Samuel Flores
La vergonzosa captura del rector de la Universidad de San Carlos, Usac, Murphy Olimpo Paiz Recinos; del ex rector de esa institución, Estuardo Gálvez; del ex presidente del CANG, Luis Fernando Ruiz, vinculados a los procesos anómalos de candidatos de esas entidades para la elección de magistrados a la CC, periodo 2021-2026, muestra su activa participación en el denominado “Pacto de Corruptos”.
Los procesos amañados con el aval del CANG y del Consejo Superior Universitario, CSU, junto a la elección y designación del abogado Mynor Moto como representante del CANG a desempeñar el cargo de magistrado de la CC, es una clara muestra del descaro y burla que les provoca la institucionalidad del país.
Además, el presidente del Congreso Allan Rodríguez, del partido VAMOS, con el contubernio del diputado unionista Álvaro Arzú, y 82 diputados de diferentes bancadas se empeñan en juramentar a funcionarios de dudosa “honorabilidad”, y con orden de captura sindicados de integrar comisiones paralelas que aspiran a ocupar cargos de magistrados en la CC.
El silencioso aval de la Presidencia y de varios funcionarios, todos del partido VAMOS, muestran el interés por manipular los procesos de elección a magistrados de la CC.
Lo único rescatable en esta podrida realidad es el trabajo que realiza la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, a cargo del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien a riesgo de su vida trabaja contra la corrupción y la impunidad, una meritoria labor.
También hay que destacar oposición de algunas magistradas de la CC, quienes en forma legal impidieron la toma de posesión del juez Mynor Moto (prófugo). Pese al ataque que el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, afronta desde el gobierno de Jimmy Morales, FDN, y del actual, ha desafiado los ataques de funcionarios, empresarios y diputados corruptos.
Es necesario el apoyo de la Comunidad Internacional, del pueblo de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden; la ONU, países como Canadá, y varios de Europa a la FECI, la CC y la PDH a fin de que puedan desempeñar su función que es impedir que integrantes del Pacto de Corruptos enquistados en el CANG, CSU, el Congreso y la presidencia terminen de debilitar las escasas instituciones que no han sido corrompidas.
Somos 18 millones de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos, y adultos mayores, los que clamamos por una Guatemala libre de corrupción e impunidad. Esas prácticas oscuras y nada transparentes son producto de acciones corruptas de los presidentes que nos han gobernado desde 1986, hasta hoy.
Los ciudadanos debemos expresar nuestras demandas con el acompañamiento de la comunidad internacional, esperando que la Presidencia, Mingob y la PNC no vuelvan a reprimir el movimiento popular que concluyó con las agresiones en contra de los periodistas Sony Figueroa y Carlos Sebastián durante el 2020.
