La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le dio dictamen favorable al proyecto de ley que propone que los fondos asignados para seguros médicos de trabajadores de entidades públicas sean trasladados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para atención de la población.
Esa sala legislativa le dio luz verde a la iniciativa que busca incluir en el Presupuesto de 2021 un rubro específico para esto.
Los argumentos de la propuesta es que el Estado de Guatemala debe garantizar la transparencia y adecuado uso de los recursos, evitando que se dupliquen gastos destinados a la atención médico-hospitalaria.
Los montos de seguros médicos se asignarían al presupuesto que debe ejecutar en el presente año al Ministerio de Salud para fines de cobertura de salud a los guatemaltecos.
LA INICIATIVA
De acuerdo con el documento, la intención es reformar la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, indicando que en los presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente con las políticas, planes de acción del Gobierno y de desarrollo territorial.
Además, se menciona que el sector público, incluidas las municipalidades, generan responsabilidad directa por proponer, pactar o contratar cualquier tipo de servicio que implique el debilitamiento del sistema de seguridad social “por ser un bien tutelado por el Estado”.
Excluye únicamente a los empleados públicos que se encuentran dentro del Organismo Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Gobernación, o quienes lo requieran, según el criterio de riesgo.
Es decir, el funcionario o empleado público que autorice la contratación y/o pago de seguros médicos, con cargo al presupuesto del organismo o dependencia, quedará sujeto al reintegro del monto contratado y pagado.
AUDITORÍA INTERNA
El proyecto contempla que las unidades de auditoría interna de las entidades obligadas a cumplir con esta norma y la Contraloría General de Cuentas sean las responsables de velar por la aplicación de lo establecido.
De ser aprobada la iniciativa, se incluiría un artículo transitorio en la Ley del Presupuesto, en el que se establece que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá trasladar la modificación presupuestaria al Congreso, para lo cual la cartera tendrá un plazo de 60 días desde que entre en vigor la ley.
