Luego de años de estancamiento, el Congreso de la República avaló la madrugada de este miércoles 5 de agosto una normativa que busca dejar atrás, en los próximos años, puertos saturados, ineficientes y vulnerables; una ley que podría posicionar a Guatemala en otro nivel.
Con la Ley del Sistema Portuario Nacional se dará paso a la creación de la nueva Autoridad Portuaria Nacional, la cual tendrá la rectoría técnica, seguridad y visión de largo plazo.
Guatemala movió una de las piezas más importantes de su economía. La Ley llevaba años que esperando turno y cada día se convertía en algo más urgente ante el crecimiento del comercio exterior y los cuellos de botella que encarecen todo lo que el país compra y exporta.
Empresarios, directivos de cámaras empresariales y analistas económicos han insistido en que Guatemala debe reducir costos logísticos y mejorar infraestructura para aprovechar oportunidades comerciales.
La aprobación llega después de semanas de negociaciones entre jefes de bloques y con el acuerdo de 36 enmiendas. La ley tiene 150 artículos y lo más relevante es la conformación del nuevo Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional.
¿QUÉ CAMBIA? UN DIRECTORIO TÉCNICO Y CON RECTORÍA DEL ESTADO
Durante años los puertos Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal han operado con reglas dispersas, poca coordinación y sin una autoridad central que planifique.
Eso se traduce en barcos en fondeo por varios días u horas, contenedores varados, costos más altos y riesgos de seguridad.
La nueva ley crea una Autoridad Portuaria Nacional con un Directorio integrado por varios ministerios, representantes de los usuarios del sistema y un representante del Organismo Ejecutivo nombrado por el presidente.
Durante una conversación con La Hora, en mayo pasado, Leonel Molina, director general de la Autoridad Designada de la Comisión Portuaria Nacional, dijo que una aprobación de este tipo no es un ajuste burocrático más, sino una oportunidad única para transformar de raíz la gestión de la infraestructura costera del país.
Hasta 2024, el país operaba sin una autoridad portuaria con funciones concentradas. El Decreto 26-2024 creó la Autoridad Designada y le asignó 7 de las 10 funciones que, según Molina, corresponden a una autoridad portuaria moderna: protección, formación, estadísticas, promoción, coordinación interinstitucional y representación internacional.
Con lo sucedido anoche, la presidencia del Directorio estará a cargo del delegado presidencial, mientras que la integración de otros actores busca combinar la rectoría del Estado con la participación de los usuarios del sistema portuario.
Previo a la aprobación, los diputados señalaron que las reformas buscan establecer un equilibrio entre lo público y lo privado, además de dotar a la nueva autoridad de un enfoque técnico para la gestión de los puertos.
RESPALDO INTERNACIONAL: UNA «OPORTUNIDAD QUE ES ÚNICA»
La importancia de la ley traspasa las fronteras. El lunes pasado, la embajada de Estados Unidos calificó la aprobación como clave para el futuro del país: «Los puertos son fundamentales para impulsar el comercio, atraer inversión extranjera y ampliar las oportunidades económicas.
Los líderes guatemaltecos tienen una ‘oportunidad única’ para mejorar el futuro del país mediante el avance de una ley de puertos que promueva la eficiencia, fortalezca la seguridad y amplíe la capacidad para responder a la creciente demanda».
Para la representación diplomática, esta normativa es «un paso decisivo para aumentar la competitividad de Guatemala, profundizar el comercio con Estados Unidos y generar prosperidad en la región».
El mensaje es directo: con puertos eficientes llega más inversión, con más inversión bajan los precios y con precios más bajos gana la familia guatemalteca.
Vacío legal y fricciones políticas amenazan con aislar logísticamente a los puertos de Guatemala
LAS DEBILIDADES QUE HOY NOS CUESTAN CARO
La ley no se aprobó por gusto. Se aprobó por necesidad. Hoy el sistema portuario guatemalteco tiene 3 problemas que paga el consumidor:
- Ineficiencia logística: La falta de planificación centralizada genera demoras. Un día extra de un barco en puerto se traslada directo al precio de la comida, la ropa y los insumos.
- Infraestructura rezagada: No hay capacidad para responder a la creciente demanda. Mientras otros países de la región modernizan grúas, patios y sistemas digitales, Guatemala sigue operando con modelos de hace 20 años.
- Vacíos de seguridad y gobernanza: Sin una autoridad única, es difícil coordinar aduanas, seguridad, inversión privada y control. El poder sindical se ha salido de control y también es un obstáculo.
El sector productivo lo ha manifestado en varias ocasiones: sin puertos modernos, Guatemala pierde competitividad frente a México, Honduras y El Salvador.
Estados Unidos: La Ley de Puertos es un paso decisivo para aumentar la competitividad de Guatemala
¿QUÉ VIENE AHORA?
Aprobar la ley es solo el inicio. Ahora el reto es implementarla bien.
El Directorio deberá contratar equipo técnico, definir reglamentos, planificar inversión en infraestructura y coordinar con el sector privado.
El objetivo es que Guatemala deje de tener puertos que atrasan el comercio y pase a tener puertos que lo aceleran.
Con este paso dado por el Legislativo se abre una etapa donde el Estado asume su papel de planificador, regulador y garante de seguridad en los puertos.
