
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) realizan una sesión extraordinaria este 11 de septiembre debido a los bloqueos en distintas rutas como rechazo del incremento del precio de los combustibles.
De acuerdo con información conocida, durante la reunión de los togados del Tribunal Constitucional se conocerá la debida ejecutoria solicitada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), debido a que en ocasiones anteriores se otorgaron amparos para garantizar la libre locomoción.
Las cámaras empresariales han señalado el impacto económico que genera la interrupción de la circulación, tanto del transporte como de las personas.
A la vez, la Cámara de Comercio demandó al Organismo Ejecutivo actuar ante las manifestaciones y solicitó que se decrete un estado de Prevención.
“La comisión de delitos reiterados y la violación a la libre locomoción han llevado al país a una situación insostenible. El Estado debe controlar y restablecer el orden público. Guatemala no puede seguir a merced de delincuentes que de forma material e intelectual están provocando estos bloqueos”, enfatizó la Cámara de Comercio.
Dicha cámara empresarial “exige” al presidente de la República garantizar la libre locomoción, proteger las carreteras estratégicas, impedir las interrupciones de tránsito y hacer cumplir la ley.
📢 ¡BASTA DE BLOQUEOS! Exigimos al Ejecutivo decretar Estado de Prevención pic.twitter.com/rVYL54OUkK
— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) September 11, 2026
— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) September 10, 2026
PÉRDIDAS POR BLOQUEOS
También la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) solicitó a las autoridades del Ejecutivo actuar ante los bloqueos, los cuales, según señaló, han llegado a vulnerar los derechos de los ciudadanos.
De acuerdo con Agexport, las manifestaciones han interrumpido las cadenas de producción y distribución, poniendo en riesgo productos perecederos y el cumplimiento de compromisos comerciales. Este impacto representa un costo que asumen trabajadores, consumidores y empresas.
“Es urgente que se aplique la ley, se libere el paso y se asegure la continuidad de los corredores estratégicos. Guatemala no puede estar paralizada. Estas acciones están bloqueando el trabajo, el abastecimiento y las oportunidades del país”, puntualizó.
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