David C. Martínez Amador
El Bono Familia es un proyecto interesantísimo que, servirá para el futuro como un case study en el plano de las políticas públicas. Apunto algunas razones técnicas que lo hacen relevante e inédito. Y que muestra que cuando las cosas se hacen bien, el Estado hace la diferencia.
Hay que dejar en claro que el Bono Familia nace con el Decreto 13-2020 del Congreso de la República con la intención de reactivar la economía con un monto de hasta 6 mil millones de quetzales, pero que no necesariamente significa un enfoque de protección social a los más vulnerables. Este mismo Decreto responsabiliza al Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- como el encargado de ejecutar el fondo, estableciendo como condición universal de inclusión el consumo de energía eléctrica durante febrero del presente año (200 kWh), así como los criterios de exclusión del mismo. Esto es importante porque dicho criterio político puede eventualmente no cubrir a todas las personas en condición de vulnerabilidad; no obstante, al margen de esa condición, que es de carácter político, hay que resaltar las bondades de la implementación de este Fondo.
Primero. Hacer mención que los 6 mil millones que el ejecutará el MIDES en un máximo de 5 meses es el presupuesto que ha ejecutado en los últimos 5 años con sus programas regulares.
Segundo, un aspecto que refiere al elemento tecnológico y al campo del gobierno digital. El desarrollo de la plataforma tecnológica impide el clientelismo y representa una garantía de transparencia en el proceso de registro porque no permite intervención humana que pueda de alguna manera politizar el instrumento. Además, su desarrollo representó un ahorro (costo cero) para la institucionalidad pública. Con este formato, el clientelismo es imposible ya que, previo a que se habilitaran los mecanismos de registro personal y masivo de las y los candidatos al Bono Familia, se coordinó para trabajar en tiempo real con el RENAP, así como para contar con las bases de datos de las distribuidoras de energía eléctrica y las bases de datos para conformar el padrón de beneficiarios y filtrar a los excluidos por el mismo Decreto 13-2020.
Como resultado, el modelo permite que el usuario se registre personalmente con su documento de identidad personal por diferentes formas, tanto digital como personalizada: Ojo, no hay intermediación política. El mecanismo de entrega son aportes bancarizados (que incluyen todos los bancos del sistema). No hay entrega física y eso evita politizar la ayuda. Pero implica también una coordinación con el sector privado (bancario en este caso y VisaNet Guatemala) para apoyar la implementación.
Esto vale la pena, reconocerlo en términos de la actual administración. Habrá que esperar a que se termine de entregar el Bono Familia para evaluar sus resultados, pero lo que desde ya se puede rescatar es un modelo donde convergen la voluntad y liderazgo político, la capacidad técnica del más alto nivel, el acompañamiento estratégico de la cooperación internacional para el desarrollo y las alianzas estratégicas público-privadas, no sólo para responder ante la emergencia, sino para dar un salto cualitativo en favor de la modernización de los programas sociales tradicionales.
