El manejo de plazas del Organismo Judicial quedó bajo la lupa después de que La Hora documentara testimonios y grabaciones sobre presuntos cobros para conseguir puestos o ascensos. Ahora, un documento oficial aporta nuevos elementos sobre el papel que podrían tener dos magistrados en las áreas encargadas del personal.
En esa investigación surgieron señalamientos contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Clemen Vanessa Juárez Midence, quien negó tener injerencia en las áreas de Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación del Organismo Judicial, dos dependencias vinculadas directamente con la gestión de las plazas y el personal de la institución.
Un oficio firmado por el entonces presidente del OJ, Teódulo Cifuentes, al que La Hora tuvo acceso, revela que Juárez y el magistrado Luis Mauricio Corado Campos fueron designados para intervenir en Recursos Humanos. La decisión se adoptó sin la aprobación del pleno —los otros 12 magistrados que conforman la Corte Suprema—.
El documento, fechado el 30 de julio de 2025 y firmado por el entonces presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema, Teódulo Cifuentes, está dirigido a Juárez y a Corado Campos. En él, Cifuentes solicita la colaboración de ambos para “estructurar un diagnóstico en la Gerencia de Recursos Humanos”, con el propósito de identificar su estructura y funcionamiento e implementar acciones de mejora.
El encargo incluía revisar los procedimientos e instrumentos de reclutamiento y selección de personal, la administración y uso de los descriptores y perfiles de puestos y el inventario de plazas disponibles en Recursos Humanos.
La investigación es contundente respecto a mecanismos de negociación de plazas —para notificador, comisario, oficial o secretario— dentro del Organismo Judicial a cambio de dinero, una recomendación política o por influencia del sindicato.
LOS DOS MAGISTRADOS SÍ INCIDEN
Consultada específicamente sobre su incidencia en la Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación, la magistrada aseguró que ambas dependencias no estaban bajo su responsabilidad.
“Mi función es eminentemente jurisdiccional. La Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación no están bajo mi dependencia, por lo que no tengo injerencia en sus procesos técnicos”, respondió. Añadió que su participación en asuntos relacionados con personal se limitaba a su despacho y a las decisiones colegiadas que corresponden a la autoridad nominadora.
Sin embargo, el oficio de Cifuentes muestra que Juárez y Corado fueron requeridos formalmente para involucrarse en el análisis del funcionamiento de la dependencia encargada, entre otras cuestiones, de los mecanismos de reclutamiento y selección de personal y del inventario de plazas.
El documento cobra relevancia después de que tres fuentes vinculadas al área de Recursos Humanos dijeron a La Hora que Corado y Juárez tenían bajo su control la Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación, desde donde, según esos testimonios, se gestionaban aspectos relacionados con los nombramientos dentro del Organismo Judicial.
Las investigaciones de este medio también recogieron testimonios de trabajadores que denunciaron ofertas de plazas y ascensos a cambio de dinero y dos grabaciones en la que una trabajadora vinculada a Recursos Humanos habla con dos aspirantes sobre la posibilidad de obtener una plaza mediante un pago.
En aquella publicación, Juárez rechazó de forma rotunda cualquier relación con la negociación de plazas y negó haber recibido, solicitado o tenido conocimiento de pagos para nombramientos o ascensos. También rechazó haber recibido o trasladado listados de personas para ocupar puestos dentro del Organismo Judicial.
Corado, en cambio, no respondió las preguntas formuladas por La Hora sobre los señalamientos de las fuentes y su posible participación en la gestión de las plazas.
EL CONTROL DE RECURSOS HUMANOS
La relación de Juárez y Corado con la Gerencia de Recursos Humanos adquiere una dimensión política dentro de la actual Corte Suprema.
Ambos forman parte del bloque dominante de magistrados que ha concentrado las principales decisiones del tribunal y que, junto con otros integrantes de ese grupo, ha impulsado decisiones cuestionadas en materia de nombramientos, traslados y acceso a información pública.
Ese bloque, integrado por 10 magistrados, ha sido cuestionado por el nombramiento de magistrados en nuevas Salas de Apelaciones, una facultad que corresponde al Congreso; por la repartición de nombramientos y traslados de jueces de paz y de primera instancia como cuota de poder; y por la negativa a proporcionar información pública sobre decisiones internas del Organismo Judicial.
La investigación de La Hora sobre la presunta venta de plazas había situado precisamente a Recursos Humanos y a la Unidad de Dotación en el centro del mecanismo descrito por fuentes consultadas por este medio.
Según esos testimonios, las dependencias elaboraban o recibían listados de personas que serían favorecidas con puestos y estos eran trasladados posteriormente para su discusión y formalización en el pleno de la Corte Suprema. Las fuentes no aseguraron que todos los nombramientos siguieran ese mecanismo ni que todos los magistrados estuvieran involucrados.
La presidenta actual de la Corte Suprema y del Organismo Judicial, Claudia Paredes, fue consultada en esa investigación sobre los señalamientos contra Juárez y Corado. La magistrada dijo desconocer quiénes eran las fuentes que los vinculaban con la gestión de plazas y sostuvo que cualquier señalamiento debía presentarse ante las autoridades competentes.
El documento de julio de 2025 añade ahora una pieza que no estaba en las respuestas públicas de Juárez: durante la presidencia de Cifuentes, la magistrada sí fue requerida formalmente, junto con Corado, para participar en la intervención sobre la estructura, el funcionamiento, el reclutamiento, la selección de personal y el inventario de plazas de la Gerencia de Recursos Humanos. Esa decisión se mantiene bajo la presidencia actual de Paredes.
La contradicción cuestiona la afirmación categórica de Juárez de que no tenía injerencia en los procesos de Recursos Humanos y abre una nueva interrogante sobre el alcance real de la participación de los magistrados en una de las áreas más sensibles del Organismo Judicial: la que administra quién entra, asciende y ocupa una plaza dentro de la institución.
