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Por ALMUDENA CALATRAVA,
BUENOS AIRES

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo a periodistas que la delegación que viajará hoy para reunirse con Daniel Pollack, designado por el juez de Nueva York Thomas Griesa en las negociaciones con los fondos litigantes, está integrada por el secretario de Finanzas, Pablo López, el secretario Legal y Administrativo de la cartera de Hacienda, Federico Thea, y la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.

La delegación argentina continuará un dialogo que establezca condiciones de negociación «justas, equitativas, legales y sustentables para el 100 por ciento de los bonistas» de la deuda, dijo Capitanich.

Asimismo negó que un posible default que se concretaría el 30 de julio pueda impactar en la economía y afirmó que «la disponibilidad de divisas está asegurada» por el «superávit de la balanza comercial» y por los proyectos de inversión que se firmaron con China recientemente.

El gobierno argentino ha pedido reiteradamente a Griesa que suspenda un fallo que obliga al país a pagar los 1.500 millones de dólares a los bonistas litigantes, los cuales rechazaron ingresar en los canjes de deuda efectuados por Argentina en 2005 y 2010 que implicaban grandes quitas sobre el valor nominal de los títulos, y que fueron aceptados por el 92,4% de los acreedores.

Argentina sostiene que la suspensión del fallo le permitiría cancelar obligaciones por unos 530 millones de dólares con los bonistas de los canjes y cuyo pago fue congelado por el juez neoyorquino el 30 de junio al considerar que no era viable si el país no paga al mismo tiempo y al contado a los litigantes lo que les adeuda.

El gobierno asegura que le es imposible cumplir con el pago a los llamados «fondos buitre» debido a que mantiene obligaciones legales con los tenedores que aceptaron los canjes, contenidas en una cláusula que implica que Argentina no puede ofrecer de manera voluntaria a los litigantes mejores condiciones de pago que las que ofreció a los bonistas con títulos reestructurados. La cláusula vence el próximo 31 de diciembre.

Griesa se ha negado a conceder a Argentina lo que esta solicitó y ordenó que ambas partes sostengan negociaciones a contrarreloj con miras a alcanzar un acuerdo. El gobierno argentino declinó reunirse cara a cara con los llamados «fondos buitre» y en su lugar mantiene conversaciones permanentes con el mediador.

Si el juez no suspende el fallo o da alguna señal positiva autorizando que se haga efectivo el pago de los bonos reestructurados sin que cobren los litigantes, Argentina se encaminaría al default porque las negociaciones no tienen visos de avanzar, señalan algunos analistas.

Sería la segunda vez en los últimos trece años que Argentina declara un cese de pagos, después del de diciembre de 2001, cuando la economía colapsó. Economistas han señalado que en esta ocasión los efectos serían menos graves ya que el país no sufre la grave recesión de entonces.

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