Walter Juárez Estrada
La Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público, debe profundizar en la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias de los y los responsables de la falsificación de pruebas de Covid-19, que supuestamente fueron alteradas en Guatemala y las que se les suministro la dosis podrían morir. El caso se considera “un crimen atroz de lesa humanidad”. El vicepresidente Guillermo Castillo ha exhortado al presidente Alejandro Giammattei que destituya a los funcionarios que podrían tener participación en la falsificación de los medicamentos.
El fiscal Stuardo Campos ha sido cuidadoso hasta ahora de no revelar los nombres de los que puedan ser directamente responsables de la falsificación. El personal de Salud es investigado y determinar la adulteración de ser verdad, deducirles las responsabilidades que regula la ley. Ronaldo Estrada Rivera vice ministro de Deportes y a la sazón gerente administrativo en Salud, quien fue el que firmó la compra de las vacunas por un monto de más de 7 millones de quetzales, aseguró que podría “haber un error humano” y que él está exento de la falsificación que se considera un burdo fraude.
El gobierno debe declarar lesiva la compra y deducir las responsabilidades penales y civiles a la compañía que vendió la dosis, que fue enviada a los hospitales de Huehuetenango, Zacapa y Chimaltenango. Hasta ahora se desconoce si se suministró la dosis a los infectados de esas regiones, por las graves consecuencias que pudieran tener al suministrarles una vacuna adulterada.
La fabricante de las pruebas de Coronavirus aseguro que no tiene ninguna responsabilidad en la falsificación. Las pruebas se compraron a Kron Científica de Industrias S, A. Salud aseguró que comprobó que el producto no “cumplía” con la oferta de calidad. Es decir, existen dudas razonables y si efectivamente fue como dice la ministra Amelia Flores, que el producto estaba adulterado, no debió autorizar su envió, pues si es así la denuncia que hizo en el M.P. se podría revertir en su contra. Se espera que, en la investigación del Fiscal Campos, indague a los directores y médicos de los hospitales a donde se envió la dosis, para deducir las responsabilidades que dice la ley. Giammattei ordenó a la Fiscalía Contra la Corrupción del Ejecutivo, adherirse a las denuncias y aportar todas las pruebas para que sirvan de soporte para encausar a quienes la responsabilidad de ese atroz hecho.
El caso es grave, porque con la salud de un ser humano no se juega. Nadie puede ser “conejillo de Indias” para un experimento, porque está en peligro la vida de una persona. En los próximos días se cumple el año que en Guatemala, se descubrió el primer contagiado con el Coronavirus, un vecino de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala que murió y al extenderse el virus, dio un giro violento en todo el mundo donde han perdido la vida más de dos millones de personas y millones luchan para sobre vivir.
