Walter Juárez Estrada
El Ministerio Público, ha actuado con desfachatez e indolencia contra los personeros del desaparecido Banco de Comercio y/o Urbanizadora de Comercio, conociendo la angustia y zozobra de 13 años de los inversionistas que exigen justicia pronta y cumplida, la extradición de los directivos bancarios, que viven en el extranjero, burlándose de las autoridades y de las víctimas con la complicidad de los sindicados que han presentado peticiones frívolas e improcedentes en los tribunales para entorpecer la investigación.
Más de 5 mil agraviados piden al Congreso, emita un punto resolutivo condenando al Estado de Guatemala y les reintegre su dinero, producto de muchos años de trabajo. La fiscal general Porras, traslado el caso a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, para agilizar las investigaciones; las encargadas del voluminoso proceso, son abogadas sin experiencia. Se requiere fiscales que conozcan a profundidad las actuaciones, con conocimiento en el ramo bancario.
Los querellantes adhesivos y agraviados en la ficticia quiebra, denuncian que la fiscal Porras, no ha cumplido con la ley. Les da importancia a casos mediáticos para hacerse propaganda y no actuar con apego a los hechos y reiterar la captura internacional contra el ex Súper Intendente de Bancos Willy Waldemar Zapata Sagastume, refugiado en México con un cargo internacional y eximió de “culpa” a la ex presidenta del Banco de Guatemala y la JM. María Antonieta del Cid de Bonilla, accionista de Ener Guate, cómplice de la quiebra. Piden los afectados se llame a declarar al ex presidente Berger, por haber patrocinado la fuga al extranjero de sus “amigos” directivos bancarios, Jorge Ibarra Rivera-Iglesias, Carlos Enrique Lownthal Arceyus, eximiéndose a Carlos Enrique Abularach Zablach, al haber fallecido. Se condenó a una pena irrisoria a Roberto Manuel Segovia Olivotto.
Funcionarios de la Súper Intendencia de Bancos, vinculados al proceso, gozan de libertad con medida sustitutiva. El proceso se estancó deliberadamente por la indolencia del MP al no accionar en los órganos jurisdiccionales, que no actúan de oficio. De esa cuenta, hay un marcado retraso e irresponsabilidad del Ministerio Público, que debe presentar las pruebas para que los tribunales aceleren las investigaciones y se reiteren las órdenes de aprehensión a nivel internacional. El caso se mantendrá relegado a un segundo plano, si la fiscal Porras, persiste que se fiscales sin mayor preparación, dirijan el voluminoso expediente, esperando que los agraviados se sigan muriendo o “pidiendo limosna” para subsistir, por la tolerancia de una entidad que, por imperio legal, debe actuar con mayor interés para proteger a víctimas que con todo derecho exigen que su dinero sea devuelto, producto de años de trabajo y no de políticos o narcos mafiosos.
Los afectados por la quiebra del Banco de Comercio y/o Urbanizadora de Comercio, demandan justicia y será responsabilidad del Ministerio Publico y de Porras, por el retraso en la sentencia habiendo pruebas tasadas y contundentes de las inversiones, quiebra que en su momento debió advertir de Súper Intendencia de Bancos, culpable directa de la frustrada quiebra.
