Raul Molina Mejía

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Nació el 20/02/43. Decano de Ingeniería y Rector en funciones de USAC. Cofundador de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) en 1982. Candidato a alcalde de la capital en 1999. Profesor universitario en Nueva York y la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Directivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG).

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Raúl Molina

La Fiscal General juega triste papel al proveer impunidad a delincuentes y corruptos, como complicidad estatal, y perseguir a figuras sociales incómodas para el sistema, como represión. No sólo se ha resistido a hacer cumplir los dictámenes de la CC, particularmente para garantizar que el Congreso elija de inmediato a las Cortes, sino que socava la autoridad de la misma. Permite acciones irresponsables en contra de la FECI, a la cual debería darle su más decidido apoyo. Es evidente que la Sra. Porras actúa como un engranaje más de la maquinaria de la corrupción, que tiene secuestrado al Estado.

Ha caído en dos aberraciones judiciales, tratando de quedar bien con el CACIF y la derecha política extrema. A ésta le obedece en su afán de silenciar a la prensa, al elaborar una causa de sedición contra la periodista Anastasia Mejía. Al sector privado, particularmente a la Cámara del Agro, le obedece para reprimir al campesinado de Izabal. En el caso de Anastasia, se le capturó cuando cubría para la radio actos de descontento de la población en Joyabaj, Quiché, el pasado 24 de agosto, que llevaron al ataque al edificio municipal. Pese a que en su cobertura radial instó a la población a abstenerse de actos violentos, la PNC y el MP armaron la aberración judicial de que Anastasia incitaba a la violencia. Abrir el ilegal caso, con testimonios y testigos falsos, es trastocar la justicia. Entidades que nacional e internacionalmente defienden la libertad de prensa se pronuncian por la inmediata libertad de Anastasia, a lo cual me sumo con firmeza.

La segunda aberración jurídica se deriva del hecho violento en Semuy II, el Estor, en septiembre de 2019, en el que murieron tres soldados y fue encontrado muerto en su vivienda Agustín Chub Chub. La reacción de Jimmy Morales, al decretar de inmediato estado de sitio en una amplia zona del nororiente, demuestra que quiso encubrir, desde el primer momento, las operaciones que el ejército ya realizaba antes de cualquier estado de excepción. Fue acusado César Montes de haber liderado el ataque contra la tropa, cuando se ha comprobado que él no se encontraba en el lugar. Sobre las acciones del ejército, el MP ha guardado silencio -¿Qué hacía? ¿Contra quién actuaba? ¿Qué ocurrió en la zona posteriormente?- pero sí se apresuró a armar otra aberración jurídica, que luego utilizó para que las fuerzas militares de México capturaran a César Montes en territorio mexicano y se realizara una “extradición express” para traerlo a Guatemala. Se cumplió así uno de los “grandes objetivos de Giammattei”, que prometió antes de tomar posesión. El costo político será muy alto -ya circula una carta firmada por personas en el extranjero y Guatemala, que exige la libertad para César Montes. Su persecución es una violación del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y ha dejado mal parado al Presidente de México, que es criticado desde su propio partido. Me sumo a la exigencia de poner en libertad inmediata a César Montes e insto a la formación de una comisión independiente para investigar hechos violentos en las zonas rurales, particularmente contra comunidades campesinas de Izabal y otras.

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