Por: Adrián Zapata
Nuevamente está en la palestra la confrontación de la justicia versus la política. Esta contradicción pervierte a ambas y desgasta la democracia. Lamentablemente, esa lucha fue la característica fundamental de la pasada campaña electoral, al punto que no se discutían las plataformas programáticas, ni los contenidos ideológicos de las propuestas que competían, sino que la decisión judicial sobre la legalidad de las candidaturas en contienda. El litigio sustituyó a la persuasión. No se hizo política, se litigó.
Hoy, nuevamente, se politiza la justicia y se judicializa la política, en una pelea que hace cada vez más difícil la sobrevivencia de ambas.
Los poderes fácticos de naturaleza criminal que no pudieron ser desarticulados por la acción de la CICIG y que se envalentonaron ante la victoria que obtuvieron al lograr sacarla del país, ahora insisten en controlar las Cortes. Alcanzar este propósito es fundamental para garantizar la continuidad de su existencia y de sus intereses criminales.
Las Comisiones de Postulación que en su origen parecieron ser las opciones más adecuadas para garantizar la independencia del Organismo Judicial se han viciado, aunque justo es reconocer que en ellas hay quienes actúan con honestidad y consecuencia con los criterios que motivaron su creación. La acertada acción del Ministerio Público ha puesto de relieve tal situación. La conducta de este ente estatal es meritoria y podría constituir el inicio de un proceso para recuperar su disminuida legitimidad.
Ahora la política, además de haberse judicializado porque en esa arena se han ido resolviendo los problemas que le son propios, también se ha criminalizado, lo cual podría argumentarse que justifica su judicialización. Pero realmente no parece posible que dicha judicialización logre descriminalizarla, ya que, aunque el MP fuera exitoso en sus pretensiones, la repetición de los procesos no permite, por si misma, rescatar la necesidad de construir un Organismo Judicial independiente.
Por incoherente que parezca, la solución de toda esta situación sigue estando en la política. Es insoslayable la necesidad de la reforma constitucional que permita construir una carrera judicial que gradualmente vaya construyendo la idoneidad e independencia de los jueces y magistrados. Sin carrera judicial no habrá práctica jurisdiccional independiente.
Despolitizar y descriminalizar la justicia sólo será posible si se logra fortalecer la política, sin ella no hay democracia posible. Ese es el rumbo estratégico, más allá de las victorias tácticas o coyunturales que puedan alcanzarse judicializando la política.
Y como la política también es, de manera muy relevante, la participación de la ciudadanía en la lucha por mantener la naturaleza republicana de nuestro Estado y el contenido democrático del régimen que deseamos, este es un momento trascendental para la movilización cívica que enfrente a los criminales de la política, pero también que presione por las reformas institucionales, fundamentalmente constitucionales, ya referidas. Sin ellas, la justicia continuará al servicio de ellos. El camino no es insistir, reiteradamente, en resolver los problemas políticos judicializándolos.
