Poco después de que ayer dijéramos que la Fiscal General estaba actuando como cómplice del pacto de los corruptos y a favor de la dictadura de la corrupción, la doctora Consuelo Porras emitió un comunicado anunciando que el Ministerio Público actuaría en resguardo del Estado de Derecho y que procedería a forzar el cumplimiento de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, decisión que consideramos histórica porque puso fin a un larguísimo período de vigilancia inoperante que sirvió de aliento al perverso pacto para violentar la legalidad en el país.
En efecto, la pasividad que había mostrado el Ministerio Público alentó las acciones de abierto desafío a la legalidad adoptadas por el gobierno, llegando al colmo de impedir el ingreso de un investigador de la CICIG a pesar de la claridad de lo resuelto por la CC, violando flagrantemente la Constitución que da facultades a la Corte de Constitucionalidad para resolver en materia de amparos que buscan resguardar el imperio de la ley para evitar perjuicios a los ciudadanos. El mismo sábado, cuando ocurrieron los hechos, un comunicado del Ministerio Público se expresaba en sentido correcto, pero los hechos no acompañaron a las palabras hasta muchas horas después, cuando se ordenó el despliegue de los Fiscales para que procedieran a asegurar el cumplimiento de las resoluciones legalmente dictadas.
Ayer advertíamos que había llegado el momento de la cita con la historia de la Fiscal General Consuelo Porras y que todo indicaba que había cedido al poder del pacto que dirige quien la nombró para el cargo. Afortunadamente rectificó y se comportó como la mujer de Derecho que siempre ha dicho que es y con hechos y actos confirmó que su lealtad no es hacia el gobernante que la designó sino que su lealtad y compromiso es con la Constitución de la República y la legalidad del país.
Tanto así que ha pasado ahora a ser blanco de la crítica y el enojo de quienes pretender consagrar el manotazo constitucional y anoche mismo fue acremente criticada su función durante la crisis por el Ministro de Gobernación quien sin conocer de leyes se atrevió a calificar la actuación del Ministerio Público.
Hasta ahora la pita se rompió por lo más delgado, con la captura de los empleados menores de migración que actuaron acatando la orden de no dejar entrar a nadie del listado que envió la autoridad superior. Falta que en honor a la justicia se proceda en contra de los responsables de esa orden ilegal y de flagrante violación a lo resuelto por la CC.
