No queda claro cuál será la actitud de la Policía Nacional Civil (PNC) ante los bloqueos que afectan al país en protesta por el alza en los precios de los combustibles y el subsidio impulsado por el Ejecutivo, aprobado en el Congreso con el Decreto 21-2026.
Desde el pasado lunes 31 de agosto, inició una serie de protestas con marchas y bloqueos por parte de diversos sectores, especialmente de transportistas.
En los días siguientes, estas expresiones de descontento se han mantenido hoy y, desde la tarde del 10 de septiembre, los bloqueos se intensificaron con el accionar de los vecinos de la colonia La Bethania en la zona 7 capitalina, que aún mantienen obstaculizado el paso en el Anillo Periférico..
Asimismo, otro grupo de manifestantes tiene bloqueado el paso en la zona 18 capitalina, en la colonia San Rafael y en la ruta al Atlántico, kilómetro 13. En tanto, otro bloqueo se reporta en Ciudad Satélite, ruta Interamericana, kilómetro 19 en Mixco.
Durante el desarrollo de estos bloqueos, se observa la presencia de agentes de la PNC, y La Hora consultó a la institución policial y al Ministerio de Gobernación sobre cómo van a controlar la situación.
La dirección de Comunicación Social de la PNC respondió que la presencia de los agentes policiales es en calidad preventiva. Sin embargo, no detalló cuáles son las directrices que deben tomar ante los bloqueos.
La Hora también intentó comunicarse con el titular de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Hasta el momento, el funcionario no ha respondido.
En vivo: Bloqueos en Bethania y zona 18 se mantienen este 11 de septiembre
PRONUNCIAMIENTO OFICIAL DE LA PNC
La unidad de Comunicación de la PNC envió un comunicado de la entidad sin brindar más detalles de su proceder ante la situación que se vive en varios puntos de la ciudad.
En el texto, la PNC asegura que «respeta plenamente el derecho constitucional de la ciudadanía a la manifestación pacífica. Sin embargo, hace un llamado firme a la coherencia y a la empatía social».
La institución policial considera que «las medidas de hecho, como los bloqueos de vías públicas, no deben vulnerar ni atropellar los derechos fundamentales de la población guatemalteca».
En el comunicado, la PNC enlista sus recomendaciones y recordatorio de las leyes a considerar:
Protección a sectores vulnerables: «Ninguna causa social o petición de beneficio colectivo justifica poner en riesgo la vida y la salud de nuestros ciudadanos, especialmente de aquellos que padecen enfermedades crónicas o terminales, así como de personas que requieren atención médica urgente. La búsqueda de un bien común debe demostrarse con acciones consecuentes que respeten la integridad física y los derechos de los demás».
Prevención del delito y responsabilidad legal: «Que la ira o la exaltación del momento no lleven a cometer acciones ilícitas. Una manifestación no debe convertirse en una condena para tu futuro ni para tu familia: tu vida, tu tranquilidad y tu libertad valen más».
La PNC remarcó que la toma de propiedad privada, el saqueo o la destrucción de infraestructura pública o privada constituyen delitos graves tipificados en el Código Penal de Guatemala y destaca los siguientes artículos:
Usurpación y Usurpación Agravada (Artículos 256 y 257): La invasión o despojo de propiedad privada o inmuebles conlleva penas de 1 a 6 años de prisión.
Atentado contra la Seguridad de Servicios de Utilidad Pública (Artículo 294): La paralización o puesta en peligro de vías de comunicación, transporte o servicios públicos se sanciona con 1 a 5 años de prisión.
Daño Agravado (Artículo 279): La destrucción o deterioro de bienes públicos o de la propiedad privada ajena se castiga con 2 a 6 años de prisión.
Apelación al diálogo e intervención institucional: La PNC reitera su compromiso irrenunciable con la seguridad pública, la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos.
La entidad indica que solicitó el acompañamiento activo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para mediar en la facilitación e instalación de mesas de diálogo que permitan resolver los conflictos sin afectar la movilidad y la paz social.
Asimismo, exhorta «a los líderes y participantes de las manifestaciones a actuar con coherencia y a privilegiar las vías institucionales y pacíficas para la resolución de sus demandas, garantizando siempre el libre tránsito de ambulancias, suministros médicos, ciudadanos en situación de vulnerabilidad y el respeto absoluto a la propiedad pública y privada».
