Fernando Mollinedo C.
Puede decirse que en Guatemala las mayores maldiciones con que se vive a diario son dos: 1) la corrupción, y 2) la impunidad. La segunda consolida a la primera porque por más escandalosa que sea la corrupción, ésta, tiene garantizada prácticamente de forma sempiterna la total impunidad.
Ambas, son el resultado de la complicidad que en forma inveterada realizaron los Pactos de Corruptos de todos los gobiernos anteriores, entrelazando generacionalmente sus extensas redes de confabulación para defraudar y/o vivir a expensas del Estado.
Nuestro país sigue gobernado por los mismos grupos y mafias promovidos y sustentados por la oligarquía; prueba de ello es la proliferación de partidos políticos que en el Tribunal Supremo Electoral hacen “cola” para su registro e inscripción; porque desde ya, la oligarquía va previendo que mientras unos entran, otros se van, pero… todos fueron y son y serán sus lacayos.
Presumibles socios o prestanombres de empresas y sociedades fantasmas, así como ministros religiosos son utilizados por los verdaderos dueños del país para realizar sus jugosos negocios con el Estado. Éstos usan la religión como plataforma y portafolio que van desde el nacimiento hasta la muerte a través de hospitales, clínicas, colegios, ópticas y en algunos casos, hasta funerarias.
Es entendible, pero jamás justificable, que en la Real Politik el poder se ejerza, disfrute y se abuse de éste robando y dilapidando el erario nacional con familiares, amigos, amantes y, todos finalmente, cómplices en el desfalco del dinero nacional. Será que, ¿a los contratos sobrevalorados por 88 MILLONES DE QUETZALES en Caminos, la compra por 16 MILLONES DE QUETZALES en medicinas a empresarios convictos, licencias irregulares de tala de bosques, transportes, minería, hidrocarburos, compra millonaria de galletas y otro cúmulo de acciones ilegales más, se les puede denominar corrupción?
Otra maldición es la justicia: sin cortes, sin magistrados, sin certeza jurídica y sin confianza en sus operadores: Falta de mérito para 17 de los 29 sindicados por el caso del Libramiento de Chimaltenango; inocencia para los sindicados del robo por las canastas navideñas y desayuno para el Registro de la Propiedad. Pero ¿qué justicia se le puede demandar a los gobiernos, cuando la mayor parte de sus funcionarios integrantes forman parte de esta sarta de ladrones?
En otro orden de maldiciones; el IGSS desde 2016 ha pagado al doctor Portazo la suma de DIEZ MILLONES DE QUETZALES por atender pacientes referidos. ¿Cuántos pacientes que no se atrevieron a denunciarlo habrán recibido malos tratos y ofensas por parte de este médico? Según parece, sólo atiende a personas de piel blanca, de la High Life, a la cual podría ser que ha deseado pertenecer, pero él se ve como cualquier mestizo guatemalteco con piel morena oscura y cabello negro.
Hay muchas maldiciones; que podrían evitarse con funcionarios de a huevo que deseen ver a su sociedad vivir en paz, con gobiernos de gente normal y honrada que no roben, pues sí lucharon por gobernar debieron saber cómo resolver los problemas existentes.
