Mientras surgen denuncias por la supuesta compra de puestos dentro del Organismo Judicial (OJ), como lo reveló La Hora, lo que desencadenó una investigación de oficio del Ministerio Público (MP) por posibles actos de soborno, que se suma a otra investigación de autoridades estadounidenses contra un juez por la posible recepción de coimas para mantener abierto un proceso, las autoridades aseguran que se hicieron acreedores de un certificado antisoborno.
En una actividad realizada en la sala de vistas, la cual no fue publicitada, la presidenta del OJ, Claudia Paredes, recibió la certificación 37007-2025 por prácticas anticorrupción, brindada por la empresa colombiana Icontec y, según Paredes, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
«Hablar de prevención del soborno es hablar realmente de integridad pública, de integridad institucional, de responsabilidad en el ejercicio de la función judicial y fundamentalmente de confianza institucional», resaltó Paredes en su discurso.
Sin embargo, evadió a los medios de comunicación que esperaban conocer su postura ante las investigaciones periodísticas de La Hora, en las cuales se reveló la forma en que personal administrativo del área de Recursos Humanos solicita «padrinos políticos» o pagos para el otorgamiento de las plazas en las distintas judicaturas.
Pero en su discurso, Paredes afirmó que la «confianza no se obtiene mediante declaraciones, se construye todos los días en cada decisión, en cada procedimiento, en cada actuación de quienes tenemos el alto honor de servir a Guatemala».
Irónicamente, mientras el MP investiga la venta de plazas dentro del OJ, este certificado es para aplicar en las áreas de «adquisición de bienes y servicios», según resaltó Paredes en su discurso, «está en la parte puramente administrativa», .
Aunque de momento, por medio de un comunicado, el OJ afirmó que iniciarán las investigaciones internas por las denuncias de venta de plazas, Paredes aseguró que el organismo mantiene «una política de tolerancia cero frente al soborno y a cualquier práctica a la integridad pública», aunque al retirarse evitó explicar de qué forma está abordando el tema denunciado.
