Jorge Santos
Durante los últimos 8 meses hemos sido testigos de una serie de acontecimientos, que en su conjunto conforman lo que podría ser considerado una política agresiva de regresión autoritaria y por ende autoritaria; desde el establecimiento de Estados de Excepción bajo la anacrónica narrativa de combate a la delincuencia, hasta la conformación de alianzas y articulaciones hacia los otros dos poderes del Estado para capturar y cooptar la institucionalidad y favorecer así los intereses de un pequeño grupo oligárquico, que al final de cuentas ordena y pareciera superior al Estado mismo.
Y es que estos los últimos 8 meses, son tan sólo la expresión más burda de lo que han sido los más recientes gobiernos, simples instrumentos de un poder extra estatal que controla la institucionalidad pública y que dirige el accionar de las mismas, hacia la garantía y defensa de sus mezquinos intereses. Bien lo retrata una publicación del medio digital Plaza Pública en que el sector empresarial organizado y representativo de los ocho grupos familiares corporativos del país, ocupan y tenían presencia en 52 instituciones del Estado guatemalteco. Si nos dedicáramos a realizar un inventario de las políticas públicas, legislación y otras acciones gubernamentales, podríamos encontrar sin lugar a dudas un amplio número de estas que son beneficio exclusivo de la oligarquía guatemalteca.
Esta configuración del Estado guatemalteco, el nivel de captura de su institucionalidad y los amplios mecanismos de impunidad y corrupción que se han agenciado, está íntimamente relacionado con los graves problemas que atraviesa la mayor cantidad de población en el país. Ayer por la tarde, la Convergencia por los Derechos Humanos desarrolló un foro virtual denominado “Guatemala: ¿independencia de la monarquía, esclavitud de la oligarquía? en el cual las tres panelistas y el panelista coincidieron en que el mayor problema del país lo constituye la oligarquía guatemalteca, en tanto que ha instaurado un modelo de Estado a su imagen y semejanza que no permite la instauración del bien común y la garantía plena de los derechos humanos.
También las tres panelistas y el panelista coincidieron en la impostergable tarea de destruir el régimen oligárquico y de paso, a las formas y mecanismos instaurados para producir violencia, exclusión, concentración, racismo y discriminación. No sirve de nada el cambio de Gobierno cada cuatro años, si los mecanismos que legitiman el régimen siguen intactos, sosteniendo así la vieja forma del Estado guatemalteco.
Esta propuesta deberá se encabezada por una amplia articulación que permita y de cabida a la larga experiencia de lucha y resistencia de los Pueblos en el país, a que construya correlación de fuerzas a partir del fortalecimiento del poder popular, que acoja las múltiples reivindicaciones de los Pueblos, así como la de los movimientos sociales. Implicará construir un modelo económico distinto que garantice la vida y que articule la política económica con la social y que ponga como el objetivo estratégico de protección, al ser humano. Para ello un primer paso necesario es perder el miedo, demandar, organizarse y luchar.
