Hace siete días publicamos un editorial relacionado con la forma acelerada en la que se adjudicó la contratación para construir 3 puentes, repitiendo patrones que se vivieron en gobiernos pasados cuando de manera acelerada se firmaban contratos con empresas carentes de experiencia. Todo venía de la nota publicada el día anterior detallando cómo, al “amparo” de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, en el lapso de muy pocos días se hizo la convocatoria dirigida a pocas empresas para realizar la construcción de tres puentes, misma que fue resuelta por el Micivi a velocidad de rayo por un monto total de 276 millones.
Dada la forma escandalosa en la que se ejecutaron las convocatorias y las adjudicaciones, La Hora consultó con constructores de experiencia en el tema de puentes para solicitar una adecuada valoración de los tres proyectos que, repetimos, fueron adjudicados a empresas sin experiencia y con una velocidad que raras veces muestra alguna dependencia pública. Luego de las consultas, obtuvimos una cotización de una empresa calificada y con experiencia. Hoy estamos publicando el resultado de esa consulta y se observa una sobrevaloración de 148 millones de quetzales. En la nota detallamos los rubros que fueron considerados por la constructora que fueron consultados para detallar la forma precisa en que hicieron su trabajo.
Ya la simple forma en que se convocó y se adjudicaron las obras era suficiente elemento para sospechar que estábamos recurriendo a los viejos patrones de gobiernos anteriores en las que, literalmente, no había obra sin sobra, situación que fue el factor específico por el cual la ciudadanía eligió a Bernardo Arévalo como Presidente de la República. El hartazgo de la ciudadanía frente a las prácticas tradicionales de nuestros funcionarios que no solo usaban su poder para enriquecerse y lavar dinero, sino que, además, se blindaron con la coraza de impunidad, hizo que los electores dieran en las urnas el mandato de un radical viraje para salir de esas sucias prácticas que destruyen al Estado.
Por supuesto que debe buscarse la forma en que la lentitud burocrática no entrampe la construcción de infraestructura prioritaria, pero eso jamás debe ser mediante operaciones oscuras que, finalmente, sirven para hacer los mamarrachos que nos dejaron gobiernos anteriores y con sobrevaloraciones que lloran sangre. Con Q148 millones, ¿cuántos puentes más se pueden hacer? La transparencia es prioridad si queremos tener buena infraestructura, pues lo que hay hoy es resultado de los oscuros negocios que se volvieron tradicionales y que por lo visto, están para quedarse sin importar quien dirija el país.
Señalamos en los trabajos de investigación y en el anterior editorial relaciones sospechosas de algunas empresas, así como esa increíble agilidad para asignar las obras. Pedimos información al Ministerio encargado, pero en eso sí mostraron cómo opera la administración pública y estamos aún esperando respuesta.
Hoy la Ministra de Comunicaciones, Norma Zea, despeja dudas y se muestra la principal defensora del negocio diciendo que en redes vemos opiniones que más que informar, desinforman porque carecen de todo sustento técnico. Nosotros lo tenemos todo sustentado con estudios, dijo. Añadió que los proyectos contemplan, no solo diseño y construcción, sino que hay que hacer trabajos de mitigación y demolición de infraestructuras existentes. ¿Si son tan transparentes, por qué no tienen las ofertas en Guatecompras de los contratistas sin experiencia? Ver rubro por rubro es necesario.
Bajo su lógica, ahora resulta que los trabajos de mitigación y demolición valen lo mismo que los puentes, pero lo más triste de todo, es que hay muchos que se tragan esos cuentos y defienden lo indefendible.
La Contraloría de Cuentas debe proceder a auditar esas contrataciones para verificar si hay o no sobreprecio, tal y como lo considera La Hora tras consultar a constructores con experiencia y solvencia.
