Fredy Orellana, juez del Juzgado Séptimo Penal, enfrenta una solicitud de retiro de antejuicio presentada por el MP por una denuncia de presunta corrupción. Foto La Hora: Daniel Ramírez.
Fredy Orellana, juez del Juzgado Séptimo Penal, enfrenta una solicitud de retiro de antejuicio presentada por el MP por una denuncia de presunta corrupción. Foto La Hora: Daniel Ramírez.

La Fiscalía busca abrir una investigación contra el juez que impulsó varios de los procesos más controvertidos de la crisis judicial y cuya actuación durante las elecciones de 2023 le ha valido 43 sanciones internacionales.

El Ministerio Público (MP) presentó este lunes un escrito para solicitar el retiro de antejuicio contra Fredy Raúl Orellana Letona, juez del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, señalado en una denuncia por presuntos hechos de corrupción relacionados con la intervención judicial del Hotel Las Américas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en distintas ocasiones ha respaldado y validado actuaciones del juez Orellana, será la encargada de conocer la solicitud y decidir en pleno si mantiene el fuero o da luz verde al MP para investigarlo.

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El tribunal está integrado por el bloque dominante —de 10 magistrados— que ha adoptado resoluciones controvertidas en casos de alto impacto político, entre ellas justamente mantener la inmunidad al diputado Allan Rodríguez por un caso de presunta corrupción.

SOBRE LA SOLICITUD

Fuentes judiciales confirmaron que la solicitud fue presentada por el MP. El escrito busca retirar la inmunidad al juez para que pueda ser investigado por una denuncia en la que se señala que Q400.000 habrían sido entregados presuntamente a Orellana como pago por haber autorizado el nombramiento de nuevos administradores del hotel.

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La acción es promovida por el Ministerio Público bajo la dirección de Gabriel García Luna, en un giro que pone la mira sobre un juez cuya actuación fue cuestionada durante los últimos años y que, pese a las denuncias presentadas en su contra, mantuvo el respaldo institucional durante la administración de Consuelo Porras.

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El juez Fredy Orellana rechazó dos recusaciones en su contra sin entrar a conocer los motivos por los cuales el MP busca su remoción del caso Serrano Elías. Foto La Hora: Archivo
El juez Fredy Orellana. Foto La Hora: Archivo

La solicitud coloca bajo una nueva presión a uno de los jueces más cuestionados del país durante los últimos años. Orellana se convirtió en una figura central de la crisis política que siguió a las elecciones generales de 2023, cuando sus resoluciones fueron utilizadas para avanzar en investigaciones y acciones judiciales contra el Movimiento Semilla, el partido con el que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia.

La actuación de Orellana durante aquel proceso tuvo consecuencias fuera de Guatemala. El juez integra una lista de personas sancionadas por un grupo de 43 países que le impide el ingreso a sus territorios debido a su papel en los acontecimientos posteriores a las elecciones de 2023.

Estados Unidos ha señalado específicamente que Orellana “socavó los procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y por motivos políticos contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.

Su nombre resalta en algunos de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años. Orellana envió a juicio al periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, y a la exfiscal Virginia Laparra, considerada presa de conciencia por Amnistía Internacional. También giró una orden de captura contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

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Zamora, Laparra y Sandoval han denunciado que los procesos en su contra forman parte de una estrategia de criminalización contra periodistas, fiscales y operadores de justicia. Sus denuncias han recibido respaldo de organizaciones internacionales que han cuestionado el deterioro de la independencia judicial.

A este historial se suma ahora la denuncia relacionada con el Hotel Las Américas. Según la información trasladada a las autoridades, los denunciantes sostienen que Q400.000 fueron entregados presuntamente al juez Orellana como contraprestación por autorizar los nombramientos de los nuevos administradores durante la intervención judicial del establecimiento.

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SOLICITUD DEBE SEGUIR PROCEDIMIENTO

La solicitud deberá seguir el procedimiento previsto para los funcionarios con derecho de antejuicio y será necesario determinar si existen elementos suficientes para retirar esa protección y permitir que avance una investigación penal.

La nueva acción del Ministerio Público ocurre, además, después de que Orellana acumulara 12 denuncias rechazadas por la Junta de Disciplina Judicial, mientras otra continúa pendiente de resolución. Esas denuncias corresponden a cuestionamientos sobre su actuación judicial, aunque son procedimientos distintos de la solicitud de antejuicio presentada ahora por el MP.

El juez que durante los últimos años tomó decisiones determinantes en casos de alto impacto enfrenta ahora la posibilidad de ser investigado por una denuncia de corrupción.

Diego España
Periodista en la sección de Investigación de La Hora, especializado en el sector justicia, política y derechos humanos. Antes cubrió la fuente del Organismo Judicial. Se formó en Periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y cursa una maestría en Comunicación, Gobierno y Gestión Pública. Fue becario de la International Women's Media Foundation (IWMF) y los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP).
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