POR HEDY QUINO
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La organización civil Acción Ciudadana (AC) y la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda, (AEU) señalaron que el presidente Jimmy Morales al sancionar la Ley de Aceptación de Cargos y no vetarla, actuó al servicio de las mafias y por interés propio, ya que las reformas al Código Procesal Penal que aprobó el Congreso afectan al Sistema de Justicia del país.
El director de Acción Ciudadana, Edie Cux, indicó que Morales ha perdido el rumbo total del país y está al servicio de las mafias, ya que al hacer caso omiso a un llamado que hicieron varios abogados, expertos en el tema, solicitándole que vetara la ley, deja ver que ha perdido la objetividad y simplemente quiere beneficiarse así mismo, así como a las personas que estén posiblemente detrás de él, impulsado reformas de este tipo.
El secretario de actas de la AEU, Elías Domínguez, afirmó que el mandatario tomó una postura que se esperaba, pues tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo se ha manejado una agenda para cubrirse las espaldas, sobre todo a él, puesto que en la ley se establece que pueden optar a la reducción de penas, aquellos que han cometido el delito de financiamiento electoral ilícito, falta por la cual Morales ha sido señalado.
ASIES: ATENCIÓN DEBE IR DIRIGIDA AL CONGRESO MÁS QUE EN EL PRESIDENTE
Por su parte, el politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Pablo Hurtado, dijo que la atención por la aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos debe estar centrada en el Congreso más que en el presidente Morales, ya que su aprobación se hizo en ese organismo.
“La opción de vetar la ley que se esperaba que hiciera el Presidente no era muy realista, toda vez que la bancada oficial fue parte activa en la promoción de esta ley. A raíz de su publicación en el Diario Oficial vendrán las impugnaciones que corresponden, ya que esta ley prácticamente contempla una reducción de penas sin más consecuencia”, declaró.
ANALIZAN PRESENTAR INCONSTITUCIONALIDAD
Esta mañana en el Diario Oficial fue publicada la Ley de Aceptación de Cargos, la cual fue sancionada y firmada por el presidente Morales, el ministro de Gobernación Enrique Degenhart y el Secretario de la Presidencia, Carlos Martínez. El decreto 10-2019 entrará en vigor en un mes a partir de este día.
Por esta situación, Acción Ciudadana y la AEU analizan presentar una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de esta normativa para evitar que salga a la vida jurídica y pueda utilizarse en el Sistema de Justicia.
Además, ambas instituciones están a la espera que la máxima Corte resuelva una solicitud de amparo que requirieron de manera individual, para que las actuaciones del Congreso, respecto a esa ley, se retrotraigan y evitar la vigencia de esta.
MP INICIA ANÁLISIS
Unos días después que el pleno de diputados aprobara la Ley de Aceptación de Cargos, en una actividad, la fiscal general, María Consuelo Porras, afirmó que analizarían el contenido de la normativa para tomar las acciones legales pertinentes.
Se le consultó a la portavoz del Ministerio Publico (MP), Julia Barrera, si ya se tenía alguna decisión por parte de la Fiscal, a lo que respondió que, con la publicación de la ley se realizará el análisis jurídico correspondiente.
ACEPTACIÓN DE CARGOS
El 12 de noviembre de este año, los diputados aprobaron la Ley de Aceptación de Cargos, decreto 10-2019, reformas al Código Procesal Penal, la cual deja la puerta abierta para que exfuncionarios, diputados, funcionarios y empresarios que enfrentan una investigación judicial, queden libres de todo proceso penal y sean beneficiados con el 50% de rebaja a la pena, al aceptar los cargos que se les imputa.
Aunque en uno de los artículos se estableció que un número de delitos, como el genocidio, ejecución extrajudicial, femicidio, violación sexual y los delitos contemplados en la Ley Contra la Narcoactividad, este beneficio no será aplicable, sí lo será para los delitos que contemplan las leyes como: Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Ley del Crimen Organizado, Ley Contra la Corrupción y la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, así como el delito de financiamiento electoral ilícito y financiamiento electoral no registrado.
Además, los que se acojan al procedimiento de aceptación de cargos no estarán obligados a declarar como testigo protegido o colaborador eficaz.
