Al fin la titular del Ministerio Público entendió que su papel no es el de la defensa acérrima de las decisiones del Pacto de Corruptos y decidió presentar un amparo contra la elección de los magistrados como consecuencia de la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que involucró las andanzas de Gustavo Alejos, quien en esta oportunidad se convirtió en el principal operador de la trama para amañar las Cortes, que viene ya de muy lejos, tomando en cuenta su capacidad para controlar a las postuladoras pero, lo más importante, al nuevo Congreso de la República, en donde mostró su poder al ser el factor esencial para armar la aplanadora que incluyó no sólo al partido oficial, sino que quebró la UNE y privilegió a la UCN de un Mario Estrada condenado en EUA por sus vínculos con el narcotráfico.
En el Congreso la noticia no fue bien recibida y lo demostraron desde el Presidente que trató de restar importancia al amparo, hasta ignorantes que cuestionaron la capacidad legal del Ministerio Público para “meterse en el tema de la elección de las Cortes que le compete al Congreso”. Ignorantes, decimos, que ni siquiera saben que por mandato constitucional no existe ámbito que no sea susceptible de amparo, norma esencial de nuestro ordenamiento legal que, por lo visto, hay diputados que ni siquiera eso entienden, no digamos otros aspectos de nuestro ordenamiento jurídico.
Pero la Fiscal Consuelo Porras fue más lejos al explicar en un comunicado que no se trata únicamente de detener la elección a realizarse dentro de los listados que fueron entregados al Congreso sino de revisar todo el procedimiento por las evidencias abrumadoras de que hay vicios de fondo que no se pueden subsanar simplemente pidiendo a los mismos comisionados que elaboren nuevas listas. Alejos se atuvo a que sin la presencia de la CICIG podía operar impunemente y sin temor a que nadie investigara sus actuaciones, pero la FECI le desbarató el plan y dejó en evidencia no sólo a Alejos, sino a todo el sistema deliberadamente podrido y la obvia intención de elegir autoridades judiciales comprometidas con el sistema de impunidad para acabar de una vez por todas con los casos que fueron iniciados en el marco de la lucha contra la corrupción.
Imaginamos que la sorpresa ha sido enorme, pero, sobre todo, para aquellos empresarios asustados que pidieron a los diputados que apresuraran la elección tras el destape del caso Alejos. Ahora sí que deben estar preocupados los signatarios del vergonzoso comunicado.
