Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

post author

La manipulación del derecho para acomodarlo al gusto de quienes tienen el control de todas las instituciones es en verdad absoluta y se realiza con la mayor desfachatez, sabiendo que no hay nada ni nadie que pueda ponerlos en su lugar. El caso más reciente es una resolución de la Corte de Constitucionalidad ante un amparo que fue interpuesto contra la reinstalación de Blanca Stalling en la Corte Suprema de Justicia, luego de que la misma CC ordenó cerrar el caso en su contra, permitiendo que, ya sin peluca ni pistola, pudiera volver a ser Magistrada.

Y digo que no tiene límite porque el argumento de la Corte de Constitucionalidad en este caso fue que el mismo se rechazaba porque quien lo interpuso “carece de legitimación” para actuar porque él no está sufriendo ningún menoscabo de sus derechos por el regreso de Stalling a la Corte Suprema de justicia. Ello no obstante que, meses atrás, los mismos integrantes de la CC dieron aceleradamente trámite a un Amparo presentado por alguien totalmente ajeno al proceso de postulación de Fiscal General, con la finalidad de que Consuelo Porras fuera, a puro tubo, incluida en la lista que se enviaría a Giammattei.

Ni siquiera se cuidan de guardar las formas porque la verdad es que les importa un pepino quedar en evidencia como turbios manipuladores de la ley para usarla a su conveniencia y para garantizar que todo se centre en el tema de la impunidad. Y lo mismo pasa en todas las instancias, porque el descaro se ha vuelto tan absoluto que a nadie importa quedar en evidencia.

Ayer mismo, para detener y entrampar el proceso que se sigue contra José Rubén Zamora, Ricardo Méndez Ruiz no asistió a la audiencia programada, mandando a decir que tenía posibles síntomas de COVID y el juez, sin exigir que se le mostrara el resultado positivo de una prueba, simplemente pospuso por varios días la diligencia. Pero hoy temprano el “enfermo” se presentó, como si nada, en la audiencia programada para continuar con el proceso de Virginia Laparra, quien fuera jefa de la FECI en Quetzaltenango.

Ciertamente eso de guardar las apariencias termina muchas veces siendo un acto de hipocresía que se usa para no pintarse de cuerpo entero, pero la manera en que ahora se actúa es ya indignante porque les importa poco lo que vea la gente y el proceder se vuelve cínico e insolente. Lo único que importa es lograr los objetivos que se fijaron en materia de utilizar la ley de manera perversa para que sirva a los fines plenamente determinados por esa amalgama que se ha hecho entre quienes se propusieron acabar de una vez por todas con cualquier vestigio de lucha contra la corrupción.

El caso de la CC es en verdad grave porque evidencia, sin lugar a duda alguna, ese doble rasero que se emplea para juzgar situaciones iguales de manera distinta, según sea el interés o conveniencia de proteger a alguno de los aliados. Pero lo peor de todo es que se ha llegado a esa situación de desfachatez que ya no causa ni asombro ni escandaliza a nadie porque, por lo visto, la sociedad se terminó resignando.

Artículo anterior¿Crisis de la democracia o crisis de los partidos?
Artículo siguienteLa salud del Presidente