La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó, el pasado 4 de mayo, un Acuerdo de Solución Amistosa en el que señala que la falta de garantías impidió la participación política de Zury Ríos como candidata presidencial en el proceso electoral de 2019. Analistas consultados por La Hora explicaron sus puntos de vista y los escenarios que podrían originarse en torno al tema.
EDGAR ORTIZ: ¿QUÉ SIGNIFICA QUE NO SE DEBE REPETIR?
Edgar Ortiz, abogado conocedor del Derecho Constitucional, indicó que este acuerdo deja varias preguntas abiertas y es ahí donde debe centrarse la discusión en los pasos que se deben seguir.
“La discusión debe centrarse en ¿qué significa que no se debe repetir?, ¿Significa que se debe reformar la Constitución o que la Corte de Constitucionalidad interpretó mal el artículo? Como guatemaltecos quedan muchas preguntas abiertas”, aseguró.
Ortiz añadió que en cierta medida el acuerdo sí es vinculante porque lo que dice es “mire, usted le violó los derechos políticos a Zury Ríos en 2019 al no permitirle participar, arréglelo para que no se repita”, explicó.
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RENZO ROSAL: “LA RESOLUCIÓN ES EXCLUSIVA DE UN HECHO PASADO”
El analista independiente Renzo Rosal dijo que no se debe considerar que dicho acuerdo le da facultades para una eventual participación en las próximas elecciones presidenciales.
“Hay que ver que esa resolución desde mi lectura tiene que ver con su intento de participación en las elecciones anteriores, es exclusiva de un hecho que ya pasó, no debe considerarse que la CIDH de una vez está habilitándola para el proceso electoral venidero”, advirtió.
Según Rosales hay actores que a futuro podrían utilizar este acuerdo para beneficiar o perjudicar a Ríos.
“De manera indirecta esta decisión de la Corte genera un poco de ruido en términos que es evidente que Zury Ríos querrá intentar inscribirse, y esta resolución la quieran utilizar deferentes actores tanto a favor como en contra”, comentó.
Agregó que se deben tomar en cuenta varios factores para analizar la resolución y que no se crea que se tiene un sentido hacia adelante sino es un fallo que estaba pendiente sobre un hecho de hace tres años.
CARLOS BEZARES: “ES UNA FORMA DE FINALIZAR EL PROCESO”
Carlos Bezares, abogado especialista en temas constitucionales, explicó que el Acuerdo de Solución Amistosa es un convenio entre el Estado de Guatemala por medio de la PGN y Ríos.
“Es un acuerdo entre las partes, entre el Estado de Guatemala, representado por la Procuraduría General de la Nación y Zury Ríos, la CIDH interviene porque es la forma de finalizar un procedimiento que estaba sometido a conocimiento de esa Comisión”, indicó.
Bezares también aseguró que por medio de un contrato no se puede modificar la Constitución. “La Comisión lo que acepta es que esa es una forma de solución al problema, pero no está refrendando el contenido del convenio”, explicó.
Agregó: “Aquí cabe cuestionarse cómo desde un contrato van a querer cambiar la Constitución y cómo el PGN (Jorge Luis Donado) hizo esa aberración jurídica; esas son las preguntas centrales que nacen de ese convenio”, aseguró.
PUBLICACIÓN DE ACUERDO
La CIDH publicó el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) para reparar a Ríos, excandidata a la presidencia alcanzados en una conciliación con el Estado de Guatemala, que reconoce la falta de garantías que le impidió su participación política en las elecciones presidenciales del 2019.
El acuerdo se da a conocer cuando se habla que la relación de Ríos Rosa con el presidente Alejandro Giammattei pasa por momentos bajos, contrario al acuerdo alcanzado el año pasado que ha permitido sumar los votos de los diputados de Valor al oficialismo.
Según la información publicada este miércoles, el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), reconoció sus obligaciones y, en respuesta a la resolución, se comprometió a ciertas acciones para fomentar la participación política de las mujeres.
De este modo, el caso de violaciones a los derechos humanos, presentado por Ríos, no será elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CRONOLOGÍA DEL ACUERDO AVALADO POR LA PGN
El 24 de mayo de 2019 la CIDH recibió la denuncia de la excandidata de Valor en donde señalaba la supuesta violación de su derecho a la integridad, garantías judiciales, libertad de expresión, garantías de protección judicial, protección de honra y dignidad, entre otros derechos políticos y civiles.
Ríos responsabilizó de estas afectaciones al Estado de Guatemala en su perjuicio, el de su hija y de Roberto Molina Barreto, luego que tanto el Tribunal Supremo Electoral como las cortes del país, incluida la de Constitucionalidad, denegaron la inscripción de su candidatura presidencial con base en una prohibición constitucional por ser hija de Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto el país entre 1982 y 1983.
El 6 de julio de 2021, el Estado indicó su voluntad de avanzar en el proceso de negociación, por lo cual el 25 de agosto de 2021, la CIDH notificó a las partes formalmente el inicio del procedimiento, que se materializó con la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa el 28 de diciembre de 2021.
El acuerdo destaca la suscripción de Jorge Luis Donado Vivar, procurador General de la Nación, bajo distintos parámetros distinguidos por la Comisión, entre estos: “el derecho a la participación política genera la obligación del Estado de otorgar condiciones favorables para garantizar a los ciudadanos la realización de aquellas actividades relacionadas a la designación de sus gobernantes o en la formación de la política estatal”.
