Ayer publicamos una importante investigación periodística sobre la contratación para construir 3 puentes en las que se privilegió la “prioridad” a la transparencia volviendo a viejos patrones en los que a dedo se escogía a los contratistas sin tomar en cuenta siquiera la experiencia, no digamos la correcta valoración de los trabajos. La clave de todo está en que los tres concursos se publicaron en Guatecompras, el 25 de junio de este año, con la recepción de ofertas realizadas el 30 del mismo mes y las autoridades encargadas de la “Recepción, Verificación, Evaluación y recomendación de la Dirección de Caminos” resolvió dos días después.
Todo se da en el marco de la nueva ley de infraestructura prioritaria, pero es necesario hacer ver que los proyectos que se liciten bajo el amparo de esa ley, deben llevar mejores mecanismos de comunicación para anunciar que viene el concurso y con eso dar chance a que más empresas, especialmente más calificadas, puedan participar. Algo de lo que encarece la obra pública es que son intermediarios sin experiencia que terminan contratando a quien sí la tiene, pero esa “intermediación” genera un enorme sobrecosto y es preocupante que este Ministerio de Comunicaciones repita el patrón de otras administraciones.
Estamos hablando de puentes tan necesarios como todo lo que urge hacer en la infraestructura del país, pero también de 276 millones de quetzales y, sabiendo cómo se cuecen las habas aquí, tenemos obligación de ser desconfiados, sobre todo cuando vemos que no se hizo una adecuada y general convocatoria a todas las empresas con experiencia ni se dio tiempo para que cada una de ellas valorara si podía o le interesaba participar. Es más, viendo la tremenda velocidad en que los contratistas presentaron hasta el presupuesto de lo que harían, y supuestamente los planos de los puentes, debemos imaginar que son verdaderos genios porque antes del 25 de junio ni sabían –oficialmente, desde luego– que se iba a realizar ese oscuro concurso.
Durante años las licitaciones de todo tipo han estado orientadas y dirigidas para ser otorgadas a empresas con las que ya había algún “contacto”, para decirlo elegantemente. Pero aun así, se tapaba el ojo al macho al menos con el tiempo que requerían para visitar el lugar, elaborar planos preliminares y preparar una oferta. Claro está que reducir los tiempos es una tarea necesaria, pero ello no puede ser a costa de la transparencia. Todo eso mismo se logró en cinco días y no hay que ser mal pensados para creer que tuvo, por fuerza, que haber gato encerrado, porque es imposible que hasta la más experimentada empresa pudiera elaborar su propuesta a esa velocidad de la luz.
Y, para corroborar las dudas, resulta que al consultar a las empresas una de ellas respondió por medio de una “comunicadora” que, grandísima casualidad, es la hermana de la comunicadora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entidad que fue pieza absolutamente clave en el manejo de los negocios de gobiernos anteriores, mismos que llevaron a mucha gente a votar por Arévalo, con la intención de que esos patrones serían eliminados.
No ver nada sospechoso en esos comportamientos sería pecar de ingenuos. Más importante que las contrataciones de emergencia que alienta la “ley de infraestructura vial prioritaria” -aprobada por nuestros honestos y flamantes congresistas- lo que el país necesita es transparencia y decencia en la ejecución de la obra pública, lo cual sigue estando muy lejos.
