La cuenta regresiva para una de las decisiones más relevantes en materia de telecomunicaciones está llegando a su punto crítico.
El Gobierno se encuentra ante la posibilidad de decidir si mantiene vigente o intenta revertir la adjudicación realizada en 2023 de una de las porciones más estratégicas del espectro radioeléctrico: la banda de 700 MHz, utilizada para servicios móviles y considerada especialmente importante para ampliar cobertura y mejorar la calidad de las redes, particularmente en áreas rurales y dentro de edificios.
Sin embargo, la discusión ya no se limita a cuánto pagaron las empresas por el espectro, también involucra la documentación que sustentó el precio base, las condiciones bajo las cuales se desarrolló la subasta, el nivel de competencia que existió entre los participantes, los antecedentes de la banda antes de 2023 y las consecuencias que tendría para el Estado y para los usuarios, una eventual reversión.
UNA SUBASTA DE DUDAS
La subasta se realizó el 12 de septiembre de 2023. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) adjudicó 60 MHz distribuidos en seis bloques de 10 MHz a dos empresas: Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. (Telgua), vinculada a Claro, y Comunicaciones Celulares, S. A. (Tigo).
El resultado dejó al Estado con ingresos por aproximadamente Q1 mil 006 millones. Telgua obtuvo 40 MHz por alrededor de Q670.7 millones, mientras Tigo recibió 20 MHz por aproximadamente Q335.4 millones. Los derechos fueron otorgados mediante un usufructo de 20 años, con vencimiento previsto para 2042.
Tres años después, el mismo proceso se encuentra bajo fiscalización y revisión.
La actual SIT ha reconocido ante el Congreso que no ha logrado localizar el estudio técnico y económico que habría sustentado la valoración utilizada para establecer el precio base de la subasta.
El hecho abrió una nueva interrogante: si el Estado recibió una contraprestación adecuada por el uso de un recurso público o si el mecanismo utilizado para establecer el precio pudo haber dejado de considerar elementos relevantes.
Las preguntas aun no están resueltas.
Lo que sí está claro es que el debate sobre los 700 MHz ha dejado de ser exclusivamente tecnológico. Ahora es también una discusión sobre patrimonio estatal, competencia, regulación, inversión y certeza jurídica.
UNA FRECUENCIA BAJO ESCRUTINIO
La banda de 700 MHz no es una frecuencia cualquiera.
Dentro del espectro radioeléctrico, las bandas bajas tienen características físicas que las vuelven especialmente útiles para ampliar cobertura. La señal puede propagarse a mayores distancias y penetrar mejor determinados obstáculos, lo que permite utilizarla tanto para mejorar la cobertura en zonas rurales como para fortalecer la señal dentro de viviendas y edificios.
Lucas Gallitto, director para América Latina y el Caribe de la Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), explicó a La Hora que precisamente esa es una de las características que hace estratégica a la banda.
“Es una banda que tiene muy buena cobertura indoor, es decir, dentro de tu casa”, explicó. También señaló que tiene buenas condiciones de propagación en zonas rurales, por lo que puede utilizarse para mejorar la experiencia de los usuarios que se encuentran en los bordes de cobertura.
La GSMA, asociación global de la industria móvil, publicó en agosto el informe “Guatemala 2030: Políticas para la (r)evolución digital”, en el que analiza los avances y desafíos del país en materia de conectividad.
La organización señala que durante la última década los operadores móviles han invertido alrededor de USD 3 mil millones en infraestructura de red y que Guatemala cuenta actualmente con aproximadamente 95% de cobertura poblacional de redes móviles y 11.4 millones de suscriptores móviles únicos.
El país lanzó servicios comerciales 5G en 2022 y, según los datos incluidos por la GSMA, la cobertura de esta tecnología alcanza cerca del 40% de la población, con más de 4 millones de usuarios activos.
Pero mientras la industria destaca esos avances, el Estado analiza precisamente una de las decisiones que permitió ampliar la disponibilidad de espectro para las redes móviles.
EL DÍA DE LA SUBASTA
El 12 de septiembre de 2023, la SIT realizó la segunda subasta de frecuencias radioeléctricas de ese año destinada a servicios móviles.
El proceso puso a disposición 60 MHz de la banda de 700 MHz, distribuidos en seis bloques de 10 MHz.
Los bloques estaban identificados como A, B y C, además de sus respectivos bloques pareados A’, B’ y C’. El bloque A+A’ fue adjudicado a Tigo por Q335 millones 458 mil, mientras que B+B’ y C+C’ fueron adjudicados a Telgua por Q335 millones 397 mil cada uno.
En términos generales, Tigo obtuvo 20 MHz y Telgua 40 MHz. El monto alcanzó aproximadamente Q1 mil 006 millones.
La subasta se desarrolló en cinco rondas y participaron únicamente las dos empresas que finalmente recibieron los bloques.
En ese momento, la SIT calificó el proceso como exitoso porque todo el espectro puesto a disposición fue adjudicado y las ofertas superaron el precio base establecido.
La institución también informó que quedaron 10 MHz en resguardo para el Estado.El precio base había sido establecido en Q335 millones 357 mil 440 por bloque.
Ese número, que en septiembre de 2023 podía parecer simplemente una cifra de referencia dentro de una subasta, se convirtió tres años después en uno de los principales puntos de la investigación.
LA PREGUNTA CENTRAL: ¿CÓMO SE FIJÓ EL PRECIO?
Aquí se encuentra uno de los principales vacíos que actualmente intenta aclarar el Estado.
La discusión no consiste únicamente en comparar los Q1 mil 006 millones recaudados con lo que alguna otra empresa o país haya pagado por espectro.
La pregunta previa es más básica: ¿con qué metodología se determinó que Q335 millones 357 mil 440 era un precio base adecuado para cada bloque?
Durante una citación en el Congreso, el actual superintendente de Telecomunicaciones, Herberth Rubio, reconoció que la administración actual no había localizado el estudio de precio y valoración utilizado por administraciones anteriores para establecer el valor del espectro subastado en 2023.
Posteriormente, Rubio confirmó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la desaparición de esa documentación y las circunstancias relacionadas con la determinación del precio.
Esto no significa, por sí mismo, que el precio haya sido ilegal o que necesariamente haya existido un perjuicio económico. Lo que sí significa es que existe un vacío documental que el Ejecutivo considera relevante para tomar una decisión sobre la vigencia de la adjudicación.
El presidente Bernardo Arévalo ha señalado que antes de decidir si procede una acción de lesividad se necesita determinar si el precio base utilizado reflejaba el verdadero valor económico del espectro.
Por eso, el Gobierno ha buscado apoyo para realizar una nueva valoración que permita determinar cuánto costaba la banda bajo las condiciones existentes en 2023.
La pregunta económica, entonces, no es simplemente cuánto pagaron Tigo y Claro.
Es cuánto valía el derecho que el Estado estaba poniendo a disposición, qué metodología podía utilizarse para estimarlo y qué otros compromisos —además del pago directo— debían considerarse al evaluar el resultado de la subasta.
DOS EMPRESAS Y 60 MHZ
El resultado de 2023 dejó una distribución clara.
- Tigo obtuvo 20 MHz.
- Telgua obtuvo 40 MHz.
En ese momento, Tigo ya contaba con derechos sobre una porción de la banda 700 MHz obtenidos antes de la subasta. Después del proceso de 2023, Tigo pasó a contar con 50 MHz en la banda, mientras Telgua se quedó con 40 MHz.
Esta circunstancia es importante para comprender por qué la historia de la banda no comienza en 2023. Los antecedentes se remontan al menos a 2020.
EL ANTECEDENTE QUE INVOLUCRA A TIGO
Antes de la subasta, Tigo había adquirido en el mercado secundario derechos de usufructo vinculados con una parte de la banda 700 MHz que anteriormente estaban en manos de empresas relacionadas con Albavisión.
Plaza Pública reportó en 2021 que Tigo había adquirido 36 MHz de esos derechos y que la transacción se había realizado con empresas vinculadas al grupo de Ángel González.
La controversia se produjo porque la banda 700 MHz era considerada estratégica para los servicios móviles y existían posiciones dentro de la propia SIT respecto de la conveniencia de liberar y reordenar completamente la banda para posteriormente subastarla.
La llegada de Marco Antonio Baten Ruiz a la jefatura de la SIT a finales de diciembre de 2020 añadió otro capítulo al conflicto.
El 30 de diciembre de ese año se emitió la resolución SIT-DSI-664-2020, relacionada con el reordenamiento de la banda y con los derechos que Tigo había adquirido previamente.
La resolución reconoció 30 MHz de derechos para Tigo, según la reconstrucción publicada posteriormente La Hora, aunque los antecedentes periodísticos de la época documentan que la empresa había adquirido 36 MHz.
La diferencia entre los 36 MHz adquiridos y los 30 MHz reconocidos es precisamente uno de los elementos técnicos que ayuda a explicar la complejidad del expediente.
El entonces superintendente Baten argumentó que la legislación obligaba a respetar derechos existentes y que, por las características técnicas de la banda, debía realizarse una adecuación para trabajar con bloques pareados.
Otros actores, entre ellos representantes de Claro y exfuncionarios de la SIT, sostenían una posición distinta respecto de cómo debía ordenarse la banda antes de una futura subasta.
EL CONFLICTO NO EMPEZÓ EN 2023
La disputa alrededor de los 700 MHz, por tanto, no nació cuando Tigo y Claro participaron en la subasta.
La controversia ya existía desde años antes y estaba relacionada con una pregunta fundamental: ¿debía limpiarse y reorganizarse completamente la banda antes de colocarla nuevamente a disposición del mercado?
Plaza Pública documentó que administraciones anteriores de la SIT habían considerado trasladar a otros rangos a usuarios que históricamente ocupaban la banda, mientras se buscaba liberar el espectro para servicios móviles.
Ese antecedente es relevante porque explica por qué la subasta de 2023 no puede analizarse de manera aislada.
Parte del debate actual gira alrededor de las condiciones en que llegaron las empresas al proceso.
Tigo no partía exactamente desde cero en la banda.
Claro, por su parte, buscaba que el espectro que se consideraba disponible para servicios móviles pudiera ser sometido a un proceso competitivo en condiciones que, desde su perspectiva, no generaran ventajas previas para uno de los participantes.
No obstante, que hayan existido posiciones enfrentadas entre empresas y autoridades no constituye por sí mismo una prueba de una conducta ilícita.
Ese punto es especialmente importante porque algunas publicaciones han planteado hipótesis sobre una eventual coordinación entre participantes, pero hasta ahora no existe una conclusión oficial que permita afirmar como hecho que Tigo y Claro hayan acordado previamente la distribución de la banda.
¿HUBO COMPETENCIA REAL?
El proceso fue formalmente una subasta pública y participaron dos empresas. Sin embargo, el hecho de que una subasta tenga participantes y que las ofertas superen el precio base no responde por sí mismo a todas las preguntas económicas sobre la intensidad competitiva del proceso.
La GSMA ofrece una explicación importante sobre este punto.
Gallitto explicó que la dinámica de una subasta depende en gran medida de cómo se establece el precio de reserva.
Si el precio mínimo se fija cerca del valor que los participantes consideran razonable, la diferencia entre ese precio y la valoración que hacen los oferentes puede ser pequeña y, por tanto, también puede ser limitada la cantidad de rondas o el incremento de las ofertas.
Si, en cambio, el precio de reserva se encuentra muy por debajo del valor esperado, existe mayor espacio para que los participantes compitan elevando las ofertas.
Por eso, para evaluar la competencia no basta con observar si hubo varias rondas.
También es necesario revisar cómo se diseñó la subasta, cuál era el precio de salida, cuántos participantes estaban habilitados, qué cantidad de espectro buscaba cada uno y cuánto estaban dispuestos a pagar.
En el caso de Guatemala, ASIET sostiene que el proceso fue público, transparente y competitivo tomando como referencia elementos observables: las bases fueron publicadas, existieron precios de salida, se estableció un cronograma, la subasta se realizó públicamente y las ofertas superaron los precios base.
La propia organización, sin embargo, aclaró que su análisis no constituyó una investigación específica sobre una posible coordinación o colusión entre los participantes.
Esa distinción debe mantenerse.
Una cosa es evaluar el procedimiento de la subasta y otra diferente es investigar si dos empresas pudieron haber coordinado sus estrategias antes o durante el proceso.
EL VALOR DEL ESPECTRO NO TIENE UN PRECIO UNIVERSAL
Aquí aparece uno de los principales contrapuntos entre las posiciones que actualmente se discuten.
Los diputados que cuestionan la subasta sostienen que el Estado pudo haber recibido mucho más.
La bancada Cabal ha planteado estimaciones según las cuales los ingresos pudieron ser entre 124% y hasta 255% superiores a lo efectivamente recaudado.
Estas cifras deben entenderse como estimaciones y argumentos de los legisladores, no como una conclusión independiente ya establecida por una auditoría definitiva.
Frente a esa postura, la GSMA plantea que comparar únicamente cuánto dinero ingresó al Estado puede conducir a una lectura incompleta del valor del espectro.
Gallitto explicó que el espectro no funciona como una materia prima con un precio internacional único.
“No tiene un valor intrínseco”, explicó, al compararlo con productos como el oro, el café o la soja, que cuentan con referencias internacionales de mercado.
Según su explicación, el valor económico del espectro depende también de lo que ocurre después de la asignación.
El recurso radioeléctrico solo se convierte en conectividad cuando el operador invierte en infraestructura, radiobases, equipos y redes.
Por eso, desde la perspectiva de la GSMA, si el objetivo de política pública es acelerar la conectividad, un precio excesivamente elevado por el espectro puede reducir los recursos disponibles para invertir en redes.
La idea puede resumirse así: el Estado puede maximizar el ingreso inmediato por la licencia o puede buscar maximizar el impacto económico y social de la conectividad durante los años siguientes.
La decisión de política pública está en cómo equilibrar ambos objetivos.
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GUATEMALA FRENTE A BRASIL Y CHILE
La GSMA también ofrece una comparación internacional.
Gallitto señaló durante la entrevista con La Hora que, al comparar los precios pagados por Guatemala con mercados como Brasil y Chile, el precio guatemalteco habría sido aproximadamente 25% superior al de Brasil y 150% superior al de Chile.
El punto que plantea la organización no es que todos los países deban pagar exactamente lo mismo por un MHz.
Por el contrario, su argumento es que el valor debe analizarse considerando las condiciones económicas, regulatorias y de inversión de cada mercado.
La GSMA ha sostenido en otros análisis regionales que las políticas de espectro deberían priorizar la expansión de la conectividad y las condiciones que permitan inversiones sostenibles, en lugar de enfocarse exclusivamente en maximizar ingresos de corto plazo.
En Brasil, por ejemplo, la propia GSMA destaca el modelo de subasta 5G de 2022 como una experiencia en la que el diseño buscó otros objetivos además de la recaudación directa.
Esto no permite concluir que Guatemala haya cobrado demasiado o demasiado poco.
Sí permite entender que el análisis internacional del espectro no se limita a convertir los MHz en una cifra monetaria y compararla con otra.
¿QUÉ RECIBIÓ EL ESTADO A CAMBIO?
El debate también debe considerar el destino de los recursos obtenidos.
La adjudicación de 2023 generó más de Q1 mil 006 millones para el Estado, la discusión sobre esos recursos adquiere relevancia porque el diseño de las subastas de espectro puede vincular los ingresos con objetivos de conectividad, inversión pública o desarrollo digital.
En Guatemala, la discusión alrededor de la subasta ha planteado precisamente si el mayor beneficio para el Estado debía medirse exclusivamente por el monto pagado o también por las condiciones de uso y despliegue asociadas al espectro.
Esta es una de las preguntas que vale la pena colocar en el centro del análisis: ¿cuánto vale realmente una frecuencia si se mide no solo por el cheque inicial, sino por la infraestructura que puede generar durante 20 años?
La respuesta requiere datos que permitan comparar inversión, cobertura, obligaciones, calidad del servicio, número de usuarios beneficiados y recaudación.
Sin esa información, afirmar que una cifra es definitivamente correcta o incorrecta sería adelantarse a las conclusiones de la investigación.
LA BANDA QUE LLEGA MÁS LEJOS
Más allá de la disputa jurídica y económica, existe una razón técnica por la que la banda 700 MHz es tan importante.
Las frecuencias bajas tienen mayor alcance que bandas más altas y presentan mejores condiciones para atravesar determinados obstáculos.
Esto hace que sean especialmente útiles en áreas donde construir una gran cantidad de radiobases puede resultar costoso.
Para una comunidad rural, por ejemplo, disponer de una banda de baja frecuencia puede permitir cubrir un área más extensa con infraestructura que, en otras condiciones, requeriría una densidad mayor.
Gallitto explicó que la banda 700 MHz mejora tanto la cobertura rural como la experiencia dentro de hogares y edificios.
Por eso, una eventual modificación de las condiciones de uso no sería únicamente una discusión entre empresas y Gobierno.
También podría tener consecuencias sobre la velocidad con la que se amplíen las redes y sobre la capacidad de los operadores para utilizar esa infraestructura.
La GSMA ha señalado que las bandas bajas son fundamentales para ampliar la conectividad y reducir desigualdades digitales.
EL PROBLEMA NO TERMINA EN LA COBERTURA
Pero Guatemala enfrenta un problema que las cifras de cobertura no muestran por completo. Según el informe de la GSMA, 49% de la población vive en zonas donde existe cobertura de internet móvil, pero no utiliza el servicio.
La organización calcula que la brecha de cobertura es cercana al 5%, mientras la brecha de uso es mucho mayor.
Esto significa que el problema ya no consiste únicamente en llevar una señal hasta una comunidad.
También hay que conseguir que las personas tengan un dispositivo adecuado, puedan pagar el servicio, tengan las habilidades necesarias para utilizarlo y encuentren contenido relevante.
Gallitto identifica entre las principales barreras el precio de los teléfonos, el encarecimiento de componentes y chipsets, la falta de contenido local relevante y las habilidades digitales.
También menciona un factor adicional: la confianza y seguridad para utilizar servicios digitales.
En otras palabras, una antena por sí sola no cierra la brecha digital.
MUJERES CON MENOR PROBABILIDAD DE CONECTARSE
La brecha tampoco afecta de la misma manera a toda la población.
El informe de la GSMA señala que las mujeres en Guatemala tienen 9% menos probabilidades que los hombres de utilizar internet móvil.
Por ello, la organización recomienda que las políticas de conectividad incorporen explícitamente las necesidades y barreras particulares que enfrentan las mujeres.
Esta recomendación forma parte de un enfoque más amplio que busca que las políticas de infraestructura estén acompañadas por políticas de inclusión digital.
El desafío, entonces, no es solamente cuántas antenas existen o cuántos MHz están disponibles.
También es quién puede utilizar esas redes, con qué dispositivos, para qué actividades y bajo qué condiciones.
EDUCACIÓN DIGITAL COMO PARTE DE LA CONECTIVIDAD
La GSMA también plantea que la educación digital debe formar parte de la política pública.
La lógica es sencilla: una persona puede vivir en una zona con cobertura y tener un teléfono inteligente, pero eso no garantiza que pueda aprovechar internet para estudiar, trabajar, acceder a servicios públicos, realizar transacciones o informarse.
La organización recomienda, por ello, combinar el despliegue de infraestructura con programas que desarrollen habilidades digitales.
Esta perspectiva amplía el debate sobre la banda de 700 MHz.
La frecuencia es un componente necesario para construir redes, pero no es suficiente para cerrar la brecha digital.
“El problema no es solo tecnológico”: expertos señalan falta de educación digital tras ciberataques
LAS DIEZ RECOMENDACIONES DE GSMA
El informe presenta 10 recomendaciones de política pública, divididas en dos pilares.
Los pilares son: conectividad al servicio de la inclusión y el desarrollo.
El primero está enfocado en utilizar la conectividad como una herramienta para la inclusión y el desarrollo.
Además de establecer programas de expansión con metas medibles y mecanismos de seguimiento, plantea incorporar las necesidades de las mujeres y priorizar la educación digital.
El segundo pilar está relacionado con espectro y despliegue de infraestructura.
- Diseñar programas de expansión de la conectividad con metas medibles y mecanismos de seguimiento.
- Incorporar las necesidades y desafíos de las mujeres en el diseño e implementación de productos, servicios y políticas relacionadas con la conectividad móvil.
- Priorizar la educación digital dentro de las políticas públicas de conectividad.
Las 10 políticas de espectro y despliegue para ampliar oportunidades que propone GSMA son:
- Formular políticas de espectro que mantengan lo que funciona y permitan ampliar los objetivos estratégicos.
- Publicar una hoja de ruta del espectro para asegurar oportunamente nuevas bandas destinadas al desarrollo tecnológico, bajo un enfoque de neutralidad tecnológica.
- Fortalecer las condiciones para que los operadores continúen invirtiendo de manera sostenible en el despliegue y modernización de las redes.
- Eliminar las barreras que limitan la inversión y el desarrollo eficiente de infraestructura digital.
- Armonizar y simplificar los permisos municipales necesarios para la instalación de antenas y torres.
- Revisar y eliminar regulación obsoleta que no contempla las redes actuales, además de garantizar la neutralidad tecnológica y la compartición voluntaria de infraestructura.
- Fortalecer la resiliencia de las redes de telecomunicaciones, consideradas por la GSMA como infraestructura estratégica para el desarrollo del país.Más allá de las cifras de cobertura y de los avances del 5G, el informe deja una conclusión de fondo: el siguiente desafío para Guatemala ya no es únicamente construir más infraestructura, sino crear las condiciones para que esa inversión continúe y llegue a más personas.En un momento en que la subasta de la banda de 700 MHz sigue bajo escrutinio, la GSMA plantea que la certeza jurídica, una política de espectro con visión de largo plazo y la reducción de barreras para desplegar redes serán determinantes para que el país convierta la conectividad en una herramienta de desarrollo hacia 2030
LA CERTEZA JURÍDICA ENTRA AL DEBATE
Ese punto conecta directamente el informe de GSMA con la controversia que actualmente atraviesa la banda de 700 MHz.
Gallitto considera que la certeza jurídica y regulatoria es especialmente importante para una industria intensiva en capital.
Las empresas de telecomunicaciones deben realizar inversiones de largo plazo para instalar y modernizar infraestructura. Por ello, cualquier cambio en las reglas después de una asignación puede modificar las expectativas de retorno.
“Este proceso que estamos pasando hoy con la banda de 700 no ayuda para nada a la inversión extranjera directa”, afirmó durante la entrevista.
La posición de la GSMA no implica que una adjudicación deba quedar fuera de cualquier revisión estatal.
Su argumento es que cualquier decisión debe considerar también el efecto que una reversión podría generar sobre la inversión futura y sobre los servicios que ya se encuentran desplegados.
¿QUÉ PASA SI EL ESTADO DECLARA LESIVA LA ADJUDICACIÓN?
Aquí se encuentra uno de los escenarios que todavía no está resuelto.
Una declaratoria de lesividad implicaría que el Ejecutivo considere que un acto administrativo produjo un perjuicio al Estado y abra el camino correspondiente para buscar su impugnación.
Pero una eventual decisión no significaría automáticamente que al día siguiente desaparezcan las redes que utilizan el espectro.
Existe una diferencia entre declarar una decisión administrativa lesiva y que, posteriormente, los órganos jurisdiccionales determinen sus efectos.
Por eso, la discusión actual tiene una dimensión jurídica que todavía debe ser resuelta.
Mientras tanto, las empresas que recibieron los derechos han realizado inversiones bajo las condiciones que existían cuando se produjo la adjudicación.
La GSMA sostiene que una reversión podría afectar la continuidad de servicios y retrasar la expansión del 5G.
Pero del otro lado se encuentra la obligación del Estado de esclarecer si el proceso se desarrolló correctamente y si los recursos públicos fueron protegidos.
EL DOCUMENTO QUE AHORA TODOS BUSCAN
La ausencia del estudio de valoración adquiere una relevancia especial precisamente por eso.
Si existe un documento técnico que demuestra cómo se llegó al precio base, su contenido permitiría reconstruir la lógica económica de la subasta.
Si no existe, o si no puede ser localizado, el Estado debe determinar qué otros documentos pueden demostrar cómo se realizó esa valoración.
La investigación actual busca precisamente llenar ese vacío.
La SIT y otras instituciones han revisado expedientes, mientras la Contraloría y el Congreso han fiscalizado distintos aspectos del proceso.
El actual superintendente también presentó una denuncia para que se investiguen las circunstancias relacionadas con la documentación desaparecida.
Este punto debe mantenerse separado de cualquier conclusión penal.
Que exista una denuncia no significa que una persona haya sido declarada responsable de un delito.
Lo que existe actualmente es una investigación sobre hechos que las autoridades consideran necesario esclarecer.
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UNA DECISIÓN ENTRE DOS OBJETIVOS
El caso de los 700 MHz pone frente a frente dos objetivos legítimos de política pública.
Por un lado, el Estado debe proteger los recursos públicos y garantizar que los procesos de asignación del espectro se realicen bajo criterios técnicos, transparentes y competitivos.
Por otro, también debe garantizar condiciones que permitan que las empresas inviertan y que los usuarios reciban mejores servicios.
El problema aparece cuando ambos objetivos parecen entrar en tensión.
Un precio más elevado puede generar mayores ingresos inmediatos para el Estado.
Pero si ese precio reduce la capacidad de inversión de los operadores, también puede tener efectos sobre el despliegue de infraestructura.
Por el contrario, un precio demasiado bajo puede favorecer el despliegue, pero generar cuestionamientos sobre si el Estado aprovechó adecuadamente el valor económico de un recurso público.
Por eso la pregunta de fondo no debería ser únicamente cuánto dinero recaudó Guatemala.
Debe ser si el mecanismo utilizado permitió obtener un valor adecuado para el Estado y, al mismo tiempo, crear condiciones suficientes para que ese espectro se transformara en infraestructura y conectividad.
EL RETO HACIA 2030
Guatemala llega a este momento con una infraestructura móvil considerablemente más desarrollada que hace una década.
La GSMA calcula que los operadores han invertido alrededor de US$3 mil millones en infraestructura, que la cobertura móvil alcanza aproximadamente al 95% de la población y que 11.4 millones de personas son suscriptores móviles únicos.
También cuenta con servicios comerciales 5G y una creciente disponibilidad de espectro para las redes móviles.
Pero todavía existe una brecha importante.
Casi la mitad de la población vive en lugares donde existe cobertura de internet móvil y, pese a ello, no utiliza el servicio.
Eso significa que el siguiente desafío no consiste solamente en construir más antenas.
También implica hacer que los dispositivos sean más asequibles, fortalecer las habilidades digitales, generar contenido relevante, aumentar la confianza en los servicios digitales y crear condiciones para que las empresas continúen invirtiendo.
La banda de 700 MHz forma parte de ese rompecabezas.
Por sus características físicas, es especialmente relevante para ampliar cobertura y mejorar la señal.
Por su valor económico, representa un activo público cuya asignación debe estar respaldada por criterios técnicos.
Y por el momento en que se encuentra la revisión, también se ha convertido en una prueba para la capacidad del Estado de revisar una decisión anterior sin generar incertidumbre innecesaria sobre las reglas del mercado.
UNA DECISIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DE 700 MHZ
La decisión que tome el Ejecutivo alrededor de la banda 700 MHz no resolverá únicamente el destino de seis bloques de espectro adjudicados en 2023.
También establecerá un precedente sobre cómo Guatemala administra uno de sus recursos estratégicos para la economía digital.
Si la revisión demuestra que existieron errores o irregularidades que afectaron el interés estatal, corresponderá determinar las responsabilidades y las acciones que legalmente procedan.
Si, por el contrario, los estudios concluyen que el precio fue razonable y que el proceso se ajustó al marco jurídico vigente, el Estado tendrá que explicar con claridad cómo llegó a esa conclusión y hacer públicos, en la medida que corresponda, los elementos técnicos que la respaldan.
En ambos escenarios, la transparencia será fundamental.
La controversia no desaparecerá únicamente con una decisión administrativa.
La GSMA plantea que Guatemala necesita una hoja de ruta de espectro, reglas previsibles, reducción de barreras para instalar infraestructura y condiciones que permitan inversiones sostenibles.
El Congreso, mientras tanto, exige esclarecer si el proceso de 2023 protegió adecuadamente los intereses del Estado.
Entre ambas posiciones existe una pregunta que todavía debe responderse con documentos y datos: ¿la subasta de 700 MHz consiguió el equilibrio correcto entre recaudar por un recurso público y convertir ese recurso en más conectividad para Guatemala?
Esa es, finalmente, la discusión que se encuentra detrás de los Q1,006 millones, de los 60 MHz adjudicados, de Tigo y Claro y del estudio de valoración que ahora el Estado busca encontrar o reconstruir.
Y es también la razón por la que la banda de 700 MHz se ha convertido en una de las decisiones más importantes que Guatemala enfrenta actualmente en materia de telecomunicaciones.
