Marco Trejo
Las entidades del Estado han abusado en sus funciones con el hecho de no permitir, al ciudadano, el parqueo en las instalaciones públicas, lo cual constituye una prepotencia de parte de algunos funcionarios públicos que administran un ente estatal, porque se deben a los ciudadanos y en este caso perjudican el bolsillo a los que visitan en busca de un trámite en una entidad gubernamental.
Los encargados de la seguridad de las instituciones estatales son los que han tomado la decisión unilateralmente de beneficiar, a los empleados del Estado, con el otorgamiento de los parqueos, muchas veces por compadrazgo, los cuales deberían estar a la disposición de la ciudadanía que visita el edificio público para hacer sus diligencias.
Pero desafortunadamente en Guatemala los burócratas se han convertido en los dueños de las instituciones donde trabajan y se han olvidado de que son servidores públicos, quienes reciben un salario de los impuestos que tributan los guatemaltecos.
La Oficina de Servicio Civil (ONSEC), considera un servidor público a la persona individual que ocupe un puesto en la Administración Pública mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios a la ciudadanía que requiere de su servicio, en este caso del parqueo que necesita para recibir la atención del ente estatal.
Pero cuando uno llega a las instituciones del Estado se encuentra que los parqueos son utilizados para uso del personal, cuando estos reciben, un salario mensualmente, proveniente de los impuestos y no dejan espacios para que sean utilizados por los ciudadanos, quienes son los que deben ser atendidos, por ser los que pagan impuestos para el funcionamiento del Ejecutivo y sus dependencias.
Los usuarios son enviados a pagar parqueos públicos que cobran tarifas sin control, lo cual va en detrimento del guatemalteco, que a su vez mantiene los puestos de los burócratas que, en muchos casos, dan un pésimo trato a los visitantes que deberían de ser tratados de una mejor manera, porque al final son las personas que mantienen a los servidores públicos.
Este tipo de proceder debe cambiar y se debe fomentar entre los empleados del Estado una política de servicio, muchos de estos trabajadores son colocados en el Estado, por deudas políticas y únicamente llegan a tocar lo que no les pertenece y en muchas ocasiones buscan apoyar a los partidos políticos, en tiempo de campaña proselitista, para tener una plaza que no les corresponde porque no llenan los requisitos que manda la Ley de Servicio Civil.
Se conocen casos en donde los trabajadores del Estado se convierten en los dueños de los puestos y los Sindicatos se han aprovechado de su función, para dejar plasmado en los Pactos Colectivos, como herencia las plazas para sus familiares cercanos y sobre todo para recetarse bonos que no son viables financieramente y únicamente son otorgados, por la presión que ejercen contra los Ministros y Viceministros de Estado, quienes para permanecer en la guayaba firman cualquier solicitud de los burócratas sindicalizados que solamente sirven como parásitos en las instituciones públicas.
Es importante que el presidente de la República, Alejandro Giammattei haga un análisis jurídico para ver que Pactos Colectivos van en detrimento de las instituciones y poder declarar, esos ofrecimientos políticos, como lesivos para el Estado, ya que el Ministerio de Finanzas se ha las ha visto a palitos para cumplir con los desembolsos de más de Q6 mil millones que dejo el ex presidente constitucional, Jimmy Morales que servirán para cumplir con Pactos Colectivos, seguros y alimentación escolar.
Para cumplir con este monto este Gobierno tendrá que recurrir a préstamos con entidades bancarias internacionales, que nos pasarán la factura con los intereses que tendrán que pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
