Las organizaciones realizaron una conferencia de prensa en la Plaza de la Constitución. Foto: Fundebase

Organizaciones de Sociedad Civil realizaron hoy una conferencia de prensa en la Plaza de la Constitución, para dar a conocer un análisis de la aplicación de las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), detallando que varias de las exigencias de fiscalización contenidas en estas ya estaban contempladas en otras normativas.

 

Recordaron que la organización civil en Guatemala históricamente ha recibido ataques por parte del Estado, desde el Conflicto Armado Interno.

Dentro de su pronunciamiento recuerdan que, desde inicios de la era democrática en enero de 1986, las organizaciones de la sociedad civil han buscado fortalecerse, aprovechando el compromiso del Estado, de promover el derecho de libertad y asociación, contenidos en los Acuerdos de Paz y en la Constitución.

Asimismo, destacan que, en el año 2017, fue presentada la iniciativa 52-57, reformas a la Ley de la ONG, para el desarrollo, misma que fue aprobada en febrero del 2020 y sancionada por el presidente, Alejandro Giammattei, el 27 de febrero.

La vigencia de dicho decreto demoró un año a causa de amparos presentados por las organizaciones sociales en la Corte de Constitucionalidad, la ley entró en vigor en junio del 2021.

 

REMARCAN QUE NO RECIBEN FONDOS GUBERNAMENTALES

Agregan que quienes defienden las reformas a la ley de ONG, señalan que es para fiscalizarlas y afirman que los que se oponen, no quieren ser fiscalizados.

No obstante, mencionan que la fiscalización a las organizaciones, que reciben fondos del presupuesto nacional, no es algo nuevo, ya está estipulado en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, específicamente en su segundo artículo, según el decreto 31-2002.

Por lo que afirman que, “las organizaciones que ejecutan fondos estatales son fiscalizadas por los órganos correspondientes”.

También agregaron que, “las organizaciones de sociedad civil que reciben fondos no gubernamentales, para ejecutar proyectos de beneficio social, cuentan con contabilidad y auditorías externas, que deben de ser presentados a los donantes, es decir, que sí existe fiscalización, por quien provee los fondos y también por administración tributaria”.

Por otro lado, cuestionaron: “por qué desean controlar a las organizaciones, cuál es el afán y el temor, porque la sociedad está llamada a controlar el poder, la ciudadanía organizada es el último bastión que debe controlar todo el aparato estatal”.

A la vez, afirmaron que esto se trata del control y como quieren hacer esto con la sociedad, que se opone a la gestión gubernamental”.

 

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