La misma voz de una trabajadora de Recursos Humanos que apareció en la primera grabación vuelve a hablar de pagos, esta vez con una aspirante a quien se le plantea pagar el equivalente a un salario para quedarse laborando después de su pasantía, pero esta vez la trabajadora revela un número de cuenta bancaria. La investigación anterior de La Hora ya motivó un caso de oficio del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
Una aspirante al Organismo Judicial se encuentra en una encrucijada. Una trabajadora de Recursos Humanos acaba de llamarla de imprevisto para informarle que, al día siguiente, deberá presentarse a una evaluación para seguir el procedimiento para una plaza. El problema es que aún no termina de estudiar el temario y teme no estar preparada.
Al otro lado de la llamada, la misma mujer que le acaba de crear ese problema, casi de inmediato le ofrece un salvavidas.
—O entra por medio del sindicato, usted decide— le ofrece.
La joven quiere saber cómo funciona eso.
—¿Y cómo es que uno entra por medio del sindicato, licenciada? ¿Podría explicarme, por favor?
La respuesta llega sin rodeos.
—Claro que sí, por el sindicato, mi Licda., es como cuando usted viene recomendada por la política.
La conversación forma parte de una segunda grabación obtenida por La Hora por parte de fuentes que piden no ser citadas, en la que vuelve a aparecer la misma voz de la trabajadora de Recursos Humanos del Organismo Judicial que negoció en el primer audio revelado por este medio el pasado 24 de agosto.
En aquella primera llamada, la trabajadora hablaba con un aspirante sobre la posibilidad de obtener una plaza presupuestada mediante pagos y mencionaba también las recomendaciones de políticos o diputados y el sindicato como posibles vías para acceder a un puesto.
Ahora, la conversación se centra en la influencia del sindicato para conseguir puestos que después nombran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Una joven que realiza su pasantía se someterá a una evaluación en donde competirán otros. La trabajadora le explica que puede seguir ese camino o ingresar por medio del sindicato. En el segundo caso, según se escucha en la llamada, la aspirante tendría que pagar el equivalente al salario de la plaza y, al terminar su pasantía, se quedaría laborando dentro del Organismo Judicial.
La publicación de la primera grabación ya tuvo consecuencias.
Dos días después del reportaje de La Hora, el Ministerio Público (MP), dirigido por el fiscal general Gabriel García Luna, anunció que abrió de oficio una investigación por la presunta venta de plazas dentro del Organismo Judicial. La pesquisa fue asignada a la Fiscalía contra la Corrupción.
Ahora, mientras esa investigación está en marcha, una segunda grabación vuelve a poner sobre la mesa el cobro de dinero para acceder a puestos dentro del sistema de justicia.
La Hora decidió omitir los nombres de las personas mencionadas durante la conversación y censurarlos en el audio ya que no se ha establecido si son funcionarios.
“TRES DE ELLOS YA ENTRARON”
La mujer le explica a la aspirante que no sería la primera persona en utilizar esa vía.
—Por eso es que sus compañeros decidieron entrar, tres de ellos ya entraron —le dice.
La joven quiere confirmar qué significa “entrar”.
—¿Y ellos se quedan laborando terminando pasantías?
—Se quedan laborando.
Hasta ese momento, la aspirante todavía no sabe cuánto tendría que pagar. Pregunta por las plazas disponibles y la trabajadora le explica que está apta para dos puestos: comisaria u oficial. Ser oficial tiene mayores responsabilidades. Comisaria, le aconseja, podría ser una mejor manera de comenzar dentro de la institución.
La joven se decide por esa opción. Entonces llega la pregunta que cambia el tono de la conversación.
—¿Y cuánto saldría?
La trabajadora le pregunta si sabe cuánto gana una persona en esa plaza.
—Creo que alrededor de Q6 mil y algo —responde la aspirante.
—Q6 mil 600.
La joven escucha.
—Eso es lo que pagaron sus compañeras —continúa la trabajadora.
La aspirante entiende entonces que no se trata únicamente de una conversación sobre el sindicato.
—¿O sea que tengo que realizar algún depósito?
—Exactamente.
El pago, le explica la mujer, debía dividirse en dos partes.
—La mitad del salario ahorita y la otra mitad hasta cuando reciba el primer pago.
No era, además, la única persona que había recibido esa opción.
—Un compañero y dos compañeras pagaron ya —afirma la trabajadora.
La llamada deja entonces otra pregunta abierta: si tres personas ya habían realizado pagos, ¿cuántos otros aspirantes recibieron la misma propuesta?
UNA EVALUACIÓN O UNA OPORTUNIDAD
La aspirante vuelve a hablar de la evaluación. Explica que ha estado estudiando, que ya avanzó parte del temario, pero que todavía le falta prepararse. No se siente lista. La trabajadora insiste en la otra posibilidad.
—No, mejor entre por comisario, mi Licda.
La joven acepta.
—Entonces sí entraría por medio del sindicato.
La alternativa aparece una y otra vez durante la conversación. Por un lado está la evaluación. Por el otro, la posibilidad de pagar y quedarse laborando al terminar la pasantía. La trabajadora incluso vuelve a ofrecerle la primera opción.
—No es obligación, mi Licda. Si usted gusta, yo la anoto para evaluación.
Pero la aspirante ya había tomado una decisión. Necesitaba, sin embargo, resolver un problema: conseguir el dinero.
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“EL PAGO SE HACE HOY”
La joven le explica que tendría que hablar con sus padres para que la ayudaran. También pregunta si podría hacer el pago al día siguiente porque en donde vive los bancos cierran a las 7 y le costaría llegar a ese lugar por el área en donde vive.
La respuesta cambia el ritmo de la conversación. La trabajadora le explica que existen otras personas interesadas en la plaza y que no puede mantenerle la oportunidad indefinidamente.
—Si no, yo le doy la oportunidad a esa persona que lo quiere hacer ahorita.
La aspirante vuelve a preguntar si puede pagar al día siguiente.
—No le voy a quitar la oportunidad a alguien que no esté aquí —le responde la mujer.
La urgencia se repite varias veces. El depósito debía realizarse ese mismo día. La joven pregunta si puede entregar el dinero en efectivo, pero la respuesta es negativa.
—No, mi Licda., se lo tiene que hacer depositado para que le quede una constancia, así como lo hicieron sus compañeros.
La trabajadora le proporciona entonces los datos para realizar la transacción: un número de cuenta que empieza con el número 4142. La Hora omite el nombre de la persona mencionada como receptora del pago y censura el número de cuenta en el audio, debido a que se trata de una persona particular y no un funcionario público.
La conversación no termina allí. Según lo que dice la trabajadora, una vez realizado el depósito, la aspirante debía informarle para avanzar con los siguientes pasos.
—Al nomás hacer el pago usted me notifica porque yo tengo que dar uso de una vez su nombramiento y su partida presupuestaria.
Después, le reitera cuál sería el resultado del procedimiento.
—Terminando pasantías usted pasa de una vez a laborar.
En la primera entrega de esta investigación, la presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes, aseguró que no tenía conocimiento de una práctica de cobros para obtener plazas o ascensos dentro de la institución, aunque reconoció que durante este año se presentó una denuncia relacionada con una presunta solicitud de dinero a cambio de una plaza.
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Los testimonios recopilados por La Hora sobre la venta de plazas dentro del Organismo Judicial se refieren a puestos como secretarios, oficiales, comisarios y notificadores, cargos que forman parte de la estructura que sostiene el trabajo diario de juzgados, tribunales y salas de apelaciones.
Sus funciones pueden incluir la recepción, tramitación y control de expedientes, la elaboración y certificación de actuaciones, el apoyo en diligencias y resoluciones, así como la realización de notificaciones y otras gestiones necesarias para que los procesos judiciales avancen. Se trata, por tanto, de personal que interviene directamente en el recorrido administrativo y procesal de los casos, en apoyo de los jueces y magistrados encargados de tomar las decisiones jurisdiccionales.
Q150 MIL POR UNA SECRETARÍA
Mientras la Fiscalía contra la Corrupción investiga los hechos revelados en la primera publicación, La Hora continuó recibiendo información sobre otros supuestos cobros relacionados con plazas dentro del Organismo Judicial.
Una fuente interna de la institución, que pidió mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias, aseguró a este medio que por la plaza vacante de secretario del Juzgado Séptimo Penal de Guatemala se estaría solicitando un pago de Q150 mil.
El señalamiento amplía los montos que han surgido durante esta investigación. En la primera publicación, tres fuentes hablaron de ofertas que llegaron hasta Q80 mil.
En el Juzgado Séptimo Penal laboran dos jueces. Uno de ellos es Fredy Orellana, uno de los operadores de justicia guatemaltecos con mayor número de sanciones internacionales: 43 países lo han incluido en listas de sanciones o restricciones por considerar que sus actuaciones han contribuido al deterioro de la democracia y la lucha contra la corrupción en Guatemala.
La fuente que habló con La Hora sobre el presunto cobro de Q150 mil no atribuyó explícitamente a Orellana ninguna participación en esa negociación ni lo vinculó directamente con el pedido de dinero para obtener la plaza.
Sin embargo, al ser consultada sobre por qué una secretaría en ese juzgado podría alcanzar un precio tan elevado, la fuente respondió: “Solo sé que en ese juzgado se gana mucho más dinero con los chances extras que salen, que con lo que paga el Organismo Judicial. Ahí está el negocio”.
Esta semana el Ministerio Público presentó una solicitud para retirar la inmunidad a Orellana. La investigación, según lo planteado por la Fiscalía, está relacionada con un supuesto soborno de Q400 mil que habría recibido el juez a cambio de una resolución judicial.
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EL SINDICATO, OTRA VEZ EN LA CONVERSACIÓN
La primera vez que La Hora publicó una grabación sobre el cobro de dinero para obtener plazas dentro del Organismo Judicial, la reacción no tardó en llegar.
Tres organizaciones sindicales —el Sindicato Nacional de Operadores de Justicia del Organismo Judicial (SINOJ), el Sindicato Solidaridad, Trabajo y Justicia de Trabajadores del Organismo Judicial (SOLTRAJ) y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ)— emitieron comunicados para rechazar cualquier participación en cobros o negociaciones de plazas y pedir que los hechos fueran investigados.
Pero el nuevo audio vuelve a colocar al sindicato en el centro de la conversación.
La explicación es relevante porque, tras la primera publicación de La Hora, los sindicatos del Organismo Judicial no solo se deslindaron de los señalamientos, sino que dos de las organizaciones intercambiaron acusaciones.
El SINOJ rechazó “categóricamente” cualquier acto relacionado con corrupción, tráfico de influencias, cobro, pago, negociación o venta de plazas y pidió que tanto el Organismo Judicial como el MP investigaran los hechos.
El SOLTRAJ también negó estar involucrado, pero planteó que debía establecerse si el STOJ —sindicato mayoritario del Organismo Judicial— tenía alguna relación con la supuesta venta de plazas.
El STOJ respondió rechazando los señalamientos y aseguró que no participa ni tiene injerencia en los procedimientos de selección, contratación o nombramiento de personal, debido a que esas decisiones corresponden a las autoridades facultadas. También negó tener acceso o administrar los registros de las personas que realizan pasantías dentro de la institución.
Ahora, una segunda grabación vuelve a utilizar al sindicato como parte de la explicación sobre una vía para ingresar a una plaza.
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En el audio, sin embargo, no se identifica a qué organización sindical se refiere la trabajadora. Cuando una aspirante pregunta cómo puede ingresar a una plaza y la respuesta que recibe es que puede hacerlo “por medio del sindicato”, ¿quiénes son los que realmente tienen la capacidad de abrir esa puerta?
La respuesta, por ahora, está en manos de la investigación.
