Dr. Julio Roberto Bermejo González

jrbermejo@bermejolaw.com

post author

Julio Roberto Bermejo González
Doctor en Derecho
Catedrático universitario
Graduado por la Escuela Diplomática de España

Con mucha efectividad operó en Guatemala la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero fuerzas retrógradas muy importantes que se vieron afectadas por su actuar hicieron grandes esfuerzos por polarizar a la sociedad. En esto juega un papel decisivo el sector privado empresarial agrupado en el CACIF. También jugó un papel importante el propio presidente de la República Jimmy Morales. La CICIG se fue de Guatemala y solo nos quedó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, a cargo del valiente fiscal Juan Francisco Sandoval. Después que se fue la CICIG el impulso que le corresponde al Ministerio Público ha descendido y el combate a la corrupción se ha menguado, pero el país sigue convulsionado por una corrupción galopante y el contrabando, y el tráfico de drogas sigue floreciendo. El gobierno ha hecho algunas acciones, pero estas no son suficientes y esto ha sido claramente expuesto por numerosos analistas. Un recorrido por algunos municipios del oriente del país, nos permite concluir que muchas de las actividades que en ellos se desarrollan están controlados por nuevos ricos que hacen gala de armas y guardaespaldas, lo que permite pensar que están vinculados al tráfico de drogas y al contrabando. Todo lo expuesto es un grave problema, pero hasta el momento no se percibe un esfuerzo serio para combatirlo. Guatemala requiere otra CICIG que con mucha garra continúe identificando los canales del contrabando, del tráfico de drogas y la corrupción en las contrataciones del Estado. Una entidad como la CICIG es urgente en Guatemala independiente del Ejecutivo y ello para que haya colmillo y pueda identificarse y perseguirse con eficiencia la corrupción en ámbitos que estén más allá del espacio que puede cubrir el Ejecutivo o pueda actuar en espacios en los que se mire negligencia o poco deseo de acción por parte del Ejecutivo.

Al asumir el gobierno de Alejandro Giammattei se emitió el 20 de enero de 2020 el Acuerdo Gubernativo No. 28-2020, mediante el cual se creó la «Comisión Presidencial Contra la Corrupción», como dependencia del Ejecutivo. Este Acuerdo Gubernativo fue reformado por el Acuerdo Gubernativo 321-2020 de fecha 6 de febrero 2020. Derivado de la reforma contenida en este último Acuerdo Gubernativo el Director Ejecutivo de la Comisión no podrá nombrar por sí mismo al personal de la misma y tampoco manejará su presupuesto, funciones que fueron trasladados a la Secretaría General de la Presidencia. Las atribuciones básicas de la Comisión serán: 1) Promover la adopción de la Política Pública contra la Corrupción; 2) Establecer los mecanismos de detección de actos de corrupción; y 3) recomendar los cambios a procedimientos, leyes y reglamentos para corregir las causas que dan origen a la corrupción de manera que se adopten las medidas preventivas. Si la comisión funciona con eficiencia podrá lograr que se corrijan algunos procedimientos que facilitan la corrupción en la administración pública, pero hay que comprender que la administración pública es complicada y que dentro de ella están y estarán operando muchas personas interesadas en ocultar mecanismos de funcionamiento en las distintas dependencias, con lo cual la investigación que haga la Comisión se debilitará. No debe olvidarse que los corruptos no solo se ubican en los niveles bajos y medios de la administración, sino se encuentran en los niveles altos: Ministros y otros funcionarios que integran la Comisión mencionados en el artículo 3 del Acuerdo de creación de la Comisión. El tema es complicado y es por ello que creemos que una Comisión que dependa del Ejecutivo y se integre como se integró, podría no tener éxito y el país seguiría teniendo altos niveles de corrupción e impunidad, ya que estaría en manos de la Comisión la calificación de que en un caso concreto haya mérito para considerar que hay delito y trasladar el caso al Ministerio Público, dependencia que en muchos aspectos ha sido debilitada. Quisiera equivocarme, pero pareciera que la realidad será ésta.

Artículo anteriorEl tour de disculpas tardías del candidato Bloomberg
Artículo siguientePolítica vs. Justicia