Los fondos para subsidiar el diésel prevendrán de los recursos destinados para financiar la adquisición de vacunas. Foto: La Hora
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Los fondos para subsidiar el galón de diésel en los próximos dos meses, así como la ampliación del apoyo social a la tarifa eléctrica, provendrán de los recursos destinados para financiar la adquisición de vacunas contra el COVID-19 y el Bono Familia. Esta modificación fue justificada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), en que los saldos de caja utilizados en las primeras asistencias sociales ya se agotaron.

En las iniciativas de ley 6123 y 6124 que contienen la ampliación al subsidio para el diésel y la tarifa eléctrica, respectivamente, se detalla que el Minfin está facultado para reorientar los fondos de la Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el COVID-19 y la Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por pandemia (Bono Familia).

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Para el caso del apoyo social temporal al diésel, se pretende ampliar el Presupuesto General de la Nación 2022 por Q200 millones, mientras que para la tarifa de electricidad se busca modificar el Presupuesto por Q227.5 millones.

MÁS AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

De aprobarse estas disposiciones, el Presupuesto General de este año se ampliará por Q427.5 millones, monto que se sumaría a los Q6 mil 103.8 millones ya avalados a la fecha, según el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin).

El presupuesto vigente, que posiblemente sea el mismo para el próximo año según el titular del Minfin, Álvaro González Ricci, es de Q112,333.3 millones. A dicho monto se llegó luego de las ampliaciones, porque el original aprobado en noviembre de 2021 para este año fue de Q106,229.4 millones.

GASOLINAS QUEDAN FUERA DEL APOYO SOCIAL

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel informó que la iniciativa para continuar con el apoyo social temporal a los consumidores de diésel, por un monto de Q5 por galón, se presentó el lunes 1 de agosto al Congreso para que se conozca antes de que venza el beneficio el próximo jueves 4 de agosto.

Asegura que se priorizó el diésel y no las gasolinas porque el primero se utiliza tanto en el transporte de personas como de mercancías, por lo cual “ayuda” a que no se incremente el transporte de pasajeros y los productos de la canasta básica.

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También dio a conocer que solicitan Q400 millones, monto “que estimamos suficiente para cubrir hasta finalizar en septiembre del presente año”. Sin embargo, en la iniciativa se lee que el monto solicitado es por Q200 millones y la asignación máxima para atender dicho subsidio no debe exceder los Q400 millones.

Además, Pimentel indicó que también se presentó al Legislativo la iniciativa de ley para ampliar el subsidio que otorga el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a través de la tarifa social de energía eléctrica, con la diferencia de incluir a los usuarios que consumen entre 101 y 125 kWh.

El encargado de la cartera aseguró que se solicitaron Q127.5 millones para ampliar este beneficio hasta diciembre, pero en el documento oficial el monto requerido fue por Q227.5 millones.

ICEFI: GOBIERNO EVIDENCIA MAL MANEJO DE RECURSOS

Para Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con estas ampliaciones el gobierno del presidente Alejandro Giammattei deja en evidencia un mal manejo de los recursos públicos, pues desde el inicio ese Instituto advirtió que el diseño técnico de los subsidios estaba mal focalizado, excluyendo al sector que más lo necesitaba.

“Desde el Icefi rechazamos enérgicamente que se esté echando mano de los recursos del gasto social prioritario, como lo son los fondos para programas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”, recalcó.

Para Barrientos es “casi un crimen” que en medio de una ola de contagios de COVID-19 en el país, se busque financiar un subsidio a los combustibles “plagado de anomalías” fiscales.

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CON MIRAS AL AÑO ELECTORAL

Según el analista del Icefi es “alarmante” el hecho de que el Minfin asegure que los saldos de caja ya se agotaron y que posiblemente el presupuesto vigente del 2022 sea el mismo para el año electoral 2023.

“Es un claro indicador que estas ampliaciones presupuestarias se están viendo como un botín para malversar con fines políticos-partidarios. Causa muchísima preocupación la corrupción galopante y tan agresiva, como los abusos que se están produciendo en el Ministerio de Comunicaciones, Codedes (Consejos Departamentales de Desarrollo) y el MEM, que son los principales receptores de esta cantidad extraordinaria de recursos”.

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También sostiene que el Gobierno hizo “alarde” de que los saldos de caja fueron abultados por el resultado de una excelente recaudación tributaria en el 2021, pero en realidad son recursos que provienen de deuda pública contratada en el 2021, pero que no se utilizaron hasta este año.

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