El ex jefe de la policía nacional de Honduras compareció por primera vez el miércoles ante un tribunal de Nueva York después de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales por narcotráfico, un día después de que el exmandatario de la nación centroamericana se declaró inocente de cargos criminales relacionados.
Juan Carlos Bonilla Valladares, de 62 años, quedó detenido sin derecho a fianza después del procedimiento de 10 minutos ante un juez en la corte federal de Manhattan. Un abogado designado para su representación declinó comentar sobre el caso.
Conocido como «El Tigre», Bonilla Valladares se desempeñó al frente de la policía en 2012 y 2013. Fue arrestado el 9 de marzo después de que los fiscales estadounidense lo consideraron cómplice del expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández.
Un fiscal dijo que fue entregado a las autoridades estadounidenses antes del mediodía del martes y llegó anoche al área de Nueva York. Enfrenta cargos relacionados con armas y tráfico de drogas. «El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no habría llegado al poder ni se habría beneficiado de los enormes ingresos por drogas de no ser por su extensa red de allegados corruptos», dijo Anne Milgram, administradora de la DEA.
#LHInternacional Bonilla, director de la Policía entre 2012 y 2013, fue capturado el 9 de marzo al norte de Tegucigalpa y recluido en una celda del Batallón de Infantería. ⬇️ https://t.co/kQP7CqmcUs
— Diario La Hora (@lahoragt) May 10, 2022
«Estos allegados, como Bonilla Valladares, de igual forma aprovecharon sus cargos para traficar cocaína hacia Estados Unidos y proteger mediante la violencia a otros narcotraficantes con conexiones políticas, todo para su beneficio propio», dijo en un comunicado. «Bonilla Valladares traicionó todavía más al pueblo de Honduras al usar su placa para encubrir sus delitos».
El fiscal federal Damian Williams dijo que la extradición de Bonilla Valladares «demuestra que nadie está exento en virtud de su cargo o autoridad de ser procesado penalmente por contribuir al flujo de narcóticos ilegales hacia este país que tanto daño provocan, ni siquiera los presidentes y jefes de policía extranjeros».
Los cargos federales en contra de Bonilla Valladares se dieron a conocer en abril de 2020, cuando las autoridades aseguraron que usó su influencia policial para proteger los cargamentos de cocaína que se dirigían a Estados Unidos. Bonilla negó en ese momento estar involucrado en el trasiego de drogas.
En aquel entonces dijo que iría a donde fuera necesario para demostrar la falsedad de las acusaciones e insinuó que las acusaciones fueron hechas por narcotraficantes que buscaban un acuerdo. Hizo mención de una añeja cooperación con el Departamento de Estado de Estados Unidos como evidencia de que el gobierno estadounidense confiaba en él.
El martes, un abogado del expresidente de Honduras realizó acusaciones similares semanas después de que Hernández fuera extraditado a Nueva York para enfrentar cargos de que recibió millones de dólares entre 2004 y 2022 para apoyar el tráfico de cientos de toneladas de narcóticos hacia Estados Unidos.
Hernández, quien gobernó la nación centroamericana entre 2014 y 2022, ha negado las acusaciones que incluyen participar en una conjura para traficar drogas, posesión de ametralladoras y dispositivos de destrucción, y asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos de destrucción. El juicio iniciaría tentativamente el 17 de enero.
El abogado Raymond Colon dijo el martes fuera de la corte que creía que el expresidente era víctima de las mentiras contadas por narcotraficantes que intentaban reducir sus prolongadas sentencias en prisión. También mencionó lo que describe como la extensa cooperación de su cliente con las agencias federales de Estados Unidos para ir tras narcotraficantes y su disposición para que fueran extraditados hacia Estados Unidos. El hermano del exmandatario, Tony Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua tras ser declarado culpable en octubre de 2019 en un tribunal de Nueva York de cargos de narcotráfico que, según la fiscalía, era una operación auspiciada por el gobierno.
