El Congreso de la República aprobó durante la sesión ordinaria realizada este martes 4 de agosto el Decreto que contiene la Ley General del Sistema Portuario Nacional, una normativa que permaneció estancada durante varios meses por falta de consensos y que finalmente avanzó luego de una serie de enmiendas acordadas entre diputados.
Con esta legislación, el país busca modernizar el funcionamiento de los puertos, fortalecer la seguridad en estas instalaciones y establecer un nuevo marco legal para impulsar inversiones, mejorar la logística y aumentar la competitividad del comercio exterior, uno de los principales retos que distintos sectores económicos han señalado durante los últimos años.
La aprobación de la iniciativa también responde a una demanda recurrente de los sectores productivos, que han advertido sobre la necesidad de actualizar el sistema portuario para reducir los tiempos de operación, facilitar el movimiento de mercancías y responder a los estándares internacionales de comercio.
La aprobación se logró durante una jornada de más de 12 horas, 123 votos a favor de los diputados aprobaron la Ley del Sistema Portuario Nacional cerca de las 3:00 horas del miércoles 5 de agosto, la cual integró las iniciativas de ley 6527 y 6541, está última fue presentada por el gobierno de Bernardo Arévalo. Esta iniciativa se convierte en el Decreto 20-2026.
Ley del Sistema Portuario redefine quién dirigirá los puertos, tras acuerdo entre bancadas
QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY
La legislación crea un nuevo marco jurídico para regular el Sistema Portuario Nacional y coordinar el funcionamiento de las instituciones relacionadas con la actividad portuaria, con el propósito de establecer una planificación integral para el desarrollo de los puertos del país.
Entre sus principales objetivos figura fortalecer la coordinación institucional, elevar los estándares de seguridad y protección en las terminales marítimas y generar condiciones para ampliar y modernizar la infraestructura portuaria.
Asimismo, la normativa busca que las operaciones sean más eficientes para disminuir los tiempos de espera de embarcaciones y mercancías, uno de los factores que actualmente incrementa los costos logísticos y afecta la competitividad de Guatemala frente a otros países de la región.
De acuerdo con el Congreso, Guatemala ha operado durante décadas sin una legislación integral que ordene el sistema portuario, situación que ha dificultado tanto la planificación de nuevas inversiones como la coordinación entre las entidades responsables de la administración de los puertos.
UNA REFORMA QUE EL EJECUTIVO CONSIDERABA PRIORITARIA
La propuesta fue impulsada por el Organismo Ejecutivo mediante la iniciativa 6541 como una de las reformas económicas prioritarias de este año.
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo en reiteradas ocasiones que la legislación permitiría fortalecer la seguridad portuaria, atraer inversión y convertir a los puertos en una plataforma para dinamizar el crecimiento económico y el comercio exterior del país.
El respaldo a la iniciativa también fue expresado por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que calificó la aprobación de la ley como «un paso decisivo» para aumentar la competitividad nacional. La representación diplomática consideró que un sistema portuario más eficiente contribuirá a agilizar el comercio, mejorar la logística y generar condiciones más favorables para la inversión.
Precisamente, durante el debate legislativo varios diputados hicieron referencia al respaldo expresado por Estados Unidos, señalando que la modernización del sistema portuario representa una oportunidad para fortalecer la relación comercial con ese país y mejorar la posición de Guatemala como destino para nuevas inversiones.
MESES DE NEGOCIACIÓN ANTES DE LLEGAR AL PLENO
Aunque la iniciativa recibió dictamen favorable desde febrero y superó su tercer debate en abril, permaneció sin avances durante varios meses debido a diferencias políticas y a la necesidad de consensuar decenas de enmiendas propuestas por distintas bancadas.
Fue hasta las últimas semanas cuando la Comisión de Economía y Comercio Exterior informó que existían acuerdos sobre la mayoría de modificaciones, permitiendo que el proyecto regresara a la agenda legislativa para su discusión definitiva por artículos y redacción final.
Durante el debate, el diputado Elmer Palencia, de la bancada Valor, manifestó el respaldo de su bloque a la iniciativa y destacó que las enmiendas fueron resultado del trabajo conjunto entre las comisiones legislativas que conocieron el proyecto. El congresista afirmó que la normativa representa un cambio «trascendental» para el sistema portuario y sostuvo que su aprobación tendrá efectos positivos en la economía nacional, por lo que anunció el voto favorable de su bancada.
No obstante, algunos artículos también generaron diferencias entre los diputados. El legislador Orlando Blanco, de VOS, expresó su rechazo a que un representante del sector privado integre el directorio de la futura Autoridad Portuaria Nacional, al considerar que una entidad pública no debe reservar espacios de decisión para actores privados.
«Un privado no tiene que tener una silla en una entidad pública. ¿Acaso un funcionario público tiene una silla en un directorio privado? Cada mico en su columpio», manifestó durante su intervención. Asimismo, indicó que su bancada no respaldaría el artículo relacionado con esa integración por considerar que no es una práctica sana para la institucionalidad pública.
EL RETO AHORA SERÁ SU IMPLEMENTACIÓN
Con la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, Guatemala contará por primera vez con un marco legal integral para organizar el funcionamiento del sistema portuario y establecer una política de desarrollo para este sector.
Sin embargo, el desafío ahora será trasladar la normativa a resultados concretos. Tanto el Ejecutivo como distintos sectores económicos han coincidido en que la aprobación de la ley representa únicamente el primer paso y que la modernización de los puertos dependerá de la capacidad del Estado para ejecutar las nuevas disposiciones, impulsar proyectos de infraestructura y mejorar la eficiencia operativa de las terminales marítimas.
