La convocatoria para integrar la Comisión de Postulación que evaluará a los aspirantes para la Fiscalía General de la República se produce en un momento histórico que marcará a las distintas universidades del país cuyos decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas tendrán que participar en la postuladora porque lo que está en juego es realmente el futuro de nuestro sistema de justicia toda vez que todo lo relativo a la investigación criminal y la acción penal, que competen al Ministerio Público, estará marcado por el sello que imponga quien sea designado por Giammattei para el cargo y ya vimos cómo Consuelo Porras le pudo dar cara vuelta a todo lo que se había avanzado con el acompañamiento internacional para garantizar un efectivo trabajo persiguiendo a los delincuentes, sobre todo los llamados de cuello blanco que son responsables de la cooptación del Estado que ha dado como resultado la ya absoluta consolidación de una Dictadura de la Corrupción.
Los decanos tendrán mayoría en la postuladora y por eso vale decir que en manos de ellos estará la decisión crucial. Los otros integrantes representan a la ya espuria Corte Suprema de Justicia que ha prolongado funciones con la complicidad de los diputados y al Colegio de Abogados, en donde las elecciones se han convertido en una vergonzosa compra venta de votos que permite a los del pacto de impunidad mantener el control.
Todos sabemos que hay universidades que han sido constituidas no sólo como negocio, lo cual es lícito, sino como instrumentos de poder para participar precisamente en los procesos de postulación de diferentes funcionarios que deben pasar por ese trámite para optar a los cargos, pero en este momento pueden estar seguros que los ojos de la ciudadanía estarán sobre ellos porque se sabe que en última instancia dependerá de su comportamiento el futuro de nuestra justicia. Porque si seguimos con un Ministerio Público complaciente ante el crimen y que, peor aún, lo apapacha y alienta, obviamente no tenemos esperanza de romper el círculo vicioso que cada cuatro años nos hunde más en una corrupción que evidentemente no toca fondo.
La ciudadanía no puede ver con indiferencia ese proceso de postulación porque Guatemala se estará jugando el todo por el todo en ello y cada una de las universidades del país deberá quedar marcada de acuerdo al comportamiento que en la comisión muestren sus decanos, quienes tendrán que expresar su postura respecto a cada uno de los que presenten su papelería para optar al cargo.
Por supuesto que una de las candidaturas más seguras será la de la actual Fiscal General porque no por gusto se ha jugado como lo ha hecho para servir a cabalidad su compromiso de garantizar impunidad no sólo a quien la nombró, sino a quien la puede reelegir. Y deben tener seguro los comisionados que los ojos de los guatemaltecos estarán sobre ellos, pero también lo estarán los ojos de una comunidad internacional que muestra preocupación por la forma en que se ha retrocedido en el esfuerzo que inició en el año 2015 para combatir la corrupción generadora de tanta pobreza y desinterés del Estado por los asuntos relacionados con el bien común.
