En 2017, el entonces juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, clausuró provisionalmente el proceso a cuatro implicados en el caso La Línea, al no encontrar indicios suficientes para enviarlos a juicio por el delito de asociación ilícita.
En ese momento, el juzgador ordenó al Ministerio Público (MP) que solicitara informes a las empresas de telefonía para establecer si existió comunicación entre los implicados que pudiera demostrar que hubo coordinación, tal como sostenía la acusación de la fiscalía, entre los que se encuentra el exsuperintendente de administración tributaria, Carlos Muñoz.
Sin embargo, el proceso de impugnación por esta clausura tardó más de cinco años en resolverse entre decisiones de Salas de Apelación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que hizo que hasta 2023 la decisión quedara firme.
Con luz verde para continuar con el proceso, el MP solicitó el despliegue de llamadas que en 2017 ordenó Gálvez y que correspondían a llamadas posiblemente realizadas entre 2013 y 2014. Sin embargo, la respuesta de las empresas fue que, por el tiempo que ha transcurrido desde entonces, esos registros ya no existen, por lo que no se puede establecer si los implicados se comunicaron entre sí para cometer algún tipo de hecho ilícito.
Según explicó en su resolución el actual juez, Eduardo Orozco, si bien es cierto que la investigación contiene otros indicios contra los cuatro sindicados, estos ya fueron analizados en 2017 por Gálvez, cuando este determinó que no eran suficientes para enviarlos a juicio. Por lo tanto, en este caso se ordenó el cierre del caso a favor de los cuatro señalados y, por ende, el cierre del caso a su favor.
En el caso de Muñoz, este sí enfrentó juicio, pero únicamente por el delito de asociación ilícita, del cual en 2018 el Tribunal de Mayor Riesgo B lo absolvió al no encontrar suficientes pruebas en su contra.
