Francisco Cáceres Barrios
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Cuando la CICIG inició sus operaciones en Guatemala muy pocos tuvimos confianza en que pudiera llevar a cabo el combate a la corrupción con eficacia y no fue sino hasta cuando se destaparon la innumerable cantidad de delitos en que incurrieron el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Baldetti, que empezamos a palpar la importancia que puede llegar a tener el que una entidad que no está bajo el control de la cúpula de poder, pueda combatir eficazmente la corrupción.
Lo anterior se vino a confirmar cuando se acusó al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales de algunos delitos que dejaron al descubierto la corrupción imperante en una dependencia pública, lo que permitió que la población se fuera percatando que era legítimo el interés y capacidad de la CICIG para cambiar las cosas en el país, como que no importaba el rango o la calidad del delito, tampoco el nombre o cargo de la persona que lo estaba desempeñando para que por fin se hiciera justicia, aunque por la misma corrupción todavía vigente en el sistema haya impedido su pronta y eficaz ejecución.
Pero, lo que son las cosas, esto último para algunos, constituyó el principio de la salida de la CICIG de Guatemala y para otros, la consolidación de su prestigio, sumándose la credibilidad y la confianza que fue ganando paulatinamente.
Todo ello demostró la importancia de separar del gobierno su fiscalización, lo que, unido a otros elementos indispensables, como la eficacia de un Ministerio Público autónomo, aguerrido y competente, fueron útiles para construir los cimientos que permitieron un eficaz combate a la corrupción en nuestro país, aunque no todo haya sido perfecto.
Pero si las personas que integran la recién nombrada Comisión Presidencial contra la Corrupción forman parte del Ejecutivo, ¿alguien podrá garantizar que se va a encargar de detectar sus propias irregularidades? En verdad, se aprecia a primera vista cómo una misión imposible o al menos no creíble, todavía más cuando la entidad se conformó con el mismo Presidente, sus ministros de Gobernación y Finanzas; el Procurador General del Nación y con secretarías y de la Presidencia como sus propios Directores Ejecutivos nombrados y dependientes de la misma Presidencia.
De sobra sabemos todos que hoy en día el gobierno de Alejandro Giammattei es quien más requiere de mucha confianza y credibilidad, con esto más, que es bien sabido por todos que la mayoría está deseosa de brindársela, para lo cual se requiere no solo de una correcta y honesta aplicación de las ciencias políticas, sino que sus resultados debieran ser refrendados por una auditoría externa, pues la interna, únicamente puede servir como correctivo de su propio actuar pero que jamás podrá darle la imagen que se necesita dentro de nuestra sociedad y más todavía en el extranjero. Para finalizar, no se puede dejar de mencionar que hace ocho años, Pérez Molina y la Baldetti hicieron lo mismo con nefastos resultados.
