La gestión de la Fiscal General ha sido seriamente cuestionada desde su inicio por lo obvio de los compromisos que adquirió para ser nombrada para dirigir el Ministerio Público. En los últimos días sorprendió con su decisión de presentar la solicitud de Amparo contra el Congreso para detener la elección de magistrados, obviamente amañada por las maniobras de Gustavo Alejos que no sólo interfirió en las Comisiones de Postulación y con los aspirantes a magistrados, sino en la conformación de una aplanadora de diputados, suficientes para enviar a las Cortes a los apalabrados para sepultar la justicia y mantener la impunidad.

Ese Amparo se produjo luego de la investigación que hizo la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, a cargo de Juan Francisco Sandoval, quien aportó tantas y tan abrumadoras pruebas que puso en clara evidencia el amaño que comprometía la justicia y servía en bandeja a tribunales dispuestos a proteger a todos los delincuentes que aceptaran los términos de una mafia inescrupulosa. La posibilidad de que el narcotráfico se beneficiara con ello era enorme y encendió la alarma no sólo en Guatemala sino en poderosos países y es en ese preciso contexto que se produce la solicitud de Amparo.

Pero el sambenito de que es la pieza de Jimmy Morales para asegurarle impunidad, sobre todo en el caso de su almuerzo de gallina con loroco en la finca de Mario Estrada, es algo que mantiene molesta a la Fiscal porque la única forma de desmontar la fundada creencia popular de que está cumpliendo su compromiso sería avanzar seriamente en las investigaciones sobre la mucha corrupción que hubo en el gobierno que la nombró.

Para agarrar de papos a los ciudadanos encontró un caso que le sirve de Relaciones Públicas, y ayer presentaron, en conferencia de prensa convocando a todos los medios, “el caso contra la esposa de Jimmy Morales”, con el que pretende demostrar que no lo está protegiendo. El caso es una pantomima porque la esposa de Morales, cuando todavía eran pelados, fue contratada en el Ministerio de Salud Pública, en el departamento de Informática, con sueldo de Q4 mil 500 mensuales, salario que devenga un digitador que no tiene que saber ni jota de informática y el mismo fiscal dijo que no se trata de una plaza fantasma.

Trabajó diez meses y devengó 45 mil quetzales en todo ese tiempo y por ese “escándalo” el Ministerio Público llama a la prensa para informar del caso. Obviamente relaciones públicas engañosas para hacer ver que si investiga a la familia de Morales. Los viejos dirían, Tortas y Pan Pintado.

Redacción La Hora

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