decir, para lograr dicha utilización agregaron esta palabra ‘infraestructura’”, consideró.

Para la integrante del FCCC lo anterior puede ser interpretado como un gran riesgo, “pues los Codedes podrían desviar estos recursos de las acciones realmente necesarias para enfrentar la desnutrición infantil y otros”.

A su vez, esta disposición, en criterio de la Directora presume un riesgo para financiar obras de infraestructura “plagadas de anomalías y actos de corrupción, tal como ocurre con demasiada frecuencia en la ejecución presupuestaria de los Codede”.

Más allá de proyectos de agua, saneamiento, drenajes, educación y otros proyectos relacionados al fortalecimiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, puntualizó que los Codede puedan destinar los Q290 millones aprobados, para financiar proyectos de infraestructura.

El Congreso de la República. Foto La Hora/Congreso

“Esta disposición constituye un riesgo grave de que los Codede desvíen estos recursos de las acciones realmente necesarias para enfrentar la desnutrición infantil, para financiar obras de infraestructura plagadas de anomalías y actos de corrupción, tal como ocurre con demasiada frecuencia en la ejecución presupuestaria de los Codede”, concretó.

Jeanelly Vásquez
Periodista profesional de la USAC, actualmente cursando la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Becaria en International Women’s Media Foundation (IWMF). Elabora piezas de investigación y profundidad, enfocadas en el gasto público, derechos humanos y la política guatemalteca. Tiene experiencia en producción de podcast y contenido en redes sociales; ha cubierto la fuente volante y el Organismo Ejecutivo. Twitter: @jeanellydvg
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